El fiscal general Carlo Díaz explicó que las pesquisas en el Caso Leviatán permitieron identificar tres modalidades utilizadas para contaminar contenedores con droga y burlar los controles en la terminal de contenedores de Moín (TCM), administrada por la empresa APM Terminals.
La primera consistía en ocultar la cocaína dentro del sistema de refrigeración de los contenedores, una técnica que, por las dimensiones del compartimento, permitía introducir hasta unos 60 kilogramos de droga.
Cuando las cargas superaban ese peso, la organización recurría a una segunda modalidad conocida como “mete y saca”.
Así explicó Díaz ese mecanismo: “Los contenedores prácticamente eran sustraídos una vez que ingresaban legalmente a la terminal portuaria y mediante la autorización de un funcionario de APM Terminals se bajaba de la ubicación que se le había destinado y se cargaba en un nuevo cabezal que lo sacaba del predio portuario.
“Lo llevaba a un lugar que no hemos podido determinar y allí se contaminaba con droga y nuevamente ese contenedor ingresaba burlando todos los controles y nuevamente era colocado con la autorización del funcionario de APM Terminals en la ubicación original que se le había dado, pero ya el contenedor había sido contaminado", explicó el jerarca del Ministerio Público durante una conferencia de prensa, la tarde de este martes, en la Corte Suprema de Justicia, en San José.
Díaz aclaró que las empresas desconocían esas actividades delictivas.
La tercera modalidad detectada fue la contaminación durante el trayecto hacia el puerto de APM Terminals. En este esquema, el conductor del cabezal se detenía antes de llegar para que otro vehículo trasladara el contenedor a un lugar donde era cargado con droga. Mientras tanto, el cabezal original permanecía inmóvil con el GPS para no despertar sospechas. Una vez contaminado, el contenedor era devuelto al vehículo inicial y continuaba su recorrido hacia la terminal.
El fiscal afirmó que estas prácticas permitieron a la organización burlar los controles portuarios y facilitar el envío de cocaína hacia mercados internacionales, principalmente en Europa, con la presunta colaboración de funcionarios vinculados a la terminal portuaria, personal de seguridad privada y oficiales de la Policía de Fronteras.
Según lo informado por el fiscal general:
- Se realizaron 65 allanamientos en conjunto entre la Policía de Control de Drogas y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección del Ministerio Público.
Además, el fiscal detalló que entre los investigados figuran:
- 10 oficiales de la Policía de Fronteras.
- 13 oficiales de seguridad privada que laboraban en APM Terminals.
- 12 choferes de cabezales.
- 10 funcionarios de APM Terminals y de cooperativas que brindan servicios en la terminal portuaria.
- El objetivo era detener a 63 personas, al momento de la conferencia, más de 50 personas ya habían sido detenidas.
¿Cómo comenzó la investigación?
El fiscal general explicó que la investigación nació a partir de un patrón detectado en decomisos de cocaína en Europa y que permitió identificar una presunta red especializada en la logística del narcotráfico, más que en el tráfico de drogas como tal.
La pesquisa inició en el 2023, luego de que autoridades detectaran tres cargamentos de cocaína decomisados en distintos países de Europa que habían salido de Costa Rica.
Los investigadores encontraron que esos tres envíos compartían características idénticas. Estas coincidencias hicieron pensar que detrás de los envíos operaba una misma organización criminal, por lo que la Fiscalía de Crimen Organizado ordenó a la Policía de Control de Drogas (PCD) iniciar una investigación.
La pesquisa determinó que la red estaba vinculada con el envío de cocaína hacia España, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Noruega, además de algunos cargamentos dirigidos a Estados Unidos. Paralelamente, el Ministerio Público abrió una causa penal por legitimación de capitales (lavado de dinero) para rastrear el dinero obtenido mediante estas actividades ilícitas.
¿Cuál era el negocio de la organización?
Según Díaz, la estructura no era propietaria de la droga ni actuaba como narcotraficante directo.
Su función consistía en ofrecer un servicio de logística criminal: cualquier narcotraficante que quisiera exportar cocaína podía contratarla para garantizar que el cargamento llegara hasta los barcos sin ser detectado.
En otras palabras, la organización vendía el acceso a una red de personas que facilitaban la contaminación de contenedores y eludían los controles en el puerto.
El fiscal aseguró que la organización cobraba al menos $250.000 por cada envío de droga. Ese dinero luego era distribuido entre las personas que participaban en la operación criminal. El principal centro de operaciones, según la investigación, era el puerto de APM Terminals, en Moín, Limón.
¿Cómo operaba?
De acuerdo con la Fiscalía, la organización había infiltrado personas en distintos niveles del proceso portuario, entre ellos:
- Funcionarios de APM Terminals;
- Personal de seguridad privada de la terminal;
- Oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública;
- Miembros de cooperativas que brindan servicios dentro del puerto.
Gracias a esa estructura, podían mover contenedores, omitir controles y facilitar la salida de la droga hacia el extranjero.