La disputa por la Presidencia del Poder Judicial se concentra, hasta ahora, en la Sala de Casación Penal, conocida como Sala III. Tres de sus cuatro integrantes oficializaron sus candidaturas para dirigir la Corte Suprema de Justicia: Patricia Solano, actual presidenta del alto tribunal; Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro. A ellos se suma Damaris Vargas, actual presidenta en ejercicio y magistrada de la Sala I, quien también aspira al cargo.
El plazo para presentar candidaturas venció este lunes 12 de octubre, mientras que la votación está prevista para iniciar el próximo 26 de octubre.
Actualmente, la Sala III está integrada por cuatro magistrados y mantiene una vacante desde el 1.º de junio, cuando Sandra Zúñiga se acogió a su pensión. La Asamblea Legislativa tiene pendiente nombrar a quien llenará el cargo.
Para resultar electa, el candidato deberá obtener al menos 12 votos de los 22 magistrados que integran la Corte Plena. Además, esta será la primera vez que la Presidencia del Poder Judicial se elija mediante una votación pública, un cambio que permitirá conocer el respaldo que recibe cada aspirante y eventuales cambios en los respaldos.
La elección se efectuará después de un debate público entre los candidatos. En la primera sesión se pueden realizar cinco rondas de votación si fuera necesario. Para ello, primero se llevan a cabo tres rondas; si después de esas votaciones no se produce la elección, se decreta un receso de al menos 20 minutos.
Si las primeras cinco rondas resultan infructuosas, Corte Plena debe convocar una segunda ronda de votación una semana después. Durante esa semana, o incluso el mismo día establecido para la segunda ronda, pueden presentarse nuevas candidaturas.
Mejorar la gestión de Corte
Patricia Solano indicó que pondría énfasis en mejorar la gestión de la institución, tanto en la administración de justicia como en el ámbito administrativo. La magistrada considera que su experiencia le permite impulsar cambios para agilizar los procesos y mejorar los resultados.
“Tengo no solo la experiencia, sino las habilidades, para poder avanzar en temas sobre todo de gestión”, manifestó.
Entre sus propuestas está reducir la cantidad de asuntos que llegan a discusión en Corte Plena, el máximo órgano del Poder Judicial, mediante un mayor aprovechamiento de las facultades que tiene la Presidencia para resolver determinados temas sin necesidad de someterlos al conocimiento de los magistrados.
“Creo que hay un montón de asuntos que llegan a Corte que no deberían, porque el presidente tiene las facultades para poder decidir y no llevarlas a Corte Plena a que se discutan temas que perfectamente las puede resolver Presidencia”, explicó Solano.
A su criterio, trasladar esas decisiones a las instancias correspondientes permitiría aprovechar mejor el tiempo de las sesiones de Corte Plena.
La defensa de la institucionalidad
Por su parte, Patricia Vargas justificó su decisión de aspirar a la Presidencia de la Corte en la necesidad de defender la institucionalidad y la vida democrática del país, en un contexto que considera particularmente delicado por los ataques al Poder Judicial y los recortes presupuestarios que viene enfrentando la institución.
“Hay muchos temas que hacen pensar que esta es una coyuntura particularmente delicada, no solo para la institución, sino para el país”, concluyó.
La magistrada describió la decisión de presentar su candidatura como parte de un reto histórico para quienes integran la Corte Suprema de Justicia. “La prioridad tiene que ser la institución y la vida democrática del país”, afirmó.
Vargas señaló que las críticas al Poder Judicial deben recibirse como una oportunidad para identificar aspectos por mejorar, aunque hizo un llamado a que se formulen con respeto.
“La crítica no es mala, permite construir. El Poder Judicial es consciente de las oportunidades de mejora que tiene, tomamos con respeto las críticas que formula la ciudadanía, pero estas deben darse desde el respeto de cada quien y de las personas, no pueden degradar”, expresó.
La magistrada mencionó entre los desafíos de la institución: la mora judicial, la necesidad de acercar la justicia a la ciudadanía, mejorar la comunicación y defender el presupuesto del Poder Judicial.
Liderazgo sereno
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, considera que la Presidencia de la Corte requiere un liderazgo capaz de reunir las distintas posiciones que conviven en el máximo órgano del Poder Judicial.
“Conozco el Poder Judicial, sé cuáles son sus fortalezas, también sé reconocer sus debilidades y creo que en este momento se necesita un liderazgo firme, sereno”, manifestó.
Alfaro reconoció que dirigir un órgano integrado por 22 magistrados, con diferentes ideas y posiciones, no es una tarea sencilla. Sin embargo, sostuvo que incluso en momentos de tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno, es posible coordinar esfuerzos y alcanzar acuerdos para mejorar la administración de justicia.
“Por más difícil que podamos entender las relaciones, por más momentos de tensión que podamos pensar que existen, yo creo que siempre habrá la oportunidad para poder llevar adelante los proyectos, para poder coordinar, poder establecer enlaces y llevar adelante lo que la gente quiere, que es una administración de justicia que sea pronta, cumplida, que llegue a todas las personas”, expresó.
Consultado sobre la coincidencia de tres candidaturas provenientes de la Sala III, Alfaro señaló que la atención que recibe actualmente la justicia penal, ante el avance del crimen organizado, podría explicar parte de ese interés.
No obstante, recordó que la labor del Poder Judicial trasciende la materia penal y abarca conflictos de distinta naturaleza. Por ello, señaló que la Presidencia debe dirigir una institución que atiende todas las áreas de la administración de justicia.
Mayor incidencia desde la Presidencia
Damaris Vargas, actual presidenta en ejercicio de la Corte, explicó que su aspiración responde a la posibilidad de tener una mayor incidencia en la conducción del Poder Judicial. “Mi interés es servir a Costa Rica”, afirmó.
Vargas sostuvo que desde la Presidencia podría tener un mayor impacto en sus objetivos, entre ellos tender puentes, promover el diálogo y mantener una escucha activa con los distintos sectores del Poder Judicial, el Gobierno y la ciudadanía.
La magistrada también se refirió a la compleja relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Ante ese escenario, abogó por mejorar la comunicación entre las instituciones y procurar acuerdos, sin desconocer las competencias de cada poder.
“El país necesita que hagamos nuestro mejor esfuerzo para una comunicación más asertiva, para buscar consensos, buscar diálogos, porque la ciudadanía necesita que el Estado funcione correctamente y el Estado somos los tres poderes”, manifestó.