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La presidenta Laura Fernández presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permitiría congelar registralmente las propiedades donde operen pistas de aterrizaje clandestinas o no autorizadas, utilizadas para actividades ilícitas como el narcotráfico y la legitimación de capitales.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente número 25.618, propone crear una figura de inmovilización registral que impediría vender, donar, hipotecar o realizar cualquier movimiento sobre una finca vinculada a operaciones aéreas ilegales mientras se mantenga vigente la medida cautelar.
La propuesta forma parte de un paquete de sesis proyectos de seguridad presentados por la presidenta el 15 de junio.
En la presentación, la mandataria aseguró que la legislación actual ha demostrado ser insuficiente para enfrentar el problema.
“Tenemos legislación para castigar eso, pero de la experiencia comprobada nos dimos cuenta de que esa legislación es un saludo a la bandera, no tiene dientes ni potencia para que quienes las operan tengan sanciones fuertes”, afirmó Fernández.
La presidenta sostuvo que las autoridades han detectado casos en los que una misma pista ha sido destruida en varias ocasiones dentro de una misma propiedad.
“Se ha retirado hasta tres veces la misma pista en la misma finca. Si usted es dueño de una propiedad, ¿me va a decir que tres veces le hicieron una pista y no sabía? Yo no le creo”, manifestó Fernández.
Erick Villalba, criminólogo y analista de seguridad, considera que la inmovilización registral representa una evolución respecto al modelo actual, pues va más allá de la destrucción de pistas clandestinas.
Para el experto, busca afectar los activos económicos que permiten la operación de las organizaciones criminales.
Actualmente, la Ley N.° 9902 permite al Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) identificar, declarar ilegales e inutilizar pistas clandestinas por razones de seguridad nacional.
Sin embargo, según la exposición de motivos del proyecto, la normativa no contempla mecanismos específicos para actuar sobre los bienes utilizados para construir, acondicionar o mantener estas infraestructuras.
Los abogados Guillermo Zúñiga y José Francisco Madrigal, socios del bufete ECIJA, cuestionaron la necesidad de crear una nueva figura, al considerar que las leyes costarricenses tienen mecanismos similares o incluso más robustos para intervenir bienes vinculados al crimen organizado.
Cantidad de pistas clandestinas
Determinar cuántas pistas clandestinas operan actualmente en Costa Rica es complejo debido a la naturaleza ilegal de estas infraestructuras.
En la presentación del proyecto, la presidenta Laura Fernández afirmó que existen cerca de 200 pistas clandestinas.
Sin embargo, la última cifra oficial divulgada data de 2020, cuando el Ministerio de Seguridad Pública informó de que tenía identificadas más de 140 pistas sin autorización, con base en información de inteligencia nacional y cooperación internacional.
Desde la entrada en vigencia de la Ley No. 9902 y hasta finales de 2024, distintas autoridades reportaron la destrucción de al menos 20 pistas clandestinas.
La Nación consultó al Ministerio de Seguridad Pública sobre la cantidad actual de pistas identificadas e inhabilitadas, y sobre los alcances de la reforma propuesta. Al cierre de edición, no hubo respuesta.
Principales desafíos
El criminólogo Erick Villalba señaló que el proyecto podría afectar la logística de las organizaciones criminales, debido a que estas dependen del acceso a espacios físicos para desarrollar sus operaciones.
“El bloqueo registral puede generar un impacto importante porque limita la capacidad de ocultar activos, transferir bienes a terceros o utilizar testaferros para evadir la acción estatal”, indicó Villalba.
No obstante, el criminólogo advirtió que la medida no resolverá por sí sola el problema.
“Esta propuesta debe entenderse como un elemento complementario y no como una solución por sí misma.
“Su efectividad dependerá de la capacidad de las autoridades para detectar oportunamente las pistas clandestinas, investigar las estructuras financieras asociadas y judicializar a los responsables”, señaló Villalba.
Además, el especialista en criminología enfatizó en los desafíos principales para la aplicación de la reforma.
Villalba señaló que se debe garantizar un equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos de propiedad y del debido proceso.
Según explicó el criminólogo, pueden existir casos en los que una persona propietaria no participe directamente en actividades ilícitas, o incluso desconozca el uso que terceros realizan de su terreno.
Erick Villalba también advirtió que las organizaciones criminales suelen adaptarse rápidamente a las acciones estatales.
Por ello, considera que el bloqueo de propiedades no garantiza por sí mismo la desaparición de las operaciones ilegales.
Más castigos y comisos
Además de la inmovilización registral, la iniciativa propone ampliar las sanciones penales para propietarios, arrendatarios, poseedores y administradores que faciliten, toleren, permitan o habiliten pistas utilizadas por organizaciones criminales.
La pena sería de cinco a diez años de prisión.
Asimismo, establece penas de entre diez y 15 años para quienes reconstruyan o rehabiliten pistas que ya hayan sido destruidas o inhabilitadas por las autoridades.
El proyecto también incorpora mecanismos para el decomiso y eventual comiso de maquinaria, vehículos, aeronaves y otros bienes utilizados en estas actividades.
Los bienes decomisados pasarían a ser administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Mecanismos ya existen
Guillermo Zúñiga, socio de Derecho Inmobiliario de ECIJA, señaló que mecanismos similares ya existen en otras normas, como la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Registral.
El abogado José Francisco Madrigal sostuvo que la medida propuesta resulta innecesaria debido a que la legislación vigente ya contempla herramientas más fuertes para intervenir bienes vinculados a actividades ilícitas, como el decomiso, el depósito judicial y el comiso.
Madrigal también cuestionó la reforma planteada al artículo 59 de la Ley sobre Estupefacientes al considerar que, lejos de ampliar la responsabilidad penal, podría restringirla a determinadas categorías de personas vinculadas a las fincas.
Según explicó el abogado, la ley No. 9902 castiga a cualquier persona que facilite, permita o colabore con la construcción u operación de pistas clandestinas.
Sin embargo, la reforma propuesta por la mandataria enumera expresamente categorías como propietarios, arrendatarios, poseedores y administradores de inmuebles, lo que podría interpretarse como una restricción de los sujetos que pueden ser perseguidos penalmente.
