La Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) acordaron revisar, en una mesa técnica, el cobro de ¢46,9 millones que la entidad del Poder Ejecutivo le reclama al gobierno local. Sin embargo, el proceso iniciará con un obstáculo evidente: ambas partes ya tienen posturas definidas y opuestas sobre la legalidad del monto.
El AyA sostiene que el cobro está jurídica y técnicamente justificado. La Municipalidad, por el contrario, afirma que es improcedente e ilegal.
Si bien se acordó que la Defensoría de los Habitantes acompañe las discusiones, serán las dos instituciones en conflicto las que al final tendrán que decidir si consideran procedente, o no, lo indicado en la factura correspondiente al mes de abril.
La revisión del cobro de ¢46,9 millones es el primer punto de cinco acuerdos tomados este miércoles, durante la mesa de diálogo convocada por el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, en la Asamblea Legislativa.
LEA MÁS: Sala IV ordena suspender corte de agua programado para este miércoles en Paraíso
El alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez, y el presidente ejecutivo del AyA, Juan Manuel Quesada, estuvieron de acuerdo con “revisar las mediciones” y “la aritmética” del cobro correspondiente al mes de abril, para “empezar a dejar claro el panorama de cara a las próximas facturas”.
La Nación consultó a ambos jerarcas sobre las posibilidades de que el acuerdo prospere, tomando en cuenta las posiciones abiertamente contrapuestas.
Al respecto, Quesada dijo que el AyA “mantiene no solo la legalidad del cobro, sino la obligación intrínseca porque representa que se ha prestado un servicio público".
“A nosotros nos preocupa cuáles son las señales detrás de eso (negarse a pagar), quiere decir que si a alguien no le parece justa la tarifa no la paga, aunque haya sido fijada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep)“, agregó.
El presidente del AyA señaló estar abierto a tener un acercamiento con el gobierno local, “de cómo se hizo la facturación, para ojalá dar el siguiente paso, que es, determinado el monto y las cantidades, cómo hacemos para pagar”.
Por su parte, el alcalde paraiseño respondió con un cuestionamiento: “¿Quién en este país paga una factura que es ilegal e irregular? Nadie”, expresó.
“Vivimos en un Estado de Derecho, por lo cual nos hemos acogido a sus principios, y no procederemos hasta que la situación se aclare como corresponde”, advirtió Álvarez.
Población afectada
Acueductos y Alcantarillados dio plazo hasta este miércoles, 4 de junio, para cancelar el monto exigido, o de lo contrario, amenazó con suspender el servicio que el municipio distribuye entre más de 4.200 hogares de ese cantón.
La defensora de lo Habitantes, Angie Cruickshank, estimó que de cortarse el agua, cerca de 30.000 personas se verían afectadas, principalmente quienes residen en Llanos de Santa Lucía.
No obstante, una medida cautelar dictada el martes 3 de junio, por la Sala Constitucional frenó la medida, mientras se resuelve un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Paraíso y el AyA, por el conflicto que mantienen ambas entidades.
Los magistrados resolvieron suspender provisionalmente cualquier acción que implique interrumpir el suministro de agua hasta “tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa” y dieron tres días hábiles a las autoridades para que rindan informe ante esa instancia.
Origen del conflicto
El AyA también mantiene el cobro de más de ¢3.400 millones por el servicio suministrado entre noviembre del 2017 y enero del 2025, no obstante dichos cobros están suspendidos, mientras el caso se ventila en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Según el AyA, el conflicto se originó porque pese a que desde 1987 se suministra el agua a la municipalidad, fue en el 2017 que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fijó una tarifa para ese servicio y desde entonces no se aplicaron los pagos.
El agua que se suministra equivale a 50 litros por segundo, que corresponde al 20% del agua que se consume en Paraíso.
En tanto, el municipio rechaza los cobros, pues aseguran que se trata de un cobro irregular. Aseguran que no existe convenio suscrito entre el AyA y la Municipalidad de Paraíso que regule el suministro en gran volumen, como lo exige el propio Reglamento para la Prestación de Servicios de Acueductos y Alcantarillados.