La Sala Constitucional recibió este viernes 23 de octubre el Gran Premio Chapultepec 2026, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante su 82.ª Asamblea General, celebrada en Bogotá, Colombia.
El magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional, recibió la distinción de manos de Pierre Manigault, presidente de la SIP.
Según la organización, el premio reconoce una serie de fallos judiciales que fortalecieron las garantías para el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el acceso de la ciudadanía a información plural e independiente.
La SIP destacó que estas resoluciones consolidaron una jurisprudencia de referencia para la protección de la libertad de prensa en América.
Fallos de la Sala Constitucional que motivaron el reconocimiento
Durante su discurso de aceptación, Castillo Víquez repasó varias resoluciones del tribunal relacionadas con la protección de periodistas y medios de comunicación.
Entre los antecedentes mencionó una sentencia del 1990 que declaró inconstitucional la colegiatura obligatoria de periodistas. La resolución se fundamentó en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También recordó un fallo del 2007 que reconoció el derecho de los periodistas a proteger la identidad de sus fuentes como parte esencial de la libertad de prensa.
En el 2018, la Sala Constitucional resolvió un recurso presentado por un periodista que fue expulsado de un grupo de WhatsApp de la oficina de relaciones públicas de un ministerio. El tribunal consideró irrazonable su exclusión por tiempo indefinido.
Otro antecedente ocurrió en el 2019, cuando los magistrados ordenaron entregar a un periodista información sobre permisos con goce de salario concedidos a jueces del Poder Judicial.
En el 2020, el tribunal anuló una resolución de la Agencia de Protección de Datos que ordenaba a un medio de comunicación retirar una fotografía de una noticia de interés público.
Uno de los casos mencionados por Castillo Víquez fue el cierre de Parque Viva, ordenado por el Ministerio de Salud en el 2022.
En esa ocasión, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por Armando González Rodicio, entonces director de La Nación, y firmado por varios periodistas, debido a la orden sanitaria contra el centro de eventos que es propiedad de la empresa dueña del medio. El Tribunal observó que se trató de una violación indirecta a la libertad de prensa.
El magistrado también recordó una sentencia del 2023 relacionada con expresiones ofensivas del presidente de la República y la ministra de Salud contra un periodista por su trabajo investigativo.
En el 2024, el tribunal resolvió otro recurso relacionado con el trato recibido por periodistas durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.
Según explicó Castillo Víquez, la Sala determinó que el trato verbal ofensivo y las acciones intimidatorias contra comunicadores constituyeron una vulneración de la libertad de prensa.
Ese mismo año, la Sala acogió un recurso relacionado con la eliminación de pauta publicitaria estatal a un programa de televisión de contenido satírico sobre la gestión gubernamental.
El magistrado incluyó, además, las resoluciones contra el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión, en el cual el Poder Ejecutivo estableció el criterio económico como único parámetro para adjudicarlas.
Presidente de la Sala advierte sobre amenazas a la libertad de prensa
Durante su intervención, Castillo Víquez expresó preocupación por las amenazas contra el periodismo independiente en distintos países de América.
El magistrado señaló que algunos movimientos políticos recurren a la descalificación pública, la reducción de publicidad estatal y las restricciones a concesiones de medios como mecanismos de presión contra la prensa.
“La libertad de prensa es objeto hoy de ataques nunca vistos por parte de movimientos políticos que pretenden borrarla o reducirla a la mínima expresión a través de acciones directas o indirectas. La idea que subyace en estos movimientos, la mayoría de corte populistas, es crear un pensamiento estandarizado afín a quienes están gobernando”, senaló durante su discurso.
Ante este panorama, planteó la necesidad de establecer estrategias de protección del periodismo independiente, con participación de organizaciones civiles, partidos políticos y entidades no gubernamentales.
También consideró necesario aplicar a las redes sociales los estándares de libertad de expresión y acceso a la información desarrollados por los tribunales constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Castillo Víquez recibió el premio en representación de la Sala Constitucional.
“Recibo este premio a nombre de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Lo hago con humidad, pero también con un gran sentido de responsabilidad, seguro de que este tribunal seguirá siendo un faro en el continente americano que ilumine el camino de la defensa efectiva de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la información pública, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, concluyó el magistrado.
