Vecinos de Alajuelita lograron una sentencia que ordena a la Municipalidad local y al Ministerio de Seguridad actuar contra un bar clandestino que genera ruido excesivo hasta altas horas de la noche, así como situaciones de violencia. La situación llegó al grado de que, en una ocasión, los asistentes a una fiesta causaron destrozos a una casa contigua después de que se les pidió moderar el volumen de la música.
Según el expediente, personas ebrias arrojaron botellas, piedras y objetos contra la vivienda. Aparentemente, intentaron saltar la malla divisoria entre ambas propiedades, lo que obligó a acudir a la Policía y presentar una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Molestos por la inacción de las autoridades, los vecinos denunciaron la situación ante la Sala Constitucional, la cual condenó a ambas instituciones a asumir las costas del proceso, además de los daños y perjuicios ocasionados, los cuales serán determinados en la vía contencioso-administrativa. A su vez, los jueces concedieron un plazo de un mes a las autoridades municipales y policiales para solucionar el problema.
En el recurso de amparo, los vecinos denunciaron que los eventos producían ruidos extremos que se propagaban hasta cinco kilómetros durante más de 12 horas, así como consumo de drogas, obstrucciones de la vía pública y daños a las propiedades vecinas. Las actividades continuaron, a pesar de las reiteradas denuncias y de que hubo inspecciones municipales y colocación de sellos de clausura.
De acuerdo con la versión de los vecinos, las fiestas en el bar clandestino eran promocionadas por redes sociales y los organizadores cobraban la entrada. Las actividades eran organizadas generalmente los fines de semanas, pero a veces se efectuaron entre semana.
El conflicto se inició en el año 2020, en medio de la pandemia. En el inmueble donde se localiza el bar clandestino, operaron en épocas anteriores el Hotel Paradise y el Centro Gerontológico Manantial de Vida. Luego, fue transformado en un espacio para hacer fiestas, pero no hay permisos ni patentes, reseña la resolución.
Molesto por la situación, el comité de vecinos planteó una denuncia ante la Municipalidad de Alajuelita. En el 2023, el ayuntamiento envió a la Policía Municipal a colocar sellos de clausura. Sin embargo, el encargado los rompió y continuó con los eventos.
Los vecinos presentaron nuevos escritos ante el ayuntamiento, pero no recibieron respuesta. Debido a ello, se dirigieron a la Municipalidad, donde el departamento de Inspecciones y Patentes les informó de que el sitio es una propiedad privada a la que los funcionarios no podían acceder, además de que el gobierno local operaba solo en horario de oficina, lo que impedía verificar la denuncia.
Los vecinos también recurrieron a la Fuerza Pública; sin embargo, no siempre se atendieron los llamados. Cuando lo hacían, los oficiales lograron realizar requisas y aparentemente decomisar drogas, pero el ruido persistió. La Policía no podía intervenir en la propiedad debido a que se trataba de un inmueble privado y requería una orden de allanamiento.
El malestar de la comunidad escaló a partir de julio del 2023, cuando se produjeron los daños a la casa contigua al bar clandestino por causa de los asistentes a las fiestas.
En julio de 2024, los vecinos decidieron llevar el caso ante la Sala IV para exigir acciones, ya que las fiestas del bar clandestino violaban su derecho a un ambiente sano y causaban contaminación sónica. El recurso fue presentado contra la Municipalidad de Alajuelita, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública.
La dirección de Patentes e Inspecciones confirmó a los magistrados que, en agosto del 2023, colocaron sellos de clausura en la propiedad, aunque estos fueron violados por los responsables. Además, señalaron que tuvieron dificultades para localizar al propietario, pues se había vendido la propiedad.
Por su parte, la alcaldesa María del Rosario Siles Fernández describió las acciones preventivas emprendidas por la Policía Municipal, como patrullajes periódicos y operativos. También, mencionó la coordinación con otras fuerzas policiales y la colocación de sellos de clausura. No obstante, reconoció las limitaciones de horario de la Policía Municipal y las dificultades para contener actividades fuera de su horario laboral.
El Ministerio de Salud indicó a la Sala IV que recibió una denuncia anónima y llevó a cabo inspecciones en junio de 2024. Sin embargo, no pudo constatar actividades comerciales o ruido durante las visitas, que se realizaron en horario laboral.
Acciones fueron insuficientes
El 13 de septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Alajuelita y el Ministerio de Seguridad Pública, debido a su inacción. El Ministerio de Salud quedó exento de la condena al demostrarse que cumplió con las diligencias necesarias en el caso.
El fallo señaló que, aunque las autoridades locales y la Fuerza Pública adoptaron medidas como patrullajes y operativos sorpresa, estas fueron insuficientes para resolver la problemática de las fiestas clandestinas, caracterizadas por altos decibeles de música, consumo de drogas y alcohol, y actos de violencia.
El Tribunal reprochó la falta de acción de la Fuerza Pública tras constatar un escándalo el 22 de junio de 2024 en el sitio denunciado. Según el fallo, no se tomaron medidas legales ni se coordinó con otras autoridades, lo que evidenció la necesidad de una respuesta más eficaz y coordinada frente a la situación.
En la resolución, el magistrado Luis Fernando Salazar destacó que los hechos denunciados constituyeron una violación al derecho a un ambiente sano y a una convivencia respetuosa. Además, subrayó la importancia de que las autoridades tomen medidas para combatir las actividades que afectan la calidad de vida de los vecinos.
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