A menos de 10 kilómetros del centro de San José, en Tejarcillos, la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes. Transitar con gorra puede costar la vida, y hacer cambio de luces al ingresar al barrio después de las 8 p. m. puede salvarla.
Son reglas impuestas por bandas criminales en disputa por territorio para la venta de drogas; señales silenciosas que pueden evitar un violento desenlace por una confusión con los “contras”.
Allí, afirma Virginia, vecina de la zona —cuya identidad se resguarda por protección—, el sonido de las balas es una constante. Los niños del barrio están ya familiarizados con el estruendo de un arma de fuego; señal de que llegó, de nuevo, el momento de lanzarse al suelo.
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Hatillo, Sagrada Familia, San Sebastián, Paso Ancho, Alajuelita, Desamparados, Tirrases y Lindavista son nombres que se repiten una y otra vez en los informes policiales. Allí, en esos barrios y asentamientos, se concentra una fuerte rivalidad entre bandas, que se intensifica en ciertos puntos donde surgen incesantes focos de violencia.
En Alajuelita, solo 14 oficiales de la Policía Municipal resguardan a aproximadamente 98.000 habitantes. En Desamparados, el tercer cantón más poblado del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), apenas 21 oficiales del ayuntamiento protegen a sus 223.226 residentes.
Los recursos para la seguridad son limitados y algunas zonas de los cantones están completamente desatendidas; quedan a merced de los vecinos y lo que pueda hacer la Fuerza Pública.
Ante este panorama, asociaciones de desarrollo han florecido para resguardar sus barrios, impulsar espacios seguros para sus juventudes y así alejarlas de las calles. En las comunidades organizadas, donde los vecinos se convierten en los ojos y oídos de la policía, los grupos criminales no encuentran terreno fértil para echar sus raíces, al menos no fácilmente.
A pocos kilómetros de Tejarcillos, donde vivir se ha convertido en un martirio, visitamos la Asociación de Desarrollo Integral de la urbanización García Monge, una especie de oasis con poco más de 1.000 viviendas.
Jenny Castro preside la organización donde, desde 2007, trabaja a diario para cuidar la comunidad de situaciones crudas, como balaceras y homicidios, de los cuales, hasta ahora, se han librado. Ama lo que hace, pero su labor, lamenta, es desgastante y abrumadora. La comunidad enfrenta problemas con la venta y consumo de drogas, usualmente provocados por grupos externos que llegan con la intención de asentarse. Ella es quien debe mediar.
“El año antepasado llegaron a amenazarme mi casa, me tiraron piedras en la casa... Uno sigue viviendo”, dice, convencida de que a pesar de las adversidades, no detendrá sus labores.
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En la Asociación, dice Jenny, trabajan “con las uñas”. El año pasado, 54 personas se graduaron del programa de arte que imparte la organización, cuyas aulas tardaron diez años en planearse y construirse. La Municipalidad, dice Castro, no apoya sus iniciativas. Ofrecen clases de cómputo, talleres para mujeres y familias, encuentros vecinales y parques para disfrute sano de la juventud local.
Así, hasta ahora, han impedido que se complique el barrio.
En San Rafael Abajo, Desamparados, donde la presencia policial es limitada, la Asociación de Desarrollo Integral se esfuerza por mantener la seguridad y el bienestar del barrio. Jaqueline Salazar lidera esta agrupación que, junto a otros residentes, trabaja para proteger los espacios públicos, como los parques, y evitar que caigan en manos de grupos delictivos.
Hace más de cinco años existía ahí una delegación de la Fuerza Pública, pero cerró sin ofrecer a los vecinos ninguna alternativa. Ahora están a la deriva.
Jaqueline afirma que desde inicios de 2024, la zona ha experimentado un aumento en los asaltos, cada vez más violentos, en los que incluso ha muerto gente, y cuyas víctimas han sido desde estudiantes de colegio hasta adultos mayores, aunque nadie está exento.
Cuando ocurren situaciones en el barrio, o los espacios públicos se utilizan para actividades delictivas, también debe mediar.
“Estamos expuestos”, dice Jaqueline. “El tema de la droga siempre ha existido, la violencia es lo que ha incrementado. Antes los veía uno consumiendo en la esquina; ahora uno los ve consumiendo armados”.
Pese que allegados le han insistido que deje la asociación, por temor a represalias, ella se mantiene firme en su lucha.
“En el momento en que nosotros permitimos que nos gobiernen (los delincuentes), vamos a tener que vivir metidos dentro de la casa, a puerta cerrada, y ellos afuera haciendo lo que quieran. Si no, mejor vámonos de aquí, y no sé para dónde”
— Jaqueline Salazar
David Hidalgo, jefe de la Policía Municipal de Desamparados, reconoce que la falta de recursos imposibilita atender todo el cantón, y las zonas más alejadas del centro están más desprotegidas. La Policía Municipal mantiene un horario de 12 horas en la totalidad del cantón; la mitad del día la población queda desprotegida y depende de lo que pueda hacer la Fuerza Pública.
De acuerdo con el oficial, esta situación provoca que la alianza con las comunidades sea clave para abarcar mayor territorio, esclarecer los principales focos de violencia y conocer de cerca las problemáticas que enfrentan cada una de las comunidades. Pese a ello, es crítico con la situación que atraviesan algunos sectores del territorio.
“El pronóstico (en los sitios donde ya penetraron las bandas) no es nada alentador”, lamenta.
Más complejo aún, asegura, es hacer frente a las peligrosas estructuras criminales que operan en la zona. Esta tarea, sostiene, debe ser asumida por el gobierno central.
“Son lugares que están tomado ya por la delincuencia y el crimen organizado, están a la libre y va a seguir aumentando”, admite Hidalgo.
Desde 2018, el presupuesto destinado a seguridad se ha mantenido estancado. Los regidores del cantón de Desamparados confirmaron a Revista Dominical que están en la búsqueda de alternativas de financiamiento para fortalecer el sistema de cámaras de vigilancia y contratar más oficiales para la policía. Sin embargo, estos proyectos aún se encuentran bajo análisis, a la espera de determinar su viabilidad legal.
Alajuelita, según explica su alcaldesa Rosario Siles, también ha adoptado la táctica comunitaria, acompañada de alianzas con el Ministerio de Seguridad Pública y con policías municipales de cantones vecinos para atender las necesidades del territorio. En mayo, está previsto el inicio de la construcción de una nueva delegación policial en San Felipe.
Aun así, Siles reconoce que los programas sociales no son suficientes. Para ella, es necesario reforzar los que ya existen y crear nuevos en un futuro cercano.
Mientras las autoridades buscan la fórmula ganadora para vencer y desarticular las organizaciones criminales, los vecinos y la organizaciones se mantienen firmes en proteger sus barrios. Pese al temor y las dificultades, se rehúsan a ceder su espacio a la delincuencia.