El prevaricato ocurre cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda a partir de hechos falsos, según el artículo 357 del Código Penal. Esta práctica conlleva una pena de dos a seis años de cárcel.
En tanto, el abuso de autoridad se materializa cuando un funcionario, extralimitándose en sus potestades, ordena o comete cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. Este delito es castigado con una pena de tres meses a dos años de cárcel, de acuerdo con el artículo 338.
Asimismo, el miércoles 18 de setiembre, el fiscal general, Carlo Díaz, allanó la sede central del Ministerio de Salud y la regional de Alajuela como parte de una investigación por los supuestos delitos de prevaricato y abuso de autoridad, en relación con la orden que emitió el gobierno, en julio del 2022, para cerrar el Parque Viva. En octubre de ese mismo año, la Sala IV anuló la orden sanitaria al concluir que se trató de una medida arbitraria que, a todas luces, constituyó una desviación de poder.
