Costa Rica lleva más de 19 años sin celebrar un referéndum, pese a que durante ese periodo se han presentado 77 iniciativas para convocar nuevamente a la ciudadanía a las urnas. Ninguna ha prosperado desde la consulta del 7 de octubre de 2007, cuando los costarricenses votaron sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El historial cobra relevancia ahora que la presidenta Laura Fernández ha mencionado el referéndo como una posible salida para asuntos polémicos estancados en la Asamblea Legislativa, entre ellos la apertura del mercado de generación eléctrica y la autorización de la minería en Crucitas.
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), solicitados por La Nación, el motivo más común de rechazo es que la consulta es jurídicamente improcedente, seguido de intentos de aprobar reformas constitucionales sin que el proyecto haya sido aprobado en la primera legislatura por la Asamblea, tal como obliga la ley.
La Constitución Política, en su artículo 105, excluye de someter a referendo las siguientes materias:
- Presupuestaria
- Tributaria
- Fiscal
- Monetaria
- Crediticia
- Pensiones
- Seguridad
- Aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.
En setiembre pasado, el TSE anunció que no admitió la recolección de firmas para someter a consulta popular el proyecto de ley que buscaba la devolución plena del ahorro laboral del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), dado que esa materia está vedada.
De los 77 expedientes archivados, solo en 13 se autorizó la recolección de firmas. Sin embargo, fueron archivados por motivos varios: desde que no alcanzaron la cantidad requerida de firmas hasta anulaciones de la Sala Constitucional, entre otros motivos.
Las intervenciones de la Sala han motivado seis rechazos. En 2019, los magistrados anularon la autorización del TSE para someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Según el Tribunal Constitucional, el referendo únicamente puede utilizarse para aprobar proyectos de ley relacionados con reformas parciales de la Constitución y no totales.
En 2024, la Sala también rechazó que se pueda someter a referendo un proyecto de ley que legalizaría el consumo de marihuana de uso recreativo. Argumentó que el proyecto de ley sobre la marihuana de uso recreativo es inconstitucional porque es incompatible con los acuerdos internacionales.
En 2010, la Sala Constitucional también rechazó por discriminatoria la posibilidad de convocar un referéndum sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Los magistrados argumentaron que los derechos de una minoría no pueden quedar sujetos a la decisión de la mayoría.
2024 y 2008: los años con más intentos
En 2002, el Congreso aprobó una reforma constitucional para autorizar los referéndum como vía para que la ciudadanía tome decisiones directamente. Sin embargo, fue hasta 2006 que se promulgó la ley que reguló el mecanismo.
En ese momento, hace 20 años, se registró la primera solicitud. Esta fue presentada por Edwin Badilla para que el TSE autorizara la recolección de firmas para que en las urnas se decidiera la creación del cantón 12 de Guanacaste, denominado “La Península”.
Fue rechazado porque, según el TSE, es imposible autorizar recolección de firmas únicamente en ciertos distritos, frente a la naturaleza “nacional” del referendo.
El 2024 estuvo marcado por los intentos del gobierno de organizar una consulta popular sobre la denominada “ley jaguar”, una iniciativa que buscaba limitar las potestades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República. La Sala Constitucional determinó que varios artículos contravenían la Carta Magna.

Ese año y 2008 fueron los años con más iniciativas presentadas: 10 en cada uno.
En la actualidad, según el TSE, hay cuatro solicitudes en trámite:
- Una solicitud para someter a referéndum el proyecto Ley para el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales. Desde 2022, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está a la espera de que el grupo promotor retire los formularios correspondientes.
- Referéndum sobre un proyecto para la apertura del mercado nacional de hidrocarburos. Según el TSE, está pendiente que el grupo gestor imprima los formularios para ser visados.
- Someter a referendo un proyecto de ley que reforme varios artículos del Código de Trabajo, relacionado con derechos laborales. Fue presentado en 2025. Su trámite se encontraba suspendido por estar en periodo de veda: no se pueden efectuar consultas populares más de un referéndum al año, tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial.
- Solicitud para someter a referéndum el proyecto denominado “Ley para la asignación operativa de los proyectos de infraestructura vial al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)”. El Departamento de Servicios Técnicos del Congreso remitió un segundo texto sustitutivo.
Por otra parte, el país posee tres formas para convocar referendos:
- La primera es mediante la Asamblea Legislativa, donde los congresistas pueden convocarlo durante el periodo de sesiones ordinarias, con el apoyo de dos terceras partes de los votos (38).
- La segunda es una iniciativa conjunta entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que requiere la mayoría absoluta de los legisladores (29 votos).
- La tercera opción es la iniciativa ciudadana. En esta se requiere la recolección de firmas de, al menos, el 5% del padrón electoral.

¿Cuáles son las materias sometidas a referendo?
A partir de los datos suministrados por el TSE, La Nación clasificó los intentos de referendo según las materias que se pretendían someter a consulta popular.
La reforma del sistema político y electoral (28) es la materia que más costarricenses han intentado impulsar.
En esa materia destacan los intentos de convocar una constituyente, de aumentar el número de diputados, de autorizar la revocatoria de mandato, de reformar la ley de referéndum y de crear elecciones de medio periodo para el Congreso, entre otras iniciativas.
En la segunda temática con más intentos (ambiente, biodiversidad y animales), se intentó someter a consulta popular, por ejemplo, la creación del “Instituto Costarricense de Reciclaje” y hasta tres intentos para penalizar el maltrato animal (finalmente aprobada en el Congreso).
En cuanto a salud y seguridad social, se intentó tres veces modificar la ley de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y un intento para derogar la norma técnica del aborto terapéutico.
En ese último caso, se rechazó porque no se pueden derogar decretos ejecutivos vía consulta popular.
Los datos suministrados por el TSE únicamente refieren a intentos de referéndum nacional, no abarcan los plebiscitos u otras formas de consulta popular.

