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Cuando el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, hizo referencia a la norma técnica de aborto terapéutico en la homilía de este sábado 2 de agosto, en la misa en honor de la Virgen de los Ángeles, a los pocos pasos estaba escuchándolo la vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien además es la ministra de Salud.
Días antes, el martes 29 de julio, el jefe de fracción y candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, hizo un llamado para que el gobierno de Rodrigo Chaves derogue esa norma. Alegó que no era necesaria e hizo un llamado a que Munive renuncie.
Ese llamado de Alvarado estuvo arropado por varios grupos denominados “provida”, liderados por la exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Shirley Díaz.
Al terminar la eucaristía de este sábado, Munive conversó con varios medios de comunicación y respondió no solo a la referencia del arzobispo sobre la norma técnica, sino también a esos grupos provida que le piden eliminarla y dimitir.
La vicepresidenta aseguró que la administración de Rodrigo Chaves es “provida”, pero no solamente para el no nacido, sino también para la madre.
“Cómo vamos a propiciar que una madre gestante pueda, desafortunadamente, por alguna complicación médica, fallecer y dejar, quién sabe, a niños desprotegidos”, explicó la ministra de Salud e insistió en que hay que hacer una “adecuada interpretación de las cosas”.
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Norma técnica data del 2019
El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) firmó la norma técnica de aborto terapéutico en diciembre del 2019, con el fin de estandarizar el abordaje médico de un procedimiento ya establecido en el Código Penal de 1970, que permite interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la mujer gestante corran peligro.
Esa norma ha sido utilizada, en diferentes momentos, con intereses políticos, por parte de los sectores más conservadores, que alegan que es una especie de portillo para el aborto libre, bajo la excusa del riesgo para la salud de la madre.
Precisamente, a poco de iniciar la campaña electoral, Fabricio Alvarado hizo un reclamo al Poder Ejecutivo, y a Rodrigo Chaves en particular, pues el mandatario había prometido, antes de iniciar su gestión, revisar dicha norma técnica, en una reunión con la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
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En la gestión de la ministra de Salud anterior a Munive, Joselyn Chacón, se intentó promover una reforma, pero la jerarca salió del cargo antes de concretarlo y, luego, sus sucesores sepultaron la pretensión.
A inicios de julio, Mary Munive solicitó a la Sala Constitucional declarar sin lugar una acción de inconstitucionalidad promovida por varios colectivos en contra de la norma técnica, las mismas organizaciones que apoyaron el llamado de Fabricio Alvarado para que la vicepresidenta y ministra renuncie.
En su petición a los magistrados constitucionales, Munive declaró que la norma existe para asegurar el derecho fundamental de las mujeres embarazadas.
