EscucharOrganizaciones sindicales y sociales denunciaron que el Consejo de Gobierno dejó vencer el plazo otorgado por ese tribunal para juramentar a la exdiputada Rocío Alfaro como representante del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En un comunicado conjunto, publicado este viernes 9 de octubre, 20 organizaciones acusaron al Poder Ejecutivo de incumplir el voto número 2026-031380 de la Sala Constitucional, relacionado con la integración del órgano directivo de la institución.
Según los firmantes, el Gobierno había argumentado inicialmente que la representación del sector trabajador no cumplía los requisitos legales para ocupar el puesto. Sin embargo, sostienen que esos argumentos fueron rechazados por unanimidad por los magistrados constitucionales.
“No estamos ante un simple diferendo por un nombramiento administrativo; estamos ante un irrespeto absoluto a la autonomía sindical, un atropello a la autonomía constitucional de la CCSS y un acto gravísimo de desacato a la Sala Constitucional”, señalaron las organizaciones.
Los sindicatos anunciaron que presentarán ante la Sala Constitucional una solicitud formal para que se declare la desobediencia a la sentencia y se ordene su ejecución forzosa.
También informaron de que convocarán a organizaciones sindicales, movimientos sociales y ciudadanía a mantenerse en alerta ante posibles acciones de protesta.
“Este atropello al pueblo costarricense no será aceptado, presentaremos ante la Sala IV la solicitud formal de declaración de desobediencia y ejecución forzosa de la sentencia”, manifestaron.
Sindicatos advierten sobre efectos en la CCSS
Las organizaciones sostienen que la falta de representación sindical impide la integración completa de la Junta Directiva de la CCSS y afecta su funcionamiento ordinario.
Alfaro explicó que esta situación obliga al órgano directivo a sesionar bajo la figura jurídica de “funcionario de hecho” para atender emergencias, lo que, a criterio de los sindicatos, obstaculiza decisiones sobre proyectos de infraestructura y listas de espera.
Además, consideran que la negativa a reconocer la elección del sector trabajador vulnera la autonomía de la CCSS y la libertad sindical.
Los firmantes señalaron el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS, el artículo 60 de la Constitución Política y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva.
Las organizaciones también cuestionaron al Consejo de Gobierno por lo que consideran una intromisión en las decisiones internas de los trabajadores y advirtieron que mantendrán las acciones de presión hasta que se resuelva la integración de la Junta Directiva.
Entre las organizaciones firmantes destacan la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (SITRAJUD), el Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU), el Sindicato de Servicios Generales de la CCSS (SISERGE)y el Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda (SINDHAC).
