La Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el apoyo de otras fuerzas policiales, efectuó este miércoles 23 allanamientos en los sectores de Golfito, Ciudad Neily y Los Chiles, como parte de una operación binacional dirigida a desmantelar una red de tráfico ilícito de migrantes.
Según las investigaciones, las personas que contrataban los servicios de esta organización criminal debían pagar entre $7.000 y $40.000, equivalentes a casi ¢4 y ¢20 millones, monto que variaba según la nacionalidad y la ruta empleada.
Operativo contra tráfico de personas
Una vez en territorio costarricense, los integrantes de la red los mantenían ocultos y bajo resguardo mientras organizaban su salida hacia otros destinos.
Durante la investigación, las autoridades identificaron al menos 437 personas que ingresaron al país de forma irregular por medio de esta estructura criminal. Entre ellas había menores de edad y adultos mayores, lo que agrava el delito debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
Los líderes del grupo son costarricenses y fueron identificados como Blanco Mora, Murillo Li, Espinoza Sandoval (alias Cachillo), Espinoza Cambronero (alias Cacho), Cerda Duarte y Guerrero Miranda.
Algunos migrantes, mientras permanecían en el país, realizaban trabajos informales como taxistas, choferes de autobús o en transporte no autorizado, según indicaron las autoridades.
El operativo, denominado Matsu, fue coordinado por la Policía de Migración de Costa Rica y cuerpos policiales de Panamá. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada lideraron las acciones.
En el idioma japonés, la palabra matsu es un verbo que significa “esperar”.
Según detalló la DGME, la organización criminal se dedicaba a trasladar personas, principalmente de nacionalidad china, aunque también movilizaban ciudadanos vietnamitas, venezolanos, ecuatorianos y peruanos.
Los migrantes eran transportados desde China o desde países suramericanos hacia Costa Rica, mediante rutas terrestres, marítimas y aéreas.
Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que ahora debe definir su situación jurídica. Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a más implicados y detectar posibles redes vinculadas en la región.
