No hay mucha decoración en el despacho de Salvador Padilla Villanueva, pero sí una foto importante: su abuelo combatiente, don Jorge Luis Villanueva, en 1948. También un cuadro conmemorativo de la “verdadera fecha de la Independencia”, el 29 de octubre, y libros sobre el terremoto de Cartago de 1910. Es cartaginés, heredero del liberacionismo y joven, con 37 años. Todo eso ha marcado sus cinco meses en la curul.
Sin embargo, no es nuevo en la Asamblea Legislativa, donde ha sido asesor por 10 años. Conoce las dinámicas que, ahora, se ven trastocadas por la pugna entre el oficialismo mayoritario y los cuatro partidos opositores, entre los cuales Liberación Nacional cuenta con la mayor fracción.
Esas condiciones requieren negociación, algo que, dice, le corresponde al PLN. Pero como ha sido público y notorio, algunos puentes se pueden quemar varias veces. ¿Qué implica para temas como el Acuerdo Transpacífico, armonización eléctrica y el agro costarricense? El legislador nos lo contó en una entrevista realizada este 26 de octubre, a pocos días del colapso del proyecto de apertura del mercado eléctrico.
- ¿Cómo se siente?
- Vieras que me siento muy bien, muy motivado. Ya tenemos más de cinco meses, muy motivados. Ha sido un trabajo duro. Esta Asamblea Legislativa se ha caraterizado por un grado de complejidad que no tuvieron nuestros antecesores, donde PLN solía tener la mayoria.
“Hoy somos la segunda fuerza de oposición y eso nos dificulta un poco el trabajo, pues la mayoríala tiene el Ejecutivo. Nosotros tenemos la responsabilidad, como la fuerza de oposición más grande, de hacer un trabajo de vigilancia, control político, resistencia, porque a veces las mayorías suelen tentarse de querer pasar las cosas a la fuerza, y en un parlamento debemos parlamentar. En Costa Rica, las pequeñas reformas pueden pasarse con la mayoría, pero las grandes reformas requiere de dos terceras partes.
“Y creo que eso el gobierno no lo ha entendido, no lo ha entendido todavía qué requiere conversar con la oposición para gobernar”.
“Me he sentido muy motivado porque hemos visto la reacción de la gente en las marchas, donde hay un llamado a los gobernantes y las gobernantes para que cesen los ataques al Poder Judicial y a las universidades públicas, así como los recortes a la inversión social. La verdad es que estamos dándolo todo.
“No soy nuevo en estas aguas. He sido asesor parlamentario durante más de 10 años, en diferentes puestos, así que tengo una trayectoria en el parlamento y no son aguas desconocidas para mí.
“Obviamente, la responsabilidad que uno carga sobre los hombros al ser diputado es mucha, porque tiene la labor de representar a la ciudadanía. Ahora que me pregunta cómo me siento, diría que tengo una gran responsabilidad con la gente que nos dio su confianza para estar aquí. Queremos representarla dignamente y hacer todo lo que esté a nuestro alcance”.
- Usted menciona ese apoyo que se percibe de parte de las personas que han participado en manifestaciones, en el plantón, etcétera. Eso puede ser una especie de arma de doble filo, ¿no? Establece un compromiso muy emocional en el que es muy fácil perder la confianza...
- Sí, y ahí es donde tenemos una gran responsabilidad. Por eso te digo que esta es una coyuntura histórica muy compleja, no solo para el país, sino también para el partido. La gente espera mucho de nosotros.
“Hemos trabajado muy fuertemente durante todos estos meses para cumplir esas expectativas, que son muchas. La gente espera un Liberación Nacional nuevo, que haga oposición y que sea firme en esa labor; que señale las líneas rojas de lo que el chavismo no puede hacer en nuestro sistema democrático, como concentrar el poder y violar la independencia de poderes. Obviamente, la responsabilidad que tenemos con la gente, como vos decís, es muy grande, pero esa confianza se puede perder muy fácilmente”.
- Un paso en falso y se puede perder esa confianza...
- Y, sobre todo, si no somos coherentes. La coherencia en la política es muy importante. Creo que esta nueva fracción ha tratado de ser lo más coherente posible con la oferta que hicimos en campaña y con los principios ideológicos de la socialdemocracia. Somos los abanderados de la socialdemocracia en el país. Creemos en la generación de riqueza y en la inversión privada, pero, obviamente, también debe haber políticas sociales que permitan redistribuirla.
“Por eso defendemos, por ejemplo, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y a las universidades públicas. Defendemos la educación como un todo, pero tampoco podemos dejar de lado la crisis de seguridad que enfrentamos y la actitud de un Gobierno que pareciera no estar anuente a atenderla.
