La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) evitó referirse a los detalles, ni adelantar conclusiones sobre la denuncia penal presentada contra el diputado oficialista Fernando Obaldía por presunto acoso predatorio en contra de una asesora de su despacho.
En una nota difundida a las 4:37 p. m. de este lunes, la fracción oficialista declaró que toman con “absoluta seriedad” cualquier denuncia que se presente.
“No vamos a minimizar ninguna situación de esta naturaleza y seremos firmes ante cualquier conducta que, una vez comprobada y mediante los procedimientos correspondientes, atente contra el respeto, la dignidad o la integridad de las personas”, dice la nota de prensa.
La denuncia contra Obaldía se presentó este lunes, según lo confirmó la Fiscalía General de la República, por el presunto delito de acoso predatorio.
El delito de acoso predatorio se refiere al hostigamiento o acoso a una persona, de forma reiterada e insistente, sin consentimiento de la víctima y en afectación de su intimidad, integridad, vida privada o sus actividades cotidianas.
Según el Código Penal, el acoso predatorio se da cuando una persona intenta establecer contacto con la víctima, por medio físico, cibernético o a través de terceras personas, así como jaquear, interferir, interpretar o controlar un dispositivo o datos personales de la víctima.
Cuando la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad o bien cuando la persona autora del acoso se prevalezca de una relación o vínculo de autoridad, o de una relación de poder con la víctima, se puede agravar la sanción por dichas acciones predatorias.
También puede agravarse el delito cuando la persona autora se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña.
La fracción de Pueblo Soberano afirmó que existen procedimientos establecidos que deben respetarse, así como el derecho de todas las partes al debido proceso.
“Eso no significa indiferencia ni falta de firmeza, sino actuar con responsabilidad y sobre hechos debidamente comprobados”, dice el comunicado de los oficialistas, en el que no se identifica ningún vocero del PPSO.
La bancada alegó que, por respeto a la confidencialidad del proceso, a las personas involucradas y para evitar cualquier forma de revictimización, la fracción oficialista no se referirá a detalles ni adelantará conclusiones mientras el procedimiento esté en curso.
Se le pidió una declaración a Yara Jiménez, como presidenta del Directorio legislativo que debería tramitar las denuncias en lo administrativo, pero al cierre no había respondido.
El antecedente más cercano de un diputado denunciado por presuntas conductas de hostigamiento sexual es el del excongresista Fabricio Alvarado, denunciado por una asesora de la fracción de Nueva República el periodo pasado.
La denuncia fue presentada oficialmente a inicios de febrero y el Directorio legislativo llevó adelante el proceso como lo establece el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa. La comisión especial emitió tres informes, en dos de los cuales recomendaba la sanción ética.
Sin embargo, al final del periodo legislativo anterior no se conocieron esos informes en el plenario y la fracción del PPSO, de la mano de Yara Jiménez, sepultó los informes, pese al criterio de la Dirección de Asesoría Legal del Congreso que recomendó votar los informes.
