En Costa Rica, la disponibilidad de un suero antiofídico suele darse por sentada. Una persona es mordida por una serpiente venenosa, llega a un centro médico y recibe el tratamiento que puede salvarle la vida. Suena simple; obvio no lo es: detrás de esa atención hay una capacidad de producción que el país ha construido durante más de medio siglo.
El Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica (UCR), fabrica los antivenenos que abastecen a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que también llegan a otros países de Centroamérica, Sudamérica e incluso África.
Sin embargo, mantener esa producción se ha convertido en una carrera cada vez más exigente: los estándares internacionales aumentan, los equipos especializados requieren renovación y los recursos disponibles no parecen alcanzar para acompañar la velocidad de esos cambios (así como las capacitaciones fuera de los laboratorios).
“Es un panorama bastante preocupante”, advierte Alexandra Rucavado, investigadora del Instituto, en una de las blancas salas de este recinto de eterna vanguardia, ubicado en el frío Coronado. La preocupación de la doctora, quien pasa sus días entre libros y laboratorios, no se limita a la posibilidad de que disminuya la investigación o se suspendan algunas actividades académicas, sino propiamente a la capacidad de seguir fabricando un medicamento que Costa Rica y otros países necesitan y que no puede sustituirse fácilmente por cualquier producto importado. “Estamos en un jaque”, sentencia.
No es una receta
En la producción de antivenenos no se trata de fabricar un medicamento químico que pueda reproducirse de la misma manera en cualquier parte del mundo. Cada suero debe responder a los venenos de las especies presentes en una región, como un producto elaborado para serpientes africanas, por ejemplo, no necesariamente funcionaría contra las especies costarricenses.
“No es como producir una aspirina, que es la misma aspirina que se produce aquí en Costa Rica, en Alemania o en China”, explica Rucavado.
El Instituto produce alrededor de 120.000 frascos de antiveneno al año, destinados a distintos mercados, teniendo a Ecuador y Panamá entre los países a los que más distribuye. Además ha tenido impacto en otras latitudes como en Eswatini.
En América Latina existen pocos productores de antivenenos. Algunos países han intentado desarrollar plantas propias, pero han interrumpido la producción o han terminado cerrándolas debido a la complejidad científica y económica de esta actividad. De hecho Ecuador, por ejemplo, producía antivenenos desde 1981, pero en 2014 la autoridad reguladora suspendió la producción por incumplimientos con manufactura.
Las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los productos inmunobiológicos han aumentado y, con ellas, los costos de producción.
“Cada día para nosotros es más difícil mantener las normas de calidad que se están solicitando a nivel internacional, por costos, porque para poder implementarlas se necesita mucho dinero, mucho, mucho dinero”, señala Rucavado.


Un orgullo en peligro
Rucavado cuenta que la modernización de la planta es uno de los principales desafíos. Parte del equipamiento que se necesita no se fabrica en Costa Rica: debe comprarse en otros países y, en algunos casos, diseñarse de acuerdo con las dimensiones de la infraestructura y la escala de producción del Instituto.
La investigadora describe una transformación que comenzó con una producción artesanal, en la que buena parte del trabajo se hacía manualmente y con los recursos disponibles. Con el paso de los años, el Instituto mejoró sus procesos, pero las nuevas regulaciones elevaron el nivel de exigencia.
“Empiezan ya a ponernos estándares, digamos, de empresas de inmunobiológicos del primer mundo. Y ahí es donde se nos complica la cosa”, explica.
Andrés Sánchez, investigador del Instituto, añade que la automatización y el equipamiento especializado son necesarios no solo para cumplir las normas, sino también para aumentar la productividad y ampliar la oferta. El problema es que los equipos tienen una vida útil limitada y requieren mantenimiento técnico especializado.
“Prácticamente cada año hay que estarlo renovando”, señala. “Uno dice: ‘Ah, ya tengo mi equipo’, y rápidamente pasan cuatro años y el equipo sigue estando. Más bien se le da el mantenimiento que se puede, con lo que se tiene”, describe Sánchez.
El financiamiento del instituto ha dependido principalmente de la Universidad de Costa Rica a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en primer lugar (en la Asamblea Legislativa se han aprobado recortes que ya suman ₡16.096 millones de los recursos del FEES); en segundo, de los ingresos que recibe por los antivenenos que entrega a la CCSS y a otros países. te en la institución universitaria.
“Lo ideal sería que Costa Rica vea esto como un proyecto país. Pero hasta el momento ha sido un proyecto de la Universidad de Costa Rica”, reclama Rucavado. A su juicio, la Universidad ha terminado sosteniendo una responsabilidad que también corresponde al Estado: “garantizar que el país tenga acceso a sus propios antivenenos”.
La investigadora advierte que el Instituto se encuentra en un momento crítico, tratando de alcanzar los estándares internacionales con los recursos disponibles. La planta ha recibido inversiones y se han realizado esfuerzos importantes para elevar su capacidad, pero todavía existe una brecha entre lo que se necesita y lo que puede financiarse.
Además el Instituto también representa una alternativa mucho más económica para el acceso a los tratamientos antiofídicos. Según explicó Yamileth Angulo, directora de la institución, en Centroamérica y África, los frascos producidos por el Instituto se comercializan por menos de $30, mientras que en Estados Unidos un vial de antiveneno similar puede costar entre $800 y $1.000. El tratamiento completo puede rondar los $40.000. En Costa Rica, los pacientes reciben el suero a través de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin tener que asumir directamente ese costo.
“Sería un gran problema para el país no tener antivenenos, porque tendríamos que empezar a buscar quién nos provea de antivenenos en otros países”, advierte. “Hay una crisis a nivel mundial de antivenenos”.

Incluso si se consiguiera un proveedor, la sustitución no sería inmediata ni sencilla. Costa Rica tendría que comprobar que los productos importados funcionan contra los venenos de las serpientes que habitan en el territorio nacional. También tendría que reorganizar las compras y la distribución para garantizar que los tratamientos lleguen a los hospitales y comunidades que los necesitan.
Hoy, esa red funciona sin que la mayoría de los pacientes tenga que preguntarse de dónde viene el medicamento. “Nosotros vamos a hacer lo posible, por lo menos para abastecer el mercado de Costa Rica”, reconoce Rucavado, “sin embargo, cada vez es más difícil”.