Tras la audiencia preliminar, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó la apertura de juicio en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contra la diputada oficialista Marta Esquivel por presuntos sobresueldos.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que este martes finalizaron todas las etapas de la audiencia preliminar.
“Se ordenó remitir a la sección de juicio que por turno corresponda, una vez remitido a dicha área se procederá a señalar fecha para juicio donde se recibirá la prueba testimonial admitida y una vez concluido el juicio se procederá con el dictado de la sentencia”, explicaron desde el Poder Judicial.
En 2024, la Junta Directiva de la CCSS interpuso un proceso de lesividad ante el Contencioso para recuperar los presuntos sobresueldos que recibió Esquivel, expresidenta ejecutiva de esa institución durante la administración de Rodrigo Chaves.
La Nación intentó obtener la reacción de Esquivel. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Los presuntos sobresueldos
En diciembre de 2023, la Contraloría General de la República reveló que la CCSS pagó a Esquivel un salario de ¢7.158.848 mensuales desde que fue nombrada, el 20 de setiembre de 2022. Ella ejerció la presidencia de la CCSS durante 24 meses y 20 días hasta el 10 de octubre del 2024.
No obstante, el salario total de los funcionarios públicos no puede superar los ¢5.565.000. Así lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, implementada en el 2018, la cual fijó un tope de 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos.
La Contraloría ordenó a la Junta Directiva ajustar de inmediato el monto devengado por Esquivel y recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto derivado de las diferencias, como aguinaldos, salarios escolares, cargas sociales y fondo de capitalización laboral, entre otros.
La causa por lesividad se tramita bajo el expediente 24-003261-1027-CA
Contrademanda de Esquivel
El 31 de octubre de 2025, Esquivel anunció una contrademanda contra la CCSS y exigió una indemnización de al menos ¢119 millones.
La actual diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) alegó tres rubros principales para fundamentar su reclamo económico.
En primer lugar, solicitó las diferencias salariales derivadas del rebajo aplicado entre marzo del 2024 y el último día que laboró en la institución, el 7 de enero de 2025, correspondientes a la diferencia entre el salario bruto que percibía —¢7.670.194,29— y el tope impuesto de ¢5.565.000.
En segundo lugar, la aspirante a diputada pidió una indemnización por daño moral objetivo por la supuesta afectación al honor y buena reputación, que estimó en ¢3 millones mensuales desde diciembre de 2023 y hasta que exista una resolución firme del proceso.
Finalmente, solicitó ¢20 millones por concepto de daño moral subjetivo, en relación con el sufrimiento emocional.
No obstante, el monto reclamado se incrementaría con el pasar del tiempo, ya que la contrademanda también incluyó el pago de intereses, indexación de las sumas que eventualmente ordene el tribunal y el reconocimiento de costas personales y procesales.
A esto se suma que la pretensión de los ¢3 millones mensuales por daño moral no es un monto que ya esté definido, sino que el total dependerá de la duración del litigio y del momento en que quede en firme la sentencia.
La exjerarca también pidió que se ajusten todos los extremos laborales asociados al salario, como aguinaldo, vacaciones, salario escolar y aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
¿Qué es un proceso de lesividad?
Un proceso de lesividad es igual a una demanda ordinaria, pero quien actúa es el Estado para que un tribunal anule un acto que otorga un derecho emitido por el mismo Estado.
Es decir, el Estado demanda a alguien favorecido por una conducta del mismo Estado, como en el caso de Esquivel, acusada de cobrar un salario superior al tope.
Para plantear la demanda, se requiere que, de previo, el emisor del acto (en este caso la Caja) dicte un acuerdo en el que explique por qué estima que el acto es nulo y lesivo al interés público. Al plantearse el reclamo judicial, se sigue el trámite ordinario en donde la Procuraduría deberá pronunciarse y, por lo general, se involucra la Contraloría.
En caso de que se declare la nulidad y quede en firme, se podría cobrar a Esquivel los aparentes montos devengados demás.
El proceso de lesividad inició el 19 de marzo de 2024, la CCSS busca declarar la nulidad de la acción de personal Nº 435077-2022 en donde se estableció el salario de Esquivel Rodríguez y ordenó a la Dirección Jurídica de efectuar las acciones judiciales. La decisión la tomó mediante el artículo 9 de la sesión 9421.