Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, afirmó este lunes que el operativo ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público para capturar a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, tuvo un costo de ¢50 millones.
La magistrada brindó la cifra durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Lo hizo en respuesta a una consulta de la diputada Diana Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre el impacto de los recortes presupuestarios en el Poder Judicial.
Según explicó Solano, el dato le fue proporcionado por el director interino del OIJ, Michael Soto.
“Cuando ustedes piensan que fue cerca de una hora lo que duró el tiroteo, nada más imagínese la cantidad de proyectiles que dispararon nuestros oficiales”, afirmó.
Solano advirtió de que las limitaciones presupuestarias inciden directamente en la capacidad operativa del Poder Judicial, que actualmente solo logra resolver cerca del 80% de los asuntos que ingresan.
Además, recordó que, por tratarse de una institución de servicio, alrededor del 80% de su presupuesto se destina al pago de remuneraciones, lo que reduce el margen para financiar otras funciones esenciales.
En ese contexto, alertó de que los recortes afectan áreas clave, especialmente aquellas vinculadas con el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.
Como ejemplo, mencionó que podrían verse comprometidos servicios como la compra de reactivos para pruebas de paternidad, así como el traslado de personas fallecidas —una vez realizadas las autopsias— hacia sus comunidades de origen cuando sus familias no cuentan con recursos para hacerlo.
“Mientras al Poder Judicial no se le asignen los recursos que se requieren y que ordena la Constitución, para cumplir todas sus funciones, no pueden esperar que se dé la respuesta que nosotros quisiéramos dar”, agregó.
Solano fue convocada por la Comisión de Nombramientos para que brindara insumos a los diputados sobre el perfil que deben tener los candidatos a magistrados suplentes y propietarios.
La engañaron y la trajeron a otra cosa
No obstante, la diputada Diana Murillo cuestionó que la mayoría de las consultas planteadas por los legisladores oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se enfocaran en otros temas y no en las recomendaciones de la magistrada sobre los perfiles que deben elegirse.
“Parece que es una valoración de su trabajo e incluso del Poder Judicial, le han hecho preguntas del presupuesto. Me siento un poco perdida en la Comisión, porque no fue ese el objetivo que veo en el acuerdo para que usted asistiera esta noche (...) La engañaron y la trajeron para otra cosa“, alegó la verdiblanca.
El reclamo de Murillo fue descartado por los oficialistas Marta Esquivel y Antonio Barzuna, al mencionar que se trataba de una convocatoria amplia y que el mismo trato se le había brindado a los presidentes de otras salas del Poder Judicial.
Solano también fue consultada por la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar, de forma temporal, el nombramiento de magistrados suplentes para evitar la parálisis de ese órgano.
La magistrada se negó a contestar debido a la querella por presunto prevaricato que presentó el gobierno de Laura Fernández contra la resolución.