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La Sala Constitucional tramita un recurso de amparo contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, luego de que afirmara, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, que tenían “identificados” a críticos del Gobierno, a quienes calificó como “zurdos”.
El recurso fue presentado por la activista política Mía Fink Uleth y, mediante una resolución emitida este jueves 18 de setiembre, la Sala ordenó al ministro rendir un informe sobre los hechos alegados.
Las declaraciones que originaron el amparo fueron realizadas por Aguilar durante una conferencia de prensa del Gobierno el 12 de agosto, según consta en el recurso.
“¿Qué sigue en el Plan Cero Ocio, señora presidente? Para todos estos abolicionistas que hablaron tanta paja que esto era flor de un día. Estos zurdos, algunos de closet todavía, que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos”, manifestó Aguilar.
Seis días antes de esas declaraciones, cientos de ciudadanos realizaron un plantón en la Plaza de la Democracia, en San José, en defensa del Poder Judicial y de lo que los participantes denominaron “justicia democrática”.
En la actividad participaron grupos, colectivos, organizaciones, activistas y ciudadanos que expresaron opiniones sobre asuntos políticos y de interés público. Además, de figuras políticas de diferentes partidos y administraciones de gobierno anteriores. Así como figuras del Poder Judicial.
Recurso cuestiona cómo se realizó la ‘identificación’
A partir de las declaraciones del ministro, Fink afirmó que fue una de las personas que participó del plantón en defensa de la justicia democrática y desconoce si se encuentra dentro del grupo de personas al que Aguilar se refirió como “identificado”.
La joven activista cuestionó qué información podría tener el Ministerio de Justicia sobre su participación en esa manifestación o en otros espacios políticos, quién habría realizado la identificación y mediante qué mecanismos se habría obtenido la información.
También planteó si esos datos pudieron obtenerse mediante registros administrativos, bases de datos institucionales, vigilancia, seguimiento o monitoreo de redes sociales, así como cuál sería el fundamento para recopilar esa información y la finalidad para la cual se utilizaría.
Fink además cuestionó dónde estaría almacenada la información, cuáles funcionarios o instituciones tendrían acceso a ella y si habría sido comunicada o trasladada a otras autoridades públicas.
También alegó que esa incertidumbre pone en riesgo su garantía de expresar opiniones políticas y participar en espacios de discusión “sin ser identificada, ni mucho menos perseguida”.
Como parte de la tramitación del amparo, la Sala ordenó a Aguilar presentar el informe dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.
La Sala advirtió que la omisión de presentar el informe podría llevar a que se tengan por ciertos los hechos alegados y se declare con lugar el recurso.
Declaraciones ya habían generado discusión en el Congreso
Las afirmaciones de Aguilar ya habían provocado una discusión en la Asamblea Legislativa. El 20 de agosto, el plenario rechazó, por 27 votos contra 21, una gestión relacionada con una moción para condenar las declaraciones del ministro.
Durante ese debate, el diputado oficialista Juan Manuel Quesada, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), sostuvo que las palabras del jerarca habían sido sacadas de contexto.
Según Quesada, cuando Aguilar habló de personas “identificadas”, se refería a quienes participaron en el plantón del 6 de agosto, entre ellas, afirmó, figuras del Partido Liberación Nacional y exfuncionarios de gobierno.
