“Hoy denunciamos ante la opinión pública que el Gobierno ha tomado la decisión de desobedecer una sentencia de la Sala Constitucional al dejar vencer el plazo que tenía para conformar de manera correcta la junta directiva de la Caja”, manifestó Alfaro en declaraciones remitidas mediante un video.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo el pasado 25 de setiembre y anuló la designación de Róger Rivera Mora como representante sindical pro tempore. Además, ordenó al Consejo de Gobierno tramitar el nombramiento de Alfaro en un plazo máximo de ocho días.
Según la exdiputada del Frente Amplio, la falta de juramentación de la representación sindical afecta la conformación de la Junta Directiva de la CCSS y constituye un acto de desobediencia a una sentencia constitucional.
“Su negativa de juramentar a la representación sindical tiene serias implicaciones para la conformación legal de esta junta directiva, pero además significa romper el orden constitucional al colocar al Consejo de Gobierno en un acto de desobediencia de una sentencia de la más alta corte que tiene este país”, sostuvo.
Rocío Alfaro denuncia que el Gobierno incumplió el plazo fijado por la Sala Constitucional para tramitar su nombramiento en la CCSS.
Cuestionamientos sobre decisiones de la CCSS
Alfaro también expresó preocupación por las decisiones que adopta la Junta Directiva de la CCSS en ausencia de la representación sindical que fue elegida para integrar ese órgano.
En particular, cuestionó decisiones relacionadas con proyectos de infraestructura, listas de espera, condiciones laborales y el sistema de pensiones.
La exdiputada afirmó que existen decisiones sobre la suspensión de infraestructura que considera necesaria para la población. También cuestionó el manejo de las listas de espera y señaló que, a su criterio, se utilizan para favorecer intereses económicos privados en los servicios de salud.
Asimismo, manifestó preocupación por problemas laborales que, según indicó, permanecen sin resolver y afectan la prestación de servicios a la población.
En materia de pensiones, Alfaro señaló que se discuten posibles modificaciones relacionadas con el aumento de la edad de jubilación y la disminución del monto de las pensiones.
“Por supuesto que para eso es indispensable que haya una representación de la clase trabajadora para que se defienda el interés de las personas que van a tener el derecho a esa pensión”, expresó.
La exdiputada reiteró su denuncia sobre el incumplimiento de la sentencia y afirmó que considera la actuación del Gobierno una ruptura del orden constitucional.
Antecedentes del nombramiento
El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Alfaro Molina como representante propietaria ante la Junta Directiva de la CCSS y a Marta Rodríguez González como suplente para el periodo 2026-2030.
Sin embargo, el 24 de junio, el Consejo de Gobierno rechazó juramentar a Alfaro después de acoger una recomendación de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor.
El Ejecutivo justificó su decisión con cuestionamientos sobre la experiencia de Alfaro en materia económico-social, su militancia en el Frente Amplio, un eventual conflicto de interés por familiares que trabajan en la institución y sus posiciones sobre el Caso Barrenador.
Posteriormente, el 12 de agosto, el Consejo de Gobierno designó a Róger Rivera Mora como representante sindical pro tempore.
Un día después, mediante la sentencia 2026-031380, la Sala Constitucional anuló por unanimidad el acuerdo mediante el cual el Gobierno había rechazado el nombramiento de Alfaro.
Los magistrados determinaron que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS impide al Poder Ejecutivo objetar o revisar las designaciones realizadas por los sectores sindical y patronal.
El 1.º de setiembre, tras la presentación de otro recurso de amparo, la Sala ordenó suspender cautelarmente la designación temporal de Rivera mientras resolvía el fondo del asunto.
Finalmente, el 25 de setiembre, el tribunal anuló definitivamente ese nombramiento y ordenó tramitar la designación de Alfaro en un plazo máximo de ocho días.
La Nación tramitó consultas ante la Presidencia de la República y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre este tema, cuyas respuestas se encuentran pendientes al cierre de esta nota.
