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Jorge Luis Morales García, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), reconoce el abuso de funcionarios públicos al derecho de huelga, sobre todo de aquellos que usan los periodos de protesta para incapacitarse.
El líder sindical admitió esa “excepción”, como califica a quienes cometen esos abusos, ante los diputados de la comisión especial que tramita el expediente 21.049 sobre el derecho a huelga.
Este proyecto plantea una reforma al Código Procesal Laboral y permitiría rebajar los salarios a quienes participen en huelgas declaradas ilegales. Además, restringe la posibilidad de hacer protestas en servicios esenciales.
“Hay una excepción que confirma la regla: efectivamente yo no descarto que haya mal uso del derecho de huelga”, reconoció Morales, en respuesta cuestionamiento del diputado Eric Rodríguez Steller al respecto.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), al 11 de enero anterior, había 218 funcionarios de esa institución con licencias vigentes de incapacidad tramitadas durante el periodo de huelga, entre el 10 de setiembre y el 10 de diciembre de 2018, por ejemplo.
Además, el MEP confirmó que un total de 556 docentes registraron salidas del país entre el 9 de setiembre, un día antes de que comenzara la huelga indefinida, hasta el 8 de octubre de este año.
Luego, entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre anterior, el MEP detectó que 15 directores de centros educativos también salieron del territorio nacional.
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Sin señalar estos casos, Morales cuestionó a los funcionarios públicos que piden incapacidad durante los periodos de huelga.
“Si somos estrictos en la definición, la incapacidad en el periodo de suspensión de labores por (la) protesta, esa no es una huelga. Ese señor trabajador, me disculpa, no entendió de lo que se trata (huelga)”, añadió el sindicalista.
Junto con Morales también comparecieron Jorge Cartín, representante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) y Luis Alonso Bonilla Guzmán, secretario general del Sindicato del Ministerio Público.
También participaron Álvaro Rodríguez Zamora, presidente del sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic) y Keneth Álvarez Barboza, directivo de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).
El proyecto de ley que plantea cambios a la Reforma Procesal Laboral, castiga el bloqueo de calles y el sabotaje a instituciones públicas, además ordena a los sindicatos tener un correo electrónico para recibir notificaciones.
Este texto, además, acorta a 24 horas el tiempo para que los tribunales resuelvan la legalidad de una huelga en un servicio esencial, al tiempo que impide la huelga en servicios esenciales como operaciones quirúrgicas, citas médicas, suministro de agua potable, luz, combustible, transporte de personas enfermas, servicios policiales y comedores escolares, entre otros aspectos.
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¿Y si los jueces se unen a la huelga?
Durante la comparecencia,el representante de Anejud rechazó el proyecto, al considerar que limita el derecho a huelga y elimina las jurisdicciones, pues el texto plantea que la legalidad de las huelgas puedan ser analizadas por jueces de segunda instancia (tribunales) en caso de que, por ejemplo, los juzgados se unan al movimiento de protesta.
Al respecto, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, presidente de la comisión, aclaró que el objetivo de la reforma al derecho a huelga no es que la Sala Segunda (máxima instancia judicial en materia de trabajo) analice de forma directa la legalidad de las protestas.
“Está provista esa circunstancia solamente por si se fue a huelga el juez de primera instancia. Lo peor que nos puede pasar es que se vayan todos los jueces de primer instancia laboral a la huelga y entonces no haya quien resuelva. Ya ha sucedido”, señaló Benavides.
Para el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz, en temas de huelga el Poder Judicial es juez y parte, porque además de participar de protestas, los jueces deben resolver los trámites de legalidad.
El legislador verdiblanco también cuestionó la tardanza de los tribunales para declarar la ilegalidad o legalidad de un movimiento de huelga, a pesar de que el Código de Trabajo establece un máximo de cinco días para el periodo de apelación.
Cabe recordar que, el Poder Judicial estuvo en huelga entre el 19 y 31 de julio de 2017, en protesta contra una ley que reformaba el sistema de pensiones que los sindicatos consideraron perjudicial.
A la fecha, no se ha resuelto.
Sindicalista: jueces no dan abasto
Jorge Luis Morales, de Sindijud, justificó que la demora de los juzgados de trabajo se debe a que los jueces de responsables de resolver estos casos no tienen suplentes y, además, tienen recarga de trabajo.
“Hay que entender que el juez debe constatar en cuáles lugares de trabajo hay huelga y en una huelga nacional como la anterior (de 2018) el personal no daba abasto”, añadió Álvarez.
Según Álvaro Rodríguez, de ANIC, durante la huelga nacional del 2018, hubo una circular interna del Poder Judicial que definía cuáles servicios no se podían dejar de atender.
Aseguró, que en esa protesta hubo una rotación periódica entre el personal unido al movimiento y otros que debían atender servicios considerados esenciales como procesos de violencia doméstica y de pensiones alimentarias, así como el trabajo de recolección de indicios de la Policía Judicial.
“Eso pesó para que la huelga en el caso del Poder Judicial se declarara legal (…). Tener que inhibirnos totalmente del derecho constitucional a huelga porque se puede afectar un servicio, solo decir eso es desproporcionado”, planteó Rodríguez.
