La petición fue incluida en la agenda de Corte Plena y plantea que el máximo órgano del Poder Judicial rechace “la reiterada intención del Poder Ejecutivo de menoscabar el principio constitucional de división de poderes y la independencia judicial mediante el ataque mediático y personalizado contra las personas juzgadoras”.
El secretario general del Sindicato de la Judicatura, Danilo Segura, aseguró que existe una práctica recurrente desde Casa Presidencial de atacar públicamente decisiones judiciales y atribuir a los jueces la responsabilidad de problemas relacionados con la criminalidad.
Según indicó Segura, las críticas suelen realizarse sin explicar el contexto legal bajo el cual se adoptan las resoluciones.
“Lo que se publica en redes y la versión que se da constantemente (desde Casa Presidencial) es que todos los jueces dejamos en libertad a los delincuentes, cuando precisamente lo que tenemos que hacer es salvaguardar el Estado de derecho y las garantías”, afirmó Segura.
El dirigente sindical indicó que muchas personas buscan respuestas basadas en la venganza, lo que, a su juicio, representa un riesgo porque ese tipo de criterios podrían aplicarse contra cualquier persona.
Segura señaló que las garantías procesales existen no solo para quienes hoy enfrentan una acusación, sino también para cualquier ciudadano que eventualmente pueda verse sometido a un proceso judicial. En ese sentido, recordó que toda persona tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.
“Nuestro sistema no funciona como la gente quisiera, gracias a Dios, porque muchas veces lo que se pretende es que se linche a una persona que resulta al final ser inocente”, afirmó.
Preocupación por presuntas “pifias judiciales”
Danilo Segura también cuestionó los espacios de comunicación que el Gobierno utiliza durante sus conferencias de prensa para exponer presuntas “pifias judiciales” y comentar resoluciones emitidas por los tribunales.
Afirmó que existe una falta de comprensión sobre las razones jurídicas que sustentan muchas de esas decisiones. “El juez tiene que fallar en forma razonada y fundamentada con lo que se le entrega”, dijo.
Sostuvo que la preocupación principal radica en que estos señalamientos terminen debilitando la confianza ciudadana en el Poder Judicial y afectando la independencia con la que deben actuar los jueces.
“Atacar a los funcionarios por su autoridad o sus decisiones es quitarle peso a las mismas”, manifestó.
A criterio del sindicato, las discrepancias con resoluciones judiciales deben canalizarse mediante los recursos previstos por la ley y no mediante cuestionamientos públicos a las personas juzgadoras.
Asimismo, Segura señaló que parte de las críticas dirigidas al Poder Judicial omiten las limitaciones legales bajo las que deben actuar los jueces y las posibles deficiencias en las intervenciones policiales.
Según indicó, existen casos en los que los reportes iniciales no coinciden con la evidencia finalmente presentada ante los tribunales.
“Decomisan un arma, hacen un gran escándalo y resulta que era una pistola de juguete. Decomisan un cuchillo y resulta ser un cuchillo de pan”, ejemplificó.
Además, recordó que los jueces están obligados a respetar principios como el derecho de defensa y la presunción de inocencia, por lo que no todas las personas detenidas pueden quedar sujetas a medidas carcelarias.
