Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III), aspira a dirigir la Corte Suprema de Justicia mientras busca su reelección como magistrada por otros ocho años. Ambos procesos avanzan simultáneamente, por lo que podría asumir la presidencia del Poder Judicial sin tener asegurada su continuidad en la magistratura.
La elección de la presidencia de la Corte comenzará el 26 de octubre, mientras que el nombramiento de Solano vence el 6 de noviembre, antes de que necesariamente se haya definido su reelección.
La magistrada compite por la presidencia con Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro, también integrantes de la Sala III, así como con Damaris Vargas, presidenta en ejercicio de la Corte y magistrada de la Sala Primera.
Solano se convirtió en una de las figuras más visibles del Poder Judicial en los reiterados choques con la administración del exmandatario Rodrigo Chaves en temas como la seguridad ciudadana, la criminalidad y el funcionamiento de los tribunales.
Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, pidió a los diputados impedir la reelección de Solano. Sin embargo, la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con 31 legisladores, siete menos de los 38 votos necesarios para bloquear su continuidad. Si la Asamblea Legislativa no reúne esa mayoría en contra, la magistrada quedará reelegida automáticamente.
Solano justifica su aspiración en la necesidad de dar continuidad a proyectos pendientes, como el rediseño del modelo penal, que lidera desde 2020. “El 2025 fue el año que nosotros tuvimos el mayor rendimiento en la historia de juicios”, afirmó a La Nación, al señalar que la producción aumentó un 30% gracias al modelo de gestión implementado.
“Estimando que el tema de gestión es una de las debilidades o algo que hay que fortalecer en el Poder Judicial para que demos una respuesta más oportuna a los ciudadanos, es algo que me motiva continuar”, indicó.
Silencio y pecado
Para Solano, el Poder Judicial se equivocó al mantener silencio durante buena parte de los enfrentamientos con el Ejecutivo. A su criterio, esa actitud permitió que las acusaciones del Gobierno quedaran sin respuesta.
“Fue un pecado”, dijo sobre esa decisión, al considerar que el silencio dejó que “quedara la idea de que lo que el Ejecutivo decía era cierto”. Para ella, “el que calla otorga”.
La magistrada también reconoce que el Poder Judicial ha fallado al explicar a la población las razones por las que algunos procesos judiciales tardan años. A su criterio, cuando se ofrecen explicaciones, las personas suelen comprender mejor las dificultades que enfrenta el sistema para producir los resultados esperados. Solano afirmó que el Poder Judicial tiene capacidad para resolver cerca del 80% de los casos que ingresan.
Aunque la duración promedio de un proceso penal ronda los cuatro años, sostuvo que los expedientes que se extienden por más tiempo representan una “ínfima cantidad” y suelen corresponder a causas complejas, como las relacionadas con corrupción y delitos económicos. La magistrada atribuyó esas demoras a la complejidad de las investigaciones y a las actuaciones de las partes durante el proceso. Como ejemplo menciona el caso Aldesa, en el que las solicitudes de suspensión y otros recursos de las defensas dificultaron el inicio de la audiencia preliminar.
Inefectividad de la mano dura
Solano rechazó que el endurecimiento de las penas, por sí solo, sea una respuesta eficaz frente al aumento de la criminalidad.
“Vea cómo hemos variado las penas, sobre todo en homicidio, que han pasado a veces de 20 a 50 años, y más bien tenemos tasas de homicidio más altas”, manifestó.
También advirtió que cerca del 70% de las personas privadas de libertad son hombres de entre 18 y 30 años, una etapa en la que “en el tope más alto de su producción de vida y están detenidos por la comisión de delitos”.
La magistrada cuestionó, además, que el discurso oficial contra la criminalidad no siempre esté acompañado de recursos para investigarla. “Pero no es salir un miércoles diciendo, que es que debemos combatir la criminalidad, que yo me comprometo a combatir la criminalidad y al día siguiente le quitan los recursos a la Fiscalía y al OIJ con lo que hacen las investigaciones para combatir esa criminalidad”, señaló. “Usted tiene que ser consecuente entre lo que hace y lo que dice”, agregó.
Solano: “Para pelear se ocupan dos”
La presidenta de la Sala III negó que los ataques del gobierno influyeran en su decisión de buscar la reelección. Recordó que es jueza desde 1988 y que ha enfrentado amenazas durante su carrera, aunque no como las actuales, provenientes “de un poder de la República atacando”. Considera que los señalamientos trascienden su persona: “Es lo que yo represento dentro de la institucionalidad y dentro de lo que es el Poder Judicial”.
También rechazó que sus respuestas al Ejecutivo busquen confrontación. “Para pelear se ocupan dos y en realidad usted nunca me ha escuchado que yo salga simplemente a atacar al Poder Ejecutivo. He dado respuestas a acusaciones que no son ciertas, que es diferente”, sostuvo.
La magistrada defendió el diálogo entre poderes, pero sin amenazas ni insultos. Cuestionó que la reunión convocada el 18 de mayo por la presidenta Laura Fernández se declarara privada por razones de seguridad nacional, cuando, a su juicio, se abordaban asuntos de seguridad ciudadana. “La seguridad nacional es un tema entre Estados, porque otro Estado nos ataque. Lo que nosotros conocemos de momento es seguridad ciudadana, por la violencia que están generando las bandas criminales. Son temas diferentes”, afirmó.
Solano también defendió los derechos de las personas privadas de libertad: “Lo que se les olvida a veces es que, por lo menos desde mi visión, las personas que están detenidas en las cárceles no son un depósito de personas. El que usted haya delinquido no le quita la condición de humano”.
Reformas desde la Sala III
Solano planteó que mejorar la gestión judicial requiere reformas administrativas y procesales, así como reducir los asuntos que conoce la Corte Plena. Considera que la presidencia del Poder Judicial puede agilizar decisiones y sostiene que la Sala III ha impulsado cambios legales para mejorar la respuesta penal.
Entre las propuestas figuran permitir allanamientos las 24 horas, incluidos feriados; agilizar el levantamiento de cuerpos por parte del OIJ en vías públicas; y fijar plazos para que los jueces resuelvan solicitudes de la Fiscalía. También propone que tribunales unipersonales conozcan delitos castigados con hasta 10 años de prisión y permitir soluciones alternas en la audiencia intermedia, medida que, según Solano, liberaría alrededor del 40% de las agendas de los tribunales penales, una de las áreas más saturadas.
La magistrada advirtió que las organizaciones criminales son cada vez más complejas, utilizan estructuras legales para encubrir actividades ilícitas y disponen de profesionales especializados y recursos superiores a los de las instituciones judiciales. “Y ellos no tienen las restricciones económicas que tenemos nosotros”, afirmó.