La función de la audiencia preliminar en los procesos penales y cómo evitar en que se convierta en un obstáculo para llegar a juicio, volvió a ser un tema de gran interés entre los diputados de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, al entrevistar este viernes a dos aspirantes a ocupar una magistratura de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, y Cynthia Dumani Stradtmann, jueza coordinadora del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, se refirieron a los problemas que enfrenta esa etapa durante sus audiencias ante los parlamentarios.
El tema ha adquirido relevancia entre los diputados que integran el foro legislativo, en medio de las discusiones sobre la duración de los procesos penales, la acumulación de expedientes y la capacidad de los tribunales para resolver las causas.
Mejorar el filtro
Jiménez sostuvo que eliminar la audiencia preliminar no necesariamente resolvería esos problemas, pues considera que la legislación vigente ya ofrece herramientas para que los jueces ejerzan un control sobre las acusaciones antes de enviarlas a juicio.
“Decir que se elimina un filtro, no sé si es realmente una solución”, manifestó.
El juez explicó que esa etapa fue concebida para agilizar los procesos, al facilitar soluciones alternas y vigilar la regularidad jurídica del procedimiento, incluidas las medidas cautelares y el anticipo jurisdiccional de prueba.
Sin embargo, considera que parte del problema radica en la interpretación que los jueces han hecho de las normas.
Como ejemplo, mencionó los artículos 318 y 319 del Código Procesal Penal. El primero permite al juzgado penal evacuar prueba cuando resulte necesario para decidir si una causa debe avanzar a juicio, mientras que el segundo establece que se dictará el auto de apertura a debate cuando existan bases suficientes.
Jiménez cuestionó que se haya extendido la interpretación de que el juez debe limitarse a revisar los requisitos formales de la acusación, sin entrar a valorar su sustento probatorio.
Recordó que, tras la aprobación del Código Procesal Penal, se difundió una interpretación doctrinaria según la cual los jueces no debían realizar un control sustancial de la acusación ni valorar la prueba en esa etapa.
A su criterio, esa lectura ha contribuido a que causas sean enviadas a juicio aunque la legislación permita examinar si cuentan con fundamento suficiente.
“Con el mismo marco legal se puede interpretar la audiencia preliminar para que sí sirva como filtro”, afirmó.
Por esa razón, consideró que una alternativa sería reformar el artículo 319 para precisar el alcance de ese control, en lugar de eliminar la etapa.
“Si usted elimina este filtro, ¿cuál es la consecuencia práctica? Todo va para juicio”, advirtió.
El aspirante también alertó sobre la presión que eso podría generar en los tribunales, cuya capacidad de respuesta es limitada frente a una demanda creciente de servicios judiciales. Sostuvo que, si aumenta la cantidad de causas que llegan a debate sin que se amplíen los recursos disponibles, el personal judicial podría terminar sobrecargado.
Perdió el norte
Cynthia Dumani también se refirió al funcionamiento de la audiencia preliminar y consideró que esa etapa ha perdido el propósito con el que fue creada.
La jueza alegó que inicialmente tenía mayor amplitud y parecía contribuir a la aplicación de medidas alternas y procedimientos abreviados. No obstante, señaló que las restricciones surgidas a raíz de acciones de inconstitucionalidad y el temor de algunos jueces han limitado su alcance.
“Ha perdido totalmente el norte para lo cual fue hecha la etapa preliminar”, manifestó.
Ante ese escenario, Dumani planteó que “si no prosperan las medidas alternas y ni se ofrecen aplicaciones de procedimiento abreviado, inmediatamente se pase al juicio”.
Justicia penal juvenil está desfasada
Durante su audiencia, Jiménez también respondió sobre la capacidad del sistema de justicia penal juvenil para atender delitos graves cometidos por personas menores de edad, sin abandonar su finalidad educativa y de reinserción social.
El juez consideró que la Ley de Justicia Penal Juvenil responde a una realidad social distinta de la que enfrenta actualmente el país.
“Cuando se aprobó la ley, no se hablaba en la década de los 90 de personas menores de edad que formaran parte de grupos de delincuencia organizada y dentro de esta estructura ocuparan el rol básicamente de sicarios, es decir, de personas que cometen delitos para garantizar, en este caso, la empresa criminal, de todo el grupo. La ley se ha quedado corta frente a esta situación”, expresó.
De acuerdo con Jiménez, la finalidad del sistema era ofrecer una respuesta judicial con una función pedagógica, que permitiera a los adolescentes reconstruir su proyecto de vida y alejarse de la actividad delictiva. Sin embargo, sostuvo que ese escenario ha cambiado.
El juez señaló que por su experiencia al resolver sentencias de personas menores de edad condenadas por varios homicidios calificados ha observado las dificultades que enfrentan los tribunales juveniles para atender causas de esa complejidad dentro de los plazos establecidos.
A su criterio, el marco normativo requiere una revisión para responder a las nuevas manifestaciones de criminalidad organizada en las que participan menores de edad.
Virtualidad como apoyo para que procesos avancen
Por su parte, Dumani se refirió a la responsabilidad del Poder Judicial ante procesos que tardan años en llegar a juicio, mientras las personas afectadas continúan esperando una respuesta.
La jueza consideró que la institución debe tomar decisiones sobre la organización y realización de las audiencias para reducir las suspensiones y los atrasos.
Como una de las alternativas, propuso ampliar el uso de videoconferencias y plataformas como Microsoft Teams para facilitar la participación de defensores que deban atender diligencias en distintos despachos judiciales.
Explicó que esa modalidad ya se utiliza en Guanacaste para coordinar la participación de abogados que se encuentran en otras localidades y que, al mismo tiempo, tienen audiencias o juicios programados.
Según relató, los despachos coordinan para que el defensor pueda suspender temporalmente una diligencia, participar virtualmente en otra y luego reincorporarse a la primera.
“Esto ha permitido que los expedientes avancen”, afirmó.
Dumani reconoció que existen restricciones para aplicar esa modalidad en la etapa de juicio, pero consideró que el Poder Judicial debería revisar sus circulares y ampliar las posibilidades de conexión virtual para las audiencias preliminares.
La intención, explicó, sería evitar que la coincidencia de señalamientos en distintos despachos o la ubicación de un defensor se conviertan en motivos para postergar una diligencia y prolongar aún más los procesos.