Costa Rica muestra un desempeño sólido en áreas clave para prevenir la corrupción, como el control de conflictos de interés y el financiamiento político, aunque mantiene espacios de mejora en regulación y límites específicos.
Así lo señala el informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE) que evalúa tanto la solidez de las normas como su aplicación práctica en distintos países.
En materia de la prevención y manejo de los conflictos de interés, el reporte señala de forma expresa que Costa Rica y México son los países miembros que han mostrado la mayor reducción en la brecha entre lo que establecen las leyes y lo que ocurre en la práctica, entre 2022 y 2025.
Conflictos de interés
Costa Rica alcanza el 100 % de los criterios normativos y el 89 % de los prácticos, muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 80 % y 45 %, respectivamente.
El informe destaca que el país cuenta con un marco legal robusto, encabezado por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que establece incompatibilidades claras entre cargos públicos y actividades privadas, así como obligaciones de transparencia.
Todos los altos funcionarios —incluidos miembros del Gobierno, diputados y jerarcas del Poder Judicial— deben presentar declaraciones de intereses. La tasa de cumplimiento supera el 90%, y la mayoría de estas declaraciones ha sido verificada por la Contraloría General de la República (CGR) mediante un enfoque basado en riesgo.
El reconocimiento a Costa Rica en la reducción de la brecha de implementación se vincula, según la OCDE, con la mejora y publicación de las tasas de presentación de declaraciones de los funcionarios públicos y a la adopción de un enfoque más basado en el riesgo para verificar las declaraciones
Además, la OCDE resalta como buena práctica el uso de herramientas de verificación que cruzan información con bases de datos externas para detectar irregularidades, lo que ha permitido identificar posibles conflictos de interés y emitir recomendaciones para su corrección.
Contratación pública
En el ámbito de la contratación pública, la OCDE también enfatizó en una medida puntual adoptada por Costa Rica: la obligación de que los oferentes presenten una declaración jurada junto con sus ofertas, certificando que no están sujetos a prohibiciones legales, bajo pena de incurrir en perjurio.
Este requisito está contemplado en la Ley General de Contratación Pública, vigente desde el año 2022, y busca reforzar la integridad en los procesos de compra del Estado.
Financiamiento político
En cuanto al financiamiento político, Costa Rica también muestra resultados superiores al promedio de la OCDE. El país cumple el 80 % de los criterios normativos y el 86 % de los prácticos, frente a promedios de 76 % y 58 %, respectivamente.
El informe destaca que el marco legal prohíbe las donaciones anónimas y las contribuciones de gobiernos o empresas extranjeras, y exige a partidos y candidatos reportar y publicar su información financiera durante las campañas.
Además, existe una plataforma única donde se pueden consultar los informes financieros de los partidos, y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) supervisa el cumplimiento de estas obligaciones, con altos niveles de presentación dentro de los plazos establecidos.
Pese a estos avances, la OCDE identifica una debilidad importante: Costa Rica no cuenta con límites máximos para el gasto de campaña ni para las contribuciones individuales a candidatos.