Un vecino de Santo Domingo de Heredia solicitó a la Sala Constitucional suspender “cualquier acto de alteración o demolición” del puente sobre el río Tures, ubicado en la ruta nacional 116, luego de que el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) rechazara declararlo patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.
El puente, uno de los más antiguos en Heredia, fue construido a finales del siglo XIX y se caracteriza por su estructura de arco y su sillería de piedra.
La gestión se presentó como adición a un recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cual ya había frenado las obras que estaban previstas para julio del 2025. La intervención contemplaba la demolición de la estructura centenaria y la construcción de un nuevo puente de dos carriles. El paso actual cuenta con un único carril regulado mediante una señal de ceda.
El vecino hizo una nueva solicitud con motivo de la decisión del MCJ de no declarar patrimonio, pese a que reconoció ocho valores históricos, culturales y arquitectónicos del puente.
Erick Hernández Bolaños, quien presentó el recurso, confirmó a La Nación que incorporó nueva prueba documental al expediente y pidió a la Sala Constitucional impedir cualquier acto de demolición mientras el proceso permanezca pendiente de resolución.
El trámite se tramita bajo el expediente 25-019329-0007-CO y solicita que la estructura sea declarada patrimonio histórico-arquitectónico, con el objetivo de que sea preservada y no demolida.
En el recurso de amparo, Bolaños sostiene que, aunque resulta necesaria la intervención de la infraestructura vial, la demolición del puente es “innecesaria” y atenta contra el patrimonio histórico y cultural del cantón de Santo Domingo.
Como parte de la gestión, Hernández también alegó un supuesto “vicio de motivación” en la decisión del MCJ, porque rechazó la declaratoria patrimonial pese a que la Dirección de Patrimonio Cultural emitió, en el 2025, un informe que reconoce ocho valores históricos, culturales y arquitectónicos del puente.
La Nación consultó al MOPT sobre el futuro de las obras; sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Cultura ‘prioriza’ seguridad de las personas
Mediante la resolución N.° 266-2026, el Ministerio de Cultura y Juventud reconoció el valor histórico y cultural del puente, pero concluyó que las condiciones técnicas “obligan” a priorizar la seguridad de las personas y el interés público.
“La legislación patrimonial exige valorar, además de su importancia histórica, aspectos como su estado de conservación, funcionalidad, posibilidades reales de preservación y la protección de otros intereses públicos, entre ellos la seguridad de las personas y la adecuada operación de la infraestructura vial”, señala la resolución.
Según el ministerio, los criterios técnicos evidenciaron “limitaciones estructurales, hidráulicas y funcionales que afectan la operación del puente”. Asimismo, identificaron problemas de humedad, deterioro en las juntas y ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo, lo cual podría comprometer la seguridad de quienes transitan por la estructura.
“Al tratarse de infraestructura propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), corresponde a esa institución y al Conavi ejecutar las obras necesarias para garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para la población”, añade la resolución.
Como una manera de “preservar la memoria”, el MCJ ordenó a la Dirección de Patrimonio que implemente acciones como la documentación técnica y fotográfica del inmueble.
Tras la resolución del ministerio, Hernández presentó un recurso de reconsideración, nulidad absoluta e invalidez de la notificación ante el Ministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio Cultural. Según constató La Nación, el documento fue admitido vía correo electrónico por esa dependencia.
