EscucharEl magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, aseguró, la mañana de este viernes, que la falta de magistrados suplentes —debido al bloqueo de nombramientos por parte del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)—, impide que la Corte Suprema de Justicia pueda enviar al Congreso una nueva solicitud de levantamiento de inmunidad contra el exmandatario y actual ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves.
Araya se refirió a ese tema durante una comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, ante una pregunta del diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, quien le consultó sobre los riesgos de impunidad cuando las personas investigadas tienen capacidad de influir en la designación de jueces y en el presupuesto de las instituciones encargadas de investigarlas.
El magistrado calificó la situación de “muy grave”. En su criterio, este tipo de actuaciones pueden convertirse en mecanismos para limitar el funcionamiento del Poder Judicial. No obstante, evitó profundizar en algunos aspectos, porque, alegó, podrían llegar a conocimiento de la Sala IV.
“Es delicado. Nosotros no hemos podido presentarles a ustedes, el primer poder de la República, por ejemplo, una acusación formal contra uno de los miembros de los Supremos Poderes, precisamente porque cuando la Corte actúa como tribunal jurisdiccional requiere quórum completo y nos falta uno. Y por esa falta de un suplente, no hemos podido enviar la segunda acusación contra el señor Chaves”, detalló.
La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, ya había advertido sobre esta situación en julio. En esa ocasión, enfatizó que la Corte debe cumplir con su función de emitir una recomendación al Congreso.
Estructura paralela de financiamiento electoral
La solicitud del levantamiento del fuero contra Chaves está relacionada con una acusación por presuntos delitos electorales vinculados con el uso de una estructura paralela de financiamiento durante la campaña presidencial del 2022.
Para remitir esa petición a la Asamblea Legislativa, primero es necesario integrar el tribunal de Corte Plena, que debe conocer la solicitud de desafuero.
Sin embargo, el magistrado propietario de la Sala Constitucional Paul Rueda solicitó apartarse del conocimiento del caso y su inhibitoria fue aceptada. Por ello, se requiere que un magistrado suplente ocupe su lugar.
El problema es que la Sala Constitucional no cuenta con magistrados suplentes nombrados desde mediados de diciembre del 2025, cuando venció el período de los 12 jueces que ocupaban esos cargos. Pese a las votaciones realizadas en la anterior y la actual legislatura, los diputados no han logrado completar los nombramientos.
Falta de magistrados suplentes
A finales de julio, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa y rechazó los argumentos de los diputados oficialistas para impedir la elección de magistrados suplentes.
Además, ordenó a la presidencia legislativa someter a discusión los nombramientos en la primera oportunidad disponible.
Sin embargo, aunque la resolución fue comunicada oficialmente durante una sesión del plenario, no se abrió la votación. En su lugar, se dispuso devolver la lista de 18 candidatos a la Comisión de Nombramientos para verificar si cada aspirante mantenía su interés en ocupar el cargo.
La decisión representó un nuevo retraso en la elección de las magistraturas suplentes. La ausencia de estos nombramientos ha afectado la tramitación de casi 150 expedientes en la Sala Constitucional.
Aunque la resolución del recurso de amparo permitió una ampliación extraordinaria de los nombramientos vencidos en diciembre, la Sala ha enfrentado dificultades para aplicar esa medida cuando necesita sustituir temporalmente a magistrados propietarios y completar las votaciones.
Solicitudes de desafuero contra Rodrigo Chaves
Esta sería la segunda solicitud de levantamiento de inmunidad tramitada por la Corte contra Chaves y la tercera que podría llegar a discusión de la Asamblea Legislativa.
A finales de setiembre, el Congreso rechazó una solicitud de la Corte por una acusación penal relacionada con el presunto delito de concusión en el caso BCIE-Cariñitos.
Posteriormente, los diputados también rechazaron una petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el propósito de investigar 15 denuncias por presunta beligerancia política.
