La presidenta de la República, Laura Fernández, y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, sostendrán este lunes 9 de noviembre un almuerzo en Casa Presidencial, en un intento por retomar el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El encuentro se producirá luego de que el expresidente de la Corte, Orlando Aguirre, rechazó invitaciones para reunirse con el Ejecutivo, argumentando posibles afectaciones a la independencia judicial.
Vargas asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 26 de octubre. Es la segunda mujer en la historia del país en ocupar ese cargo y la persona número 58 en presidir el máximo tribunal.
“En el Poder Judicial estamos abiertos al diálogo, a buscar acuerdos y sobre todo a trabajar por el bienestar de Costa Rica. Bajo esa consigna, este lunes tendré un almuerzo con la presidenta de la República en Casa Presidencial”, manifestó Vargas.
La magistrada adelantó que aprovechará la reunión para proponer a Fernández que se retomen los encuentros entre las presidencias de los supremos poderes de la República.
“Sería una oportunidad para volver a sentarnos a conversar y a coordinar esfuerzos”, afirmó.
Vargas propuso que el próximo encuentro se realice el 20 de noviembre en el Poder Judicial. Destacó que tendría un significado especial, pues por primera vez las presidencias de los tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones están encabezadas por mujeres.
Presupuesto judicial y proyectos contra la corrupción
Entre los principales asuntos que Vargas pretende abordar con Fernández se encuentran las normas de ejecución presupuestaria incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, que, según el Poder Judicial, limitarían el acceso a recursos necesarios para su funcionamiento.
En particular, la norma 9 propone bloquear ¢29.843,8 millones del presupuesto judicial, distribuidos en 313 subpartidas. Esa cifra representa aproximadamente el 5,62% de los recursos asignados al Poder Judicial para 2027.
Uno de los cuestionamientos del Poder Judicial se relaciona con los procedimientos establecidos para liberar esos recursos.
La norma contempla que la Contraloría General de la República certifique el cumplimiento de disposiciones de auditoría, antes de que una comisión legislativa conozca el asunto y lo remita al Plenario.
La presidenta de la Corte también solicitará el respaldo de Fernández para impulsar proyectos de ley promovidos por el Poder Judicial que se encuentran en trámite en la Asamblea Legislativa, particularmente iniciativas destinadas a combatir la corrupción y agilizar los procesos penales.
“Este encuentro representa una oportunidad para abrir una nueva etapa de comunicación y coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por supuesto, ese diálogo debe darse siempre desde el respeto a las instituciones y a la independencia judicial”, señaló Vargas.
La magistrada enfatizó que la disposición al diálogo no implica renunciar a la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, sostuvo que el país necesita instituciones capaces de coordinar esfuerzos, buscar soluciones y responder a las necesidades de la población.