Pilar Cisneros declara en Fiscalía por presunto financiamiento ilegal de campaña 2022: ‘Cada palo que aguante su vela’
Exdiputada negó vínculos con la presunta estructura paralela de campaña de 2022 y afirmó que cada imputado deberá ejercer su propia defensa
Pilar Cisneros acudió a la Fiscalía para rendir declaración indagatoria por el presunto financiamiento ilegal de la campaña del PPSD en 2022. Albert Marín
La exdiputada oficialista Pilar Cisneros rechazó este jueves los hechos que se le atribuyen en la causa penal por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en 2022, luego de rendir su declaración indagatoria ante la Fiscalía General de la República.
Cisneros figura como imputada en la causa penal que investiga una presunta estructura paralela de financiamiento de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.
Cisneros ingresó a la sede judicial sin dar declaraciones a la prensa. Tras concluir la diligencia, aseguró que no existe ninguna prueba que la vincule con la presunta estructura paralela de financiamiento de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia.
“Rechazo categóricamente los hechos que se me imputan”, afirmó la exlegisladora, quien figura como imputada en el expediente judicial.
Pilar Cisneros acudió a la Fiscalía para rendir declaración indagatoria por el presunto financiamiento ilegal de la campaña del PPSD en 2022. (Albert Marín/La Nación)
Su abogado, José Francisco Madrigal, explicó que a Cisneros se le atribuye haber utilizado la presunta estructura paralela de financiamiento para recibir donaciones u otros aportes destinados al partido o a la campaña electoral. Sin embargo, aseguró que no existe ninguna prueba que la vincule con esa estructura.
El defensor también señaló que Cisneros realizó aportes a la campaña electoral, pero afirmó que estos se canalizaron por medio de la Tesorería del PPSD y fueron reportados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Por su parte, la exdiputada aseguró que el TSE nunca la vinculó con la presunta estructura paralela y que su nombre no aparecía entre las personas identificadas en los informes de ese organismo electoral.
Consultada sobre las demás personas investigadas, Cisneros indicó que cada imputado deberá ejercer su propia defensa y que no puede responder por las actuaciones de otros involucrados en la causa. “Cada palo que aguante su vela”, afirmó.
La exlegisladora ya se había presentado ante la Fiscalía el pasado 4 de setiembre, acompañada de su abogado, José Francisco Madrigal. Sin embargo, en esa ocasión únicamente le solicitaron sus datos personales y establecieron los medios para notificarle sobre los avances del proceso penal.
Ese día permaneció 40 minutos en la Fiscalía y se coordinó que la asistente de su abogado obtuviera una copia del expediente judicial para estudiarlo antes de rendir su declaración en octubre.
Pilar Cisneros estuvo alrededor de 30 minutos rindiendo declaración indagatoria y luego brindó declaraciones a la prensa. (Albert Marín/La Nación)
¿Qué investiga la Fiscalía sobre el financiamiento de la campaña de 2022?
El Ministerio Público investiga la presunta captación de recursos y el pago de gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que, según la Fiscalía, operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería del PPSD. Una de ellas funcionó mediante el fideicomiso Costa Rica Próspera y la otra a través de cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó parte de la agenda de Chaves durante 2021.
En junio de 2025, el fiscal general, Carlo Díaz, presentó una acusación contra siete personas por presuntos delitos relacionados con el financiamiento electoral. Entre los imputados que ya no tienen inmunidad figuran Cisneros, los exdiputados Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera, así como el excanciller Arnoldo André. Los otros dos son Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, y el diputado Stephan Brunner, quienes mantienen su inmunidad.
Cisneros al momento de ingresar a la Fiscalía General. (Albert Marín/La Nación)
