El proyecto impulsado por el gobierno para legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas de Cutris, en el cantón de San Carlos, se encuentra atrapado en el limbo.
Aunque el Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene 31 votos para aprobarlo, las 597 mociones de fondo presentadas por los cuatro partidos de oposición hacen necesaria una negociación entre las bancadas legislativas para definir el futuro de la iniciativa.
El jefe del PPSO, Nogui Acosta, se ha mostrado confiado en la aplanadora de votos con que cuenta el oficialismo para ganar casi cualquier votación, salvo aquellas que exigen una mayoría calificada de 38 votos.
No obstante, en el tema de Crucitas ha tenido que reconocer que no puede sortear el muro que le imponen las 600 mociones.
Su problema a resolver es que la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde se analiza el texto, tardaría cerca de tres años y ocho meses en resolver tal cantidad de propuestas.
El trámite de cada una de las mociones de fondo tarda una hora y 15 minutos, según lo establece el artículo 5 del Reglamento legislativo. El proponente tiene 15 minutos para presentarla, dos diputados pueden hablar a favor, 15 minutos cada uno, y otros dos pueden hablar en contra, también por 15 minutos cada uno.
Si estos tiempos se utilizaran en su totalidad y la Comisión decidiera ampliar de una a dos sesiones por semana (una extra) durante 46 meses, la revisión de mociones se llevaría casi los cuatro años de este periodo legislativo.
En caso de que nadie utilice los 30 minutos para hablar en contra de cada moción, el tiempo para tramitar cada una se reduciría a 45 minutos. Entonces, el plazo para agotar las 597 propuestas se reduciría a dos años y tres meses.
La obligación de dialogar y negociar
Frente a ese panorama, sentarse a dialogar y negociar es la única opción para que avance el proyecto que impulsa la administración Fernández para legalizar la minería a cielo abierto y otorgar concesiones mediante subasta.
Consciente de esa necesidad, Pueblo Soberano se acercó a la mesa propuesta por el Partido Liberación Nacional (PLN) para discutir el tema.
Aun así, las señales de impaciencia afloran en el oficialismo. El martes pasado, Acosta levantó la voz en el plenario para reclamar que las fracciones no habían cumplido su promesa de retirar un número sustancial de mociones para negociar.
El reclamo apresurado no cayó bien entre sus interlocutores, quienes le señalaron que ya habían hecho o estaban haciendo retiros de mociones. Lo anterior obligó al jefe oficialista a bajar el tono y, ya fuera de micrófono, disculparse.
De hecho, de las 366 mociones presentadas por el Frente Amplio (FA), la agrupación retiró siete. El PLN sacó 32 de las 182 enviadas, mientras que Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), eliminó 15 de sus 63 mociones. Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), solo presentó cuatro mociones, las cuales mantiene.
Las otras 31 mociones de fondo corresponden a exdiputados de la Unidad y de Liberación del periodo pasado, y una independiente. Además, hay un texto sustitutivo de varias fracciones y otro de Pueblo Soberano.
El pasado jueves, antes de que la Asamblea Legislativa se acogiera a una semana de receso, Nogui Acosta dejó planteada la promesa de revisar las mociones de fondo que más les interesan a la oposición y responder, al regreso de las vacaciones, cuáles aceptan y cuáles no.
Más allá de la reforma legal: las responsabilidades del Ejecutivo
Más allá del diálogo que sostienen las fracciones legislativas en torno a la propuesta del PPSO para legalizar la minería a cielo abierto, el jefe del PLN, Álvaro Ramírez, señaló que hay otros problemas de la comunidad de Cutris que son responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Mencionó los servicios públicos que se les debe a los pobladores: seguridad, salud, educación, agua, telecomunicaciones y oportunidades de empleo, entre otros.
“Para nosotros, el punto de partida debe ser una solución integral al problema en Crucitas, que va más allá del proyecto de ley. Es una responsabilidad compartida, no nos pueden tirar solo a nosotros. Está muy claro en la resolución de la Sala Constitucional, sobre lo que le toca al Ministerio de Salud, al de Seguridad, al de Ambiente, al gobierno, son fundamentales”, manifestó.
Ramírez señaló que el gobierno de Laura Fernández no puede lavarse las manos y decir que todo es responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
Además, reiteró que la propuesta del PLN mantiene el énfasis en la certificación del oro subterráneo (tokenización), que no lo van a poder extraer los coligalleros, ni aunque quisieran.
“Eso puede generar recursos sin el daño ambiental”, dijo Ramírez, quien presionó al gobierno a negociar, a través de las mociones liberacionistas, y buscar el compromiso de impulsar una agenda complementaria de proyectos, relacionada con la protección ambiental y oportunidades para Crucitas.
Señaló que pensar que Pueblo Soberano puede imponer su mayoría para todas las discusiones, como lo ha manifestado en varias ocasiones, “es desconocer la realidad de la Asamblea Legislativa”.
Ramírez indicó que las mociones les permiten abrir el diálogo. Además, recordó que la anterior jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, defendió el uso de ese mecanismo para evitar el avance de alguna propuesta legal con la que no estaba de acuerdo, y obligar a la negociación.
El recelo del Frente Amplio
A diferencia del optimismo liberacionista, el Frente Amplio ve con recelo la supuesta apertura de Nogui Acosta al diálogo y la negociación, porque después de una primera conversación, el oficialista optó por los reclamos y los gritos en el plenario hacia sus interlocutores.
“No, no la veo, la voluntad de negociación verdadera. Yo quisiera ser optimista, pero es un comportamiento cíclico, como un ciclo de violencia, pero en política”, manifestó Edgardo Araya, diputado frenteamplista por Alajuela.
El congresista señaló que lo ocurrido es “como que lo pateen a uno, luego piden hablar, lo vuelven a patear, y después piden que “ahora sí hablemos”.
Araya aseguró que, hasta no ver muestras concretas del gobierno de buena voluntad, él va a ser muy reservado, precisamente porque considera que sigue aplicando los 31 votos y, además, dinamitando los puentes.
En ese sentido, Araya fustigó las palabras emitidas el pasado jueves por el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante la firma de la reforma legal que podría permitir la construcción de una marina en Limón.
En esa ocasión, Chaves lanzó una serie de ataques contra los partidos de oposición que fueron, precisamente, los que permitieron la aprobación de ese proyecto de ley.
El diputado del FA también sostuvo que el PPSO está vendiendo hacia afuera la idea de que solo su propuesta sobre Crucitas es buena, jugando con la “desesperación de la gente honrada de la zona, para aumentar la presión sobre la oposición”.
