La expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, rechazó este jueves que, durante su gestión, se haya aprobado o autorizado la póliza que la aseguradora estatal ofertó al Ministerio de Hacienda en octubre para proteger al presidente Rodrigo Chaves y sus ministros, frente a eventuales demandas por actuaciones negligentes en el ejercicio del cargo, incluyendo daños ambientales y costos de procesos de extradición.
Ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, Araya explicó que el INS tiene registrado un producto desde el 2010, destinado a cubrir responsabilidad civil de “directores y oficiales”, pero ella no gestionó cambió alguno al respecto.
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La exjerarca hizo las manifestaciones al inicio de la sesión del foro legislativo, pero se negó a responder las consultas de los legisladores. También, participó en la audiencia el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
Ariel Robles, legislador del Frente Amplio (FA), le consultó a Araya si los cambios se hicieron después de su salida del INS en mayo del presente año, pero la expresidenta ejecutiva se limitó a reiterar que el producto no tuvo que ver con su gestión.
Vicepresidente confirma que Araya no conoció nueva versión de la póliza
Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó al vicepresidente Brunner si Araya tuvo conocimiento de los alcances de la póliza por la que finalmente Hacienda iba a pagar una prima anual de ¢248 millones.
Al respecto, Brunner declaró en un primer momento que, en las reuniones que sostuvo con ella, nunca hablaron en detalle de los distintos rubros que cubriría el seguro. Luego de que Nicolás le reiterara la consulta, el vicepresidente expresó que no le podía asegurar que Araya no estuviera al tanto de los alcances de la póliza, “pero yo diría que no”.
Monserrat Ruiz, también verdiblanca, cuestionó a la exjerarca por desmarcarse del proceso, pese a que Brunner afirmó a los diputados de que se reunió en al menos dos ocasiones con Araya para discutir el interés del gobierno en adquirir la protección.
La verdiblanca le citó un oficio del 16 de mayo del presente año, redactado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en el que se menciona que el tema fue “valorado por el Consejo de Gobierno y se solicitó al Instituto Nacional de Seguros una propuesta con el monto anual de una póliza que cubra los gastos derivados de los procesos judiciales (...), donde solidariamente se demande al Estado y a las personas que ocupen los cargos de ministros y viceministros”.
“Ya el Consejo de Gobierno venía plantéandole esto con anterioridad, usted sí conocía esto”, le manifestó Ruiz.
El documento precisa que el INS estimó el costo del aseguramiento en $407.066 más el impuesto del valor agregado. La nota fue remitida por Acosta a Flora Bogantes Ovares, oficial mayor Hacienda, a fin de que identificara una fuente en el presupuesto de la institución, para poder financiar la póliza.
Al respecto, Araya dijo que se mantenía firme en su declaración original y que la póliza que aparece en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), como la ofertada por el INS al Ministerio de Hacienda el 7 de octubre (mediante el oficio DCCE-10317-2024), “no tiene nada que ver, ni la gestioné, ni la recomendé, nada de lo anterior”.
La exjerarca recordó que estuvo al frente del INS desde el 8 de mayo del 2022 y hasta el 8 de mayo del presente año.
Brunner demerita criterio jurídico de Hacienda
La Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda advirtió a Nogui Acosta, el pasado 22 de noviembre, de que la póliza es ilegal, ya que no existe una norma que habilite la suscripción de dicho seguro ni el financiamiento con recursos del Presupuesto Nacional.
El equipo legal concluyó que es necesario contar con una autorización legal previa.
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No obstante, Brunner demeritó el criterio jurídico de Hacienda. Llamó “documentito” al oficio de 30 páginas y aseguró que su contenido “deja mucho que desear”.
Criticó que la opinión jurídica afirme que se prevea el pago de las costas procesales y personales, las cuales el demandado puede cobrar al actor en caso de que gane del proceso.
“No hay nada más falso que eso, y lamentablemente este es el punto cardinal de la póliza; como estos costos no se retribuyen, se hace necesaria una póliza”, protestó el vicepresidente.
El Ministerio de Hacienda inició la contratación a mediados de julio, mediante un proceso de excepción entre entes de derecho público que le permite contratar directamente al INS, sin necesidad de realizar un concurso público para escoger entre distintos oferentes.
La póliza cubriría a 65 jerarcas del Poder Ejecutivo. Además, extendería la protección a funcionarios retirados por pensión o cambio de puesto, siempre que el reclamo esté relacionado con funciones ejercidas durante su cargo y que la póliza esté vigente.
La cobertura también incluye automáticamente a nuevos funcionarios en los cargos designados.