Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron a tomar testimonios para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país. La pesquisa busca determinar cómo la entidad canalizó cientos de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense y si parte de esos movimientos pudo derivar en delitos bajo jurisdicción federal.
La investigación avanza mientras se desarrolla el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Dos fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron que los investigadores ya iniciaron la recolección de declaraciones.
Uno de los testimonios correspondió al empresario Guillermo Tofoni. La reunión se realizó la semana anterior mediante una plataforma de videoconferencia similar a Zoom y se extendió durante tres horas. En el encuentro participaron fiscales federales y agentes del FBI radicados en Washington D. C. y Miami.
Los investigadores analizan si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden constituir delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Consultado sobre esa reunión, Tofoni no confirmó ni desmintió el encuentro. Sin embargo, la investigación busca personas con conocimiento directo sobre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la entidad.
Entre los posibles testigos también figuran exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información relacionada con la AFA o participaron en procesos de control, supervisión o seguimiento de sus operaciones durante los últimos años.
Investigación comenzó en 2025
La investigación preliminar comenzó durante 2025 y está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.
Ting se incorporó recientemente al Departamento de Justicia tras trabajar en el bufete Latham & Watkins LLP. Su trayectoria incluye investigaciones sobre delitos financieros.
Berger ejerce como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. Entre sus antecedentes figura el proceso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.
Los fiscales centran parte de su trabajo en las actividades de TourProdEnter LLC, empresa que asumió el cobro de contratos firmados entre la AFA y patrocinadores internacionales. El objetivo consiste en reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Javier Faroni y Erica Gillette dentro del sistema financiero estadounidense.
El Departamento de Justicia recibió una consulta formal sobre el estado de la investigación. Hasta el cierre de la información no emitió una respuesta.
La AFA responde en Estados Unidos
Mientras la investigación avanza, representantes de la AFA participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Interamerican Institute for Democracy, en Miami.
En la actividad estuvieron Tomás Regalado, identificado como embajador de la AFA para América del Norte, y el abogado penalista argentino Mariano Lizardo.
Durante el foro sostuvieron que debía respetarse la presunción de inocencia y señalaron que las medidas de investigación no implican responsabilidad ni culpabilidad.
El movimiento de fondos bajo análisis
Según documentación analizada por LA NACION de Argentina, Erica Gillette y Javier Faroni movilizaron al menos $260 millones mediante cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
Esos recursos correspondían a ingresos internacionales de la AFA administrados por TourProdEnter LLC.
De acuerdo con los registros bancarios revisados por ese medio, solo una parte de esos fondos mantiene una relación directa con gastos operativos identificables de la AFA.
Además, $57 millones se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no aparece en la documentación analizada.
Entre esas operaciones figuran transferencias por decenas de millones de dólares hacia sociedades que, según los documentos revisados, no muestran una contraprestación identificable y estaban controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales, recibían planes sociales y residían en Bariloche o en la Ciudad de Buenos Aires.
También aparecen pagos dirigidos a SOMA SRL y Cabello SRL, empresas vinculadas con Pablo Toviggino y su familia. La documentación también menciona transferencias hacia la pareja del dirigente y familiares de un supuesto guía espiritual de la selección argentina.
Un antecedente en 2024
El interés de las autoridades estadounidenses tuvo un antecedente en setiembre de 2024.
En ese momento, el Ministerio de Seguridad de Argentina, entonces encabezado por Patricia Bullrich, entregó información a funcionarios estadounidenses sobre posibles riesgos relacionados con la AFA tras una reunión con Guillermo Tofoni.
Tofoni impulsó procesos judiciales de discovery que permitieron acceder a información bancaria de TourProdEnter LLC, la cual permanecía bajo reserva.
En esa etapa, el FBI concluyó que el conflicto entre Tofoni, Tapia y la AFA no reunía elementos suficientes para abrir una investigación criminal.
La situación cambió después de que el medio argentino publicara una investigación sobre operaciones financieras, bancarias y societarias vinculadas con el estado de Florida.
Según esa investigación, TourProdEnter LLC funcionó como vehículo para cobrar contratos internacionales de la AFA y canalizó cientos de millones de dólares provenientes de empresas como Adidas, con US$60 millones, y Warner, con $40 millones, durante los años en que Argentina mantenía restricciones cambiarias y múltiples cotizaciones del dólar.
El contrato, vigente hasta diciembre de este año, establece que la empresa de Faroni y Gillette recibe el 30% de los ingresos internacionales de la AFA una vez descontados los impuestos. Además, percibe una comisión equivalente al 10% de los egresos relacionados con la logística de esas operaciones.
Toda esa documentación forma parte del material que analizan actualmente el Departamento de Justicia y el FBI para definir si corresponde abrir una investigación penal formal bajo jurisdicción estadounidense.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.