“Por un lado, el Gobierno nos dice a todos que está luchando contra el crimen organizado. Sin embargo, cuando uno revisa el presupuesto de la República, que refleja las prioridades de un Gobierno según aquello en lo que invierte y aquello a lo que le recorta recursos, se da cuenta de que la atención a la seguridad no es la debida, dadas las dimensiones de la crisis de inseguridad que enfrenta el país”.
- ¿Y por qué actúan así desde su punto de vista?
- Bueno, creo que este Gobierno, al igual que el anterior, se ha caracterizado por preocuparse por las cifras macroeconómicas. Tenemos un modelo de gobierno basado en que los números se vean bien ante los banqueros internacionales, precisamente porque el expresidente Rodrigo Chaves viene de ese ámbito.
“Sin embargo, eso tiene repercusiones. Primero nos vendieron la idea de que las finanzas públicas estaban completamente arregladas. Ese fue el discurso ganador de la administración anterior: que habían logrado sanear las finanzas del Estado. Hoy vemos, con el presupuesto ordinario y los dos presupuestos extraordinarios, que ha habido recortes abruptos en inversión social, educación e incluso seguridad, áreas en las que no deberíamos estar recortando recursos en este momento.
“Pareciera que, para mantener esas cifras macroeconómicas, están sacrificando las necesidades básicas de la gente: la seguridad, la educación como herramienta de prevención y, por supuesto, los servicios de justicia que presta el Poder Judicial y la lucha contra la criminalidad. Esto ocurre en un momento en que la gente no puede dormir tranquila por temor a que una bala perdida la alcance.
- Bueno, lo dijo doña Laura, que no podía salir tranquila...
“Y antes, don Rodrigo afirmó claramente que los narcotraficantes se mataban entre ellos. Ya vemos que no es así. Hay víctimas colaterales.
-¿Por qué lo dice así?
-Si el Poder Ejecutivo piensa que, al atacar a los magistrados y a los rectores, así como el funcionamiento de las instituciones que representan los afecta... Ellos van a seguir recibiendo sus salarios, debe entender que la afectación de estos recortes abruptos recae sobre los servicios que prestan esas instituciones.
“Ya vemos lo que ocurre con las sedes de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Limón y Paraíso, así como con la sede del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón. También está en riesgo el proyecto de construir un campus del TEC en la zona Brunca. Son sueños que podrían verse truncados por estos recortes”.
- Ahora, el argumento del gobierno es que es porque las universidades no han sido capaces de administrar adecuadamente sus recursos.
-Bueno, eso es totalmente falso. Esa es una de las formas solapadas de violentar la autonomía universitaria: decir que las universidades tienen que hacer más y rendir cuentas y, por eso, no se les van a dar los recursos necesarios.
“Sin embargo, creo que los costarricenses, como reflejan las encuestas de opinión, sí creen que las universidades están dando resultados. También reconocen que las universidades públicas desarrollan programas de acción social en beneficio de toda la población e impulsan la investigación.
“Quienes hemos pasado por las universidades públicas y nos hemos graduado en ellas sabemos que constituyen un mecanismo muy importante de ascenso y movilidad social”.
- Ahora, el Gobierno apela, por ejemplo, a una realidad: muchas personas en este país se han sentido excluidas de los beneficios del Estado socialdemócrata, del cual Liberación Nacional fue uno de sus principales constructores. ¿No le preocupa que se perciba que Liberación apoya un statu quo que ya no alcanza, que llegó a su límite financiero y que dejó excluida a una gran cantidad de personas?
- Mirá, te voy a decir algo. Creo que Liberación Nacional, en tiempos de Óscar Arias, se planteó una disyuntiva interesante para el país: abrirnos al mundo o no hacerlo.
“En un referéndum, el país decidió abrirse al mundo mediante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nos guste o no, eso fue lo que decidió la democracia en su momento. Fue una apuesta que sí trajo beneficios económicos, como ocurrió cuando José María Figueres trajo a Intel al país, lo que generó crecimiento económico.
“Lo que es cierto es que no todo el mundo ha podido subirse al tren del desarrollo. Ha habido sectores excluidos, esa famosa generación perdida, ese 20 % de la población que quedó rezagada. Y yo no veo a este Gobierno atendiendo la pobreza. No veo, por ejemplo, una política de combate a la pobreza”.
- Doña Yorleny León —exliberacionista, dicho sea de paso— argumenta que el Gobierno nos está enseñando a pescar, en lugar de hacernos depender de los fondos estatales.
- Bueno, si ese fuera el caso, necesitamos ver los resultados, pero no los vemos. La pobreza sigue estancada entre el 19 % y el 21 % desde los años noventa. Ningún Gobierno ha logrado implementar una política social y económica que permita mover esos indicadores.
“Precisamente, la forma de abordar el problema mediante recortes abruptos nunca ha funcionado. Lo vimos en Europa, en Grecia, donde los recortes generaron rechazo y convulsión social, además de frenar aún más la economía. Si el Estado no invierte en los sectores sociales para que las personas puedan trabajar y activar el consumo, la economía no va a crecer y esos sectores difícilmente saldrán de la pobreza.
