Unos 4.200 vecinos de Paraíso de Cartago podrían quedarse sin agua a partir de este lunes, si la municipalidad de ese cantón, no cancela una deuda de ¢46,9 millones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Esa suma corresponde al suministro de líquido que el AyA le vende al municipio para que este a su vez, provea a los habitantes de la localidad.
Acueductos y Alcantarillados informó que la última factura puesta al cobro venció el pasado 20 de mayo, pero que le dio al ayuntamiento un plazo adicional que vence el próximo domingo 1.° de junio. Si para ese día no se ha cancelado dicho recibo, los abonados se quedarían sin suministro el lunes.
“El día de ayer, jueves 29 de mayo, recibimos al alcalde de la Municipalidad de Paraíso, quien mostró apertura para realizar el pago adeudado y señaló que se procedería con una modificación presupuestaria”, precisó el AyA en un comunicado.
En esa nota de prensa, el Instituto agregó que se le pidió al alcalde Michaell Álvarez presentar por escrito la solicitud presupuestaria, con la debida justificación. Sin embargo, pasadas las 2 p. m. de este viernes, ese oficio no había sido recibido por la entidad.
“Desconocemos si por parte del municipio existe un verdadero interés de cumplir con el pago y de esta forma evitar un corte del servicio que pueda causar desabastecimiento de agua a sus propios vecinos”, indicó el AyA.
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Rechazan cobro
La Municipalidad de Paraíso por su parte, rechazó el cobro y calificó la prevención como “impertinente, ilegal y coercitiva”, pues según señaló en un comunicado de prensa, se fundamenta en una obligación inexistente.
“El rechazo está sustentado en el hecho de que no existe convenio suscrito entre el AyA y la Municipalidad de Paraíso que regule el suministro en gran volumen, como lo exige el propio Reglamento para la Prestación de Servicios de Acueductos y Alcantarillados”, precisó el municipio en el boletín.
Allí también se consignó que la factura en cuestión carece del detalle diario de consumo y presenta una descripción ambigua (“consumo de agua”) que no permite identificar con claridad la base del cálculo, ni su relación con las tarifas vigentes.
Debido a esto, el ayuntamiento pidió la nulidad del acto administrativo y el archivo del procedimiento de cobro, así como la suspensión de las “amenazas” de interrupción del servicio.
La municipalidad había presentado una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para detener el cobro del recibo correspondiente al mes de mayo por ¢46,9 millones; no obstante, dicha solicitud fue rechazada.
En tanto, ese mismo Tribunal sí dejó en suspenso el cobro retroactivo por ¢3,418 millones que mantienen en disputa ambos entes y que corresponde a recibos acumulados entre noviembre del 2017 y enero del 2025.
A inicios de mes, el alcalde paraiseño, Michaell Álvarez, del partido Unidos Podemos (UP), indicó que se trata de un cobro irregular que el AyA le quiere hacer al gobierno local, el cual está siendo disputado ante la Junta Directiva de esa institución y en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).