Edwin Vargas García, alias Sobrino, presunto cabecilla de un grupo dedicado a la distribución de droga al menudeo en Tibás, Goicoechea, Coronado, Curridabat y Montes de Oca, habría articulado una red de testaferros para sostener una flotilla vehicular de al menos 14 unidades entre autos y motos. Se presume que Vargas también habría financiado la compra de carros con altas tasas de interés.
Aunque alias Sobrino fue detenido en enero del 2025, tras una persecución policial en Curridabat, su nombre volvió a trascender esta semana por el caso Éxodo. En esa investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga, entre otras cosas, inversiones que la organización presuntamente comandada por este sujeto hizo por $859.000 en tres eventos artísticos durante 2024 y 2025.
Pese a que el presunto cabecilla no registra vehículos a su nombre en el Registro Nacional de la Propiedad, de acuerdo con las pesquisas y según detalla el legajo del caso Éxodo, varias personas cercanas a él se habrían encargado de resguardar los medios de transporte en los que se movilizaba. Además, mediante Snapchat, red social que supuestamente utilizaban para conversar y evitar intervenciones policiales, estas personas le mantenían al tanto de los gastos que debían hacer para el mantenimiento de carros y motocicletas, los cambios de propietarios registrales, documentos notariales y el pago de los marchamos.
La coordinación de la flotilla vehicular habría recaído en varias personas de su entorno, aunque uno de los principales encargados sería un sujeto de apellidos Portuguéz Mora, alias Furcio, quien aparece de manera reiterada en la contabilidad informal y en las comunicaciones económicas con alias Sobrino.
En distintos momentos, este sujeto le habría remitido al presunto líder listas detalladas de carros y motocicletas, con información sobre las características de los vehículos, sus placas y el nombre y número de identificación de las personas asociadas a cada uno. Así lo hizo, por ejemplo, el 1.° de mayo del 2024, cuando envió al presunto cabecilla información sobre 14 vehículos y motocicletas.
Entre los automotores que mencionan los registros figuran modelos como Hyundai Accent, Nissan Versa, Nissan Qashqai y Toyota Yaris, vehículos que no corresponden necesariamente a líneas de alta gama.
El 13 de enero del 2025, este sujeto habría enviado una versión actualizada de la misma lista, con información sobre los cambios de propietario registrados en los meses anteriores.
El Organismo de Investigación Judicial señala que esta dinámica de adquisición de vehículos evidencia el presunto uso de testaferros para inscribir bienes a nombre de personas vinculadas con la estructura criminal. Entre ellas figura un sujeto de apellidos Madriz Fernández, a quien las autoridades identifican como hermano de la pareja sentimental de alias Furcio.
Usaba vehículos ajenos
El expediente menciona varios casos en los que el presunto cabecilla abordó vehículos que no estaban registrados a su nombre.
Mediante vigilancias policiales, las autoridades lo ubicaron, por ejemplo, en un Toyota Corolla blanco que pertenecía a una mujer de apellido Quirós. Esta mujer y su hermana, en apariencia, se dedicaban a administrar negocios de venta de lotería y serían primas de una mujer de apellidos Corrales Fonseca, quien sería la pareja sentimental del supuesto líder de la organización criminal.
En apariencia, las hermanas Quirós figuraban como propietarias de nueve vehículos, entre ellos algunos que utilizaba Vargas García.
Sobre esta práctica, el expediente señala que contar con personas que figuren como propietarias de bienes muebles que pueden utilizarse para ocultar patrimonios ilícitos es un comportamiento típico de las organizaciones delictivas
El expediente también menciona a un sujeto de apellidos Solano Chaves, con antecedentes penales por robo agravado y maltrato, quien presuntamente habría actuado como testaferro. Además de ofrecerse para inscribir vehículos a su nombre ante el Registro Nacional de la Propiedad, trabajaba en un taller ubicado en Goicoechea, donde, en apariencia, se reunía el grupo criminal y se almacenaban los vehículos que utilizaban sus integrantes.
Las comunicaciones analizadas por las autoridades apuntan a que Solano Chaves conocía quién utilizaba algunos de esos automotores, las condiciones en que eran entregados y los riesgos que implicaba continuar figurando como propietario registral.
“Esto se evidencia con claridad en el audio del 22 de octubre de 2023, cuando Solano manifiesta a (presunto miembro): ´Para donde va con el carro, usted sabe que con usted todo bien, pero si lo mandan para una misión fea, el que se come la bronca soy yo, usted sabe, y pa no mentirle y pa hablarle al chile porque usted es mi amigo´“, le dijo.
Este sujeto también habría participado en la compra de un vehículo marca Suzuki, en el cual fue detenido el cabecilla, aunque no aparece registrado a su nombre.
Alias Sobrino también habría utilizado un Hyundai Accent que pertenecía a un sujeto de apellidos Oviedo Mora, quien supuestamente cedió el vehículo para que otros integrantes del grupo se desplazaran. Otros miembros del grupo delictivo también se presume que intercambiaban vehículos para movilizarse de un lugar a otro.
Hermana llevaba control financiero y de traspasos
Mientras otras personas se encargaban de informar a Sobrino sobre pagos pendientes de marchamos, reparaciones y la documentación de los vehículos, una hermana del presunto cabecilla, de apellidos Víquez García, habría llevado controles de financiamientos, cuotas e intereses.
Las conversaciones entre esta mujer y el supuesto líder llevan a las autoridades a plantear la hipótesis de que el sujeto no solo habría utilizado vehículos ajenos para desplazarse, sino que también habría financiado la compra de automotores y recibido pagos mensuales de sus propietarios, como parte de un esquema de préstamos y financiamiento.
En abril del 2024, por ejemplo, Sobrino le habría indicado a su hermana: “Por favor de hoy en adelante los screen de los abonos mensuales del carro los manden aquí que sea el día que le toca para que no haya desorden”, le escribió.
La mujer también se habría encargado de registrar en ese chat el nombre de cada propietario y los compromisos de pago. En uno de los casos que menciona el expediente, una mujer le cancelaba al presunto cabecilla una cuota mensual de ¢200.000 por un carro, de la cual ¢150.000 correspondían al capital y ¢50.000 a los intereses (25%).