“Es cierto que el régimen de zonas francas ha sido sumamente productivo y ha traído muchos beneficios al país. Sin embargo, ahora vemos cómo la inversión extranjera ha venido disminuyendo, pese a que era una de las banderas de las que se enorgullecía el Gobierno actual.
“Lo primero es entender que sí, hay que enseñarles a las personas a pescar, como dijo doña Yorleni, la encargada de atender la pobreza, pero también hay que responder a las emergencias del momento. Eso implica fortalecer las transferencias sociales, como Avancemos, y los Cen-Cinái. La gente no puede quedarse sin tener cubiertas sus necesidades básicas. Si eso ocurre, las consecuencias son muy graves y se genera un daño importante a la democracia, porque las personas dejan de creer que este sistema puede dar resultados. Creo que ese es el descontento que el chavismo ha sabido canalizar.
“Me atrevería a decir que, con la forma en que se han manejado las políticas macroeconómicas y económicas del país, pronto veremos resultados negativos que la gente comenzará a sentir”.
- ¿En qué sentido?
- Creo que a la gente le va a costar mucho más llegar a fin de mes. Ese será uno de los efectos. El régimen definitivo no está creciendo y la inversión extranjera también viene a la baja.
- A mí me parece muy preocupante, por ejemplo, el tamaño de la informalidad en la economía costarricense. Y, entre broma y en serio, me preocupa mucho lo que pueda suceder ahora con el registro de SINPE.
- Bueno, el registro de SINPE es, en la práctica, establecer un nuevo impuesto. Este Gobierno ha recurrido a juegos de palabras para tratar de engañar a la gente, pero la gente no es tonta. Lo que usted menciona sobre gravar las transacciones por SINPE es, en realidad, imponer un impuesto. En campaña prometieron que no establecerían nuevos impuestos, pero ahí está la propuesta sobre SINPE. Después dicen que van a cobrar impuestos a las asociaciones de desarrollo, a las Asadas y, ahora, al OIJ. Incluso han planteado gravar a organizaciones como el Club de Leones.
“Hay una cuestión muy importante: las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA) que reciben estas organizaciones responden a sus aportes al desarrollo social del país. Por eso existen esas exoneraciones. Sin embargo, este Gobierno considera que no son necesarias. Entonces, afirma que no aumentará los impuestos, pero plantea eliminar exoneraciones. Eso es, de manera solapada, aumentar la carga tributaria.
“Por un lado, vemos estos golpes tributarios contra determinados sectores, pero, por otro, se habla de reducir los impuestos al tabaco y a los licores para combatir el contrabando.
“Sin embargo, la experiencia de otros países demuestra que esas rebajas no necesariamente reducen el comercio ilegal. Esa es una receta de corte liberal que algunos repiten como loros, pero que no tiene suficiente sustento técnico. Creemos que, más bien, busca favorecer a determinados sectores: los que venden licor y cigarrillos.
“Además, pronto comenzarán a cobrar el impuesto a los vehículos eléctricos. Recuerdo una entrevista con el ministro de la Presidencia y de Hacienda, en la que cuestionaba qué le aportaban a Costa Rica los esfuerzos climáticos. Esos esfuerzos no solo tienen relevancia mundial: también buscan que dejemos de respirar tanto dióxido de carbono. Incentivar las energías limpias y el uso de vehículos eléctricos genera beneficios para la salud de los costarricenses, pues contribuye a reducir la contaminación del aire en nuestras calles”.
- Hablando de negociaciones, armonización eléctrica parecía bastante seguro. Y se habló de un presunto acuerdo con siete diputados de Liberación, usted incluido, que al final cayó. ¿Qué pasó ahí realmente?
- Vea, voy a ser totalmente transparente. Primero, nunca existieron esos ‘siete patriotas’ de los que hablaba la Presidencia ni lo que afirmó la fracción de Pueblo Soberano.
- ¿Eso nunca existió, ni siquiera informalmente?
- No. Lo que sí hubo fue una comisión de la fracción del Partido Liberación Nacional, de la cual yo formaba parte, y diálogos con el Gobierno de la República y el Frente Amplio.
“Usted me mencionaba si Liberación Nacional se ha convertido en un defensor del statu quo. Creo que la socialdemocracia, por su propia esencia ideológica, nos exige estar en constante cambio. Una de sus características es que no defendemos el statu quo, sino que proponemos cosas nuevas.
“Eso nos llevó a buscar un gran acuerdo o una agenda amplia en materia energética. En eso estábamos. Hablamos con el Gobierno y presentamos nuestras propias iniciativas para fortalecer a las cooperativas y a las empresas públicas municipales. También sabemos que, para satisfacer la creciente demanda de electricidad del país, la participación de la empresa privada es fundamental. Creemos que el desarrollo económico que genera el empresariado es indispensable, tanto para producir la energía que el país necesita como para impulsar su crecimiento.
