El proceso previo para determinar si la causa por el caso Aldesa finalmente llega a juicio sufrió un nuevo tropiezo esta semana, cuando varios abogados querellantes y de la defensa de los imputados alegaron que será materialmente imposible cumplir con el horario vespertino impuesto.
Las audiencias preliminares de este caso, por posible estafa, se programaron del 3 de agosto al 30 de noviembre del 2026, en jornada vespertina, es decir, de 5 p. m. a 11 p. m.
Sin embargo, según explicó el abogado Francisco Campos, el Poder Judicial no suspendió o reprogramó otros juicios previstos en horario diurno. Eso significa, como en su caso, que podría tener debate en Tribunales de Alajuela hasta las 4 p. m. y solo tendría una hora para llegar al Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, donde se discute Aldesa. Es materialmente imposible, manifestó.
Este lunes, cuando estaba previsto el arranque de las audiencias, varios de los litigantes plantearon recursos de aclaración, revocatoria y apelación a la resolución del juzgado que resolvió el horario vespertino.
El martes, la jueza a cargo, cuyo nombre no trascendió, rechazó las revocatorias y otorgó seis días hábiles para presentar nuevas apelaciones y otros seis días más por si algunos defensores se adhieren a dichas apelaciones.
Entre los argumentos, se alegan asuntos de salud y largas jornadas de trabajo, de hasta 14 horas. Por ello, se sugiere que el proceso se siga en horario alterno (diurno y vespertino para evitar choques de agenda), o mixto, con sesiones físicas y otras virtuales, o incluso que las audiencias se suspendan cuando los litigantes tengan juicios diurnos fuera de la Gran Área Metropolitana.
Sin embargo, como se trata de una causa de tramitación compleja, y los plazos se duplican, será hasta finales de agosto, posiblemente, cuando se sepa si las audiencias preliminares cambian de horario.
Un largo y lento proceso
El caso Aldesa se abrió en el 2019, cuando clientes de la firma bursátil denunciaron impagos tras invertir en proyectos inmobiliarios por $200 millones. Posteriormente, el 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la empresa por no poder pagar sus deudas con más de 600 inversionistas. En la causa, figuran 26 personas físicas y jurídicas en calidad de ofendidas.
Después de la investigación realizada, se determinó que hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido una posible estafa contra inversionistas, según el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, esta es una causa de tramitación compleja, con un legajo principal de 5.323 páginas, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 páginas más.
En la actualidad, hay 26 personas ofendidas, entre personas físicas y jurídicas.
Las indagatorias a los 23 imputados empezaron en noviembre del 2023 y es hasta ahora que se realiza la audiencia para saber si el caso llega a juicio.