El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) ordenó seis meses de prisión preventiva para una de las personas imputadas, identificada con el apellido Arboleda y de nacionalidad colombiana.
A las ocho personas restantes se les impuso impedimento de salida del país y la obligación de firmar periódicamente durante un plazo de seis meses.
El Ministerio Público apeló la resolución del juzgado, la cual se gestiona bajo el expediente número 23-000191-0042-PE.
Las autoridades indicaron que el grupo, presuntamente, utilizaba una subasta ganadera en Pijije de Bagaces como fachada para legitimar capitales de origen ilícito. Según las investigaciones, la red movilizaba miles de millones de colones por medio de esta actividad y a través de al menos 20 sociedades jurídicas.
“Han tenido bienes como propiedades, vehículos de altísima gama como Maseratis, que cuestan unos ¢200 millones, tal vez. Estamos hablando de una organización con una capacidad importantísima de mover capitales“, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ, el día de los operativos.
Uno de los principales sospechosos es un ciudadano guatemalteco de apellidos Melgar Sandoval, quien en el pasado cumplió una condena por intentar evadir los controles del aeropuerto Juan Santamaría con óvulos de droga dentro de su organismo.
En 2024, la Policía Judicial vinculó a Melgar con dos hermanos costarricenses de apellido Álvarez, quienes figuran como dueños de diversos negocios. También se investigó a otros sospechosos de apellidos Oses (44 años), Mora (34), Campos (38), Fernández (50), Ibarra y una mujer de apellido Mora (35).
El martes, el OIJ detuvo a todas estas personas como sospechosas de estar vinculadas a la red criminal, con excepción de Melgar,quien permanece en fuga.
Como parte de las pesquisas, se decomisaron casi ¢22,2 millones en efectivo, $211.824, 2,5 kilos de cocaína, 1.074 kilos de marihuana, cuatro armas de fuego, ocho computadoras, ocho dispositivos electrónicos, 19 celulares, un grabador, 132 piezas de joyas y 55 cabezas de ganado.
Dos días después, el 19 de junio, Zúñiga indicó que parte de los bienes decomisados serían devueltos a los investigados porque “el Estado costarricense no tiene capacidad para darles mantenimiento”.
El OIJ realizó, el pasado martes, 20 allanamientos para detener a los sospechosos del Caso Venus, acusados de lavar ¢3.000 millones con reses. (OIJ/OIJ)