“Estábamos trabajando en esa línea y había ciertos compromisos. Por ejemplo, que el proyecto de armonización no avanzaría en los términos en que estaba planteado y que se nos permitiría introducir cambios (...)
“Es decir, teníamos ciertas líneas rojas en el proyecto de armonización que le comunicamos al Gobierno. Le dijimos: ‘Estamos dispuestos a dialogar, pero el proyecto de armonización, tal como está, no puede aprobarse’.
“Entonces surgió el tema de las universidades públicas, una causa que Liberación Nacional siempre ha defendido. Les advertimos que ambos asuntos eran importantes para nosotros. Si queríamos mantener una buena relación, el enfrentamiento del Gobierno con las universidades nos colocaba en una posición defensiva. Les pedimos que avanzáramos en ambos temas y nos respondieron que estaban de acuerdo.
“¿Qué ocurrió al final? El lunes llegamos con la intención de continuar las conversaciones, pedir que se ampliara el plazo cuatrienal del proyecto de armonización y valorar los planteamientos de nuestra iniciativa alternativa. Queríamos que nuestras propuestas se incorporaran, ya fuera mediante un proyecto nuevo, un texto sustitutivo o modificaciones al proyecto existente. No nos interesaba llevarnos el crédito.
“Sin embargo, desde el principio fuimos muy claros: Liberación Nacional no votaría el proyecto de armonización tal como estaba redactado. Me parece que, en una jugada desesperada y ante una derrota política, el Gobierno lo sometió a votación sin contar con los votos suficientes.
“Pensaron que la fracción de Liberación Nacional se dividiría. Repito: querían arrodillar al partido. Liberación Nacional no cayó en esa trampa. Nadie nos va a arrodillar ni nos va a dar órdenes. Y quiero dejarlo claro: ni el Frente Amplio ni el Gobierno de la República nos van a decir qué hacer.
“Cuando lo sometieron a votación, Liberación Nacional votó según lo que había comprometido desde el primer debate. Actuamos con la coherencia de la que hablábamos al inicio, un principio fundamental para cualquier partido político.
“Fuimos coherentes porque consideramos que el proyecto, tal como estaba formulado, afectaba al ICE, excluía a las empresas públicas municipales y no contemplaba el ecosistema energético en su conjunto. Se concentraba en la apertura del mercado. Quiero insistir en que creemos en la participación privada y seguimos dispuestos a construir una agenda energética.
“El Gobierno ha anunciado que presentará una nueva propuesta sobre el tema en los próximos días. La revisaremos porque sabemos que, si las condiciones actuales se mantienen, al país le faltará energía para desarrollarse como necesita.
“No queremos mantener el statu quo. Queremos transformar la matriz energética del país, pero con ciertas condiciones. Una de ellas es fortalecer al ICE. El ICE no se vende: es una presencia fundamental del Estado en un sector estratégico para la población. Al igual que otras empresas públicas, lleva desarrollo a lugares donde el mercado y las empresas privadas no llegan, no porque sean malvadas, sino porque las condiciones de eficiencia y rentabilidad hacen que esas inversiones no les resulten beneficiosas. Para eso existen las empresas públicas, como el ICE y otras instituciones estatales”.
- Ahora bien, contemplando el paisaje después de la batalla, ¿verdad? Todo lo que pasó. ¿Qué hacer?
- Eso me lleva a mi afirmación inicial: el Gobierno no ha entendido que, aunque actualmente tiene mayoría para aprobar algunos proyectos interesantes, los grandes acuerdos y las transformaciones que requiere el país, como las relacionadas con la energía, necesitan 38 votos.
“Y esos 38 votos no se consiguen imponiéndole la agenda a la contraparte. Se consiguen mediante el diálogo. Así es como se construyen los acuerdos.
“Creo que podremos avanzar hacia una verdadera agenda país cuando el Gobierno entienda que necesita las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa para impulsar las grandes transformaciones. Pero voy a ser sincero: no sé si todos en el Gobierno están comprometidos con que Costa Rica avance. Creo que algunos han visto en esta confrontación una oportunidad para obtener réditos electorales.
“En realidad, no les importa si se aprueba o no el proyecto de armonización, si avanza o no Crucitas o qué ocurre con muchos otros temas. Han encontrado en la confrontación y en atribuirle las culpas al adversario una forma de sacar provecho electoral.
“Tampoco me atrevo a decir que todo el oficialismo actúa así. He visto a algunos compañeros y compañeras diputadas con voluntad de construir acuerdos, pero cuando llegan las órdenes de arriba, esos acuerdos se vienen abajo”.