Después de años de relativa calma en las calles, la protesta social comienza a despertar en Costa Rica y plantea un nuevo desafío al gobierno de Laura Fernández.
Reclamos de diversa índole vuelven a movilizar a distintos sectores, en medio de señales de desgaste gubernamental y la acumulación de demandas estructurales relacionadas con la educación, la inversión social, los servicios públicos y la defensa de la democracia.
Entre mayo y noviembre del 2026, se registraron 22 manifestaciones en distintos puntos del país, según un recuento elaborado por La Nación. Participaron estudiantes universitarios, sindicatos, transportistas, productores agropecuarios, organizaciones sociales y ciudadanos.
José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), considera que estas movilizaciones muestran señales de “una rehabilitación incipiente de la protesta social”.
Díaz relaciona este proceso con la recuperación de la capacidad de organización ciudadana después de la pandemia de covid-19, el desgaste del gobierno de la continuidad —tras los cuatro años de Rodrigo Chaves y el inicio de la administración de Laura Fernández— y los cambios socioeconómicos derivados de decisiones gubernamentales que incentivan a distintos sectores a movilizarse.
La educación y el presupuesto de las universidades públicas figuran entre los principales motivos de protesta. Estudiantes, federaciones, sindicatos del Magisterio Nacional y rectores participaron en actividades contra los recortes de dinero y en favor de la búsqueda de más dinero para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Las dificultades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también movilizaron a organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos. Además, funcionarios de la institución realizaron una huelga por pagos incompletos y retrasos salariales.
El transporte fue otro foco de conflictividad. Transportistas independientes, taxistas y conductores de plataformas digitales organizaron caravanas, concentraciones y tortuguismos para rechazar decisiones regulatorias o reclamar mejores condiciones laborales.
También hubo protestas relacionadas con el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), la protección de la producción agropecuaria, los derechos de las mujeres, la independencia judicial y la defensa de la democracia.
Díaz considera que buena parte de estas demandas responden a problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace años.
Setiembre, el mes de la inflexión
Las movilizaciones alcanzaron su punto más alto en setiembre, con siete manifestaciones, una tercera parte de las identificadas durante el periodo.
Un antecedente de ese repunte ocurrió el 6 de agosto, cuando ciudadanos y organizaciones sociales realizaron el llamado “Plantón por la Democracia”. La actividad surgió como un movimiento espontáneo y tuvo repercusiones en distintos puntos del país.
En setiembre, las protestas se intensificaron luego que el 1.° de ese mes, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, que contempló un crecimiento del 0% para el FEES.
La propuesta y las mociones promovidas por el oficialismo en la Asamblea Legislativa para reducir los recursos de las universidades públicas motivaron nuevas protestas de estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos y rectores.
La agenda de ese mes también incluyó la “faroleada por la democracia” y manifestaciones en Cartago, durante la sesión del Consejo de Gobierno, en el marco de los actos cívicos del 14 de setiembre.
Las protestas continuaron en octubre y noviembre, con cuatro y cinco manifestaciones, respectivamente. Entre setiembre y noviembre se concentraron 16 de las 22 actividades identificadas, el 72,7% del total.
Otra característica fue la cercanía entre las movilizaciones: algunas ocurrieron con apenas 24 horas de diferencia.
Modalidades más utilizadas
Las concentraciones y marchas fueron las modalidades más frecuentes, con siete registros cada una.
También se contabilizaron tres plantones y dos caravanas. Las demás actividades incluyeron una huelga, un tortuguismo y una faroleada acompañada de manifestaciones.
En conjunto, las concentraciones y las marchas representaron 14 de las 22 actividades, el 63,6% del total.
El caso del Acuerdo Transpacífico
En medio de estas demostraciones públicas de descontento llama la atención el caso del Acuerdo Transpacífico, el cual fue rechazado por sectores agropecuarios y organizaciones sociales.
Aunque el tema generó oposición en distintos cantones y concentraciones frente a la Casa Presidencial, para Díaz la decisión del gobierno de no continuar con el tratado respondió, en buena medida, a un cálculo político para evitar una pérdida legislativa, al no contar con los 38 votos, y que el descontento se transformara en una movilización de mayor alcance.
“Creo que eligieron perder lo menos posible”, resumió.
Una lectura similar hizo Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), durante la sesión del plenario legislativo del 28 de octubre.
El legislador del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, había señalado que “algunos en el fondo no estarán tan contentos” por la decisión de la presidenta Fernández de enterrar el Acuerdo, “porque esperaban la madre de todas las marchas donde iban a desfilar con el Transpacífico y se les desinfló el tema”.
Al respecto, Dobles indicó que Villalobos había revelado “la verdadera razón por la que no se va a firmar el acuerdo Transpacífico”. Agregó que el único mérito de que no se firme el tratado es porque “el sector se organizó y levantó su voz, y, en efecto, se estaba organizando una gran marcha nacional de todo el sector, que iba a tener gran apoyo”.
El riesgo del desgaste
La frecuencia de las manifestaciones no garantiza una movilización masiva ni una presión sostenida sobre las autoridades. La reiteración de protestas sin resultados concretos puede desgastar a los participantes y reducir el respaldo de otros sectores de la ciudadanía.
Además, asistir a una manifestación implica costos de tiempo y dinero, así como reorganizar responsabilidades familiares y laborales.
A esto se suma la posibilidad de que el discurso gubernamental y la discusión pública sobre las protestas generen posiciones contrarias entre personas que no necesariamente tienen una postura definida sobre las movilizaciones.
“Si la protesta se extiende mucho sin que haya o sin que las personas perciban un resultado, también finalmente puede llevar a una desmovilización”, advirtió Díaz
¿Por qué se enfrió la protesta ciudadana?
El escenario actual está lejos de las grandes protestas que dejaron marca en el país, como las convocadas contra el llamado Combo del ICE y las que acompañaron la discusión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
El Informe Estado de la Nación 2025, del Programa Estado de la Nación (PEN), identificó un ciclo de baja protesta ciudadana durante la última década. En todos los años, excepto 2018, la cantidad de acciones colectivas fue inferior al promedio de los 30 años previos. Ese año, la discusión de la reforma fiscal reactivó las movilizaciones, aunque de manera pasajera.
El PEN atribuyó la disminución a una menor beligerancia de actores históricamente protagonistas de las protestas, entre ellos trabajadores, estudiantes, el sector productivo, la ciudadanía organizada y los liderazgos comunitarios.
Díaz también señala los cambios en la legislación sobre huelgas y protestas en el sector público, que restringieron la participación de funcionarios y gremios con una importante capacidad de organización y presión.
Para el investigador, el periodo anterior estuvo marcado por condiciones que dieron cierta tranquilidad social al gobierno, entre ellas el amplio respaldo ciudadano al entonces presidente Rodrigo Chaves.
Ahora, el desgaste gubernamental y la acumulación de demandas sociales ofrecen mayores incentivos para que distintos sectores vuelvan a manifestarse.