Mientras el Gobierno impulsa recortes presupuestarios en educación, salud y seguridad, la presidenta de la República, Laura Fernández, destacó estos temas como prioridad de su administración, durante su gira por España.
La mandataria hizo estas afirmaciones en una entrevista concedida al diario español ABC. Fernández se encuentra en Madrid, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana.
El discurso contrasta con las asignaciones presupuestarias para 2027 y las rebajas propuestas para 2026. La Nación identificó que los proyectos de gastos para ambos años contemplan reducciones de recursos para instituciones vinculadas con la educación, la seguridad pública y la administración de justicia.
En materia de salud, las estimaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también evidencian una diferencia entre los recursos previstos por el Ministerio de Hacienda y los montos que la institución considera necesarios para cumplir con sus obligaciones.
Educación: presupuesto estancado y recortes a universidades
Fernández destacó al diario ABC la inversión en educación y salud, especialmente en la infancia y la juventud, como parte de las acciones para evitar que estas poblaciones sean captadas por el crimen organizado.
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 contempla una asignación para el Ministerio de Educación Pública (MEP) prácticamente igual a la del año anterior.
De acuerdo con las cifras, el presupuesto del MEP sería de ¢2.752.287 millones para 2027, lo que representa una disminución de ¢19.230 millones respecto a los ¢2.771.517 millones asignados para 2026.
Además, su proporción respecto al producto interno bruto (PIB) disminuiría a aproximadamente 4,85% del PIB, lejos del 8% establecido en la Constitución Política, con base en una proyección del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Ese porcentaje sería el más bajo de la última década, por debajo del 4,9% registrado en 2025 y del 7,6% alcanzado en 2017.
La situación también alcanza a las universidades públicas.
El gobierno no logró un acuerdo con las universidades sobre el incremento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027. En consecuencia, el proyecto presupuestario mantiene una asignación de ¢593.484 millones, equivalente a un aumento del 0% respecto a 2026.
A ello se suma una moción impulsada por diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), aprobada durante la discusión del Presupuesto Nacional de 2027 en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que rebaja ¢8.048 millones de los recursos destinados a las universidades públicas para el próximo año.
Además, de otras mociones propuestas por el PPSO para reducir otros ¢8.048 millones de fondos postergados del FEES en el segundo presupuesto extraordinario de 2026. Esta última propuesta al cierre de esta nota fue aprobada en comisión, aunque podría volver a presentarse durante el trámite legislativo.
Salud: CCSS estima faltante de más de ¢414.000 millones
En materia de salud, las declaraciones de Fernández también son discordantes con las necesidades estimadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para 2027, el Ministerio de Hacienda contempló una asignación de ¢1.164.769 millones para obligaciones estatales relacionadas con los servicios de seguridad social administrados por la institución autónoma.
Sin embargo, la CCSS estimó necesidades por ¢1.578.886 millones, lo que representa una diferencia aproximada de ¢414.117 millones.
Seguridad: reducción de ¢205.000 millones en asignación presupuestaria
La seguridad fue otra de las prioridades mencionadas por Fernández durante su entrevista con el diario español. “En este momento, mi prioridad es la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo”, declaró la mandataria a ABC.
En esas partidas, el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 contempla reducciones para varias instituciones vinculadas con los ministerios de Seguridad, Justicia y Gobernanza y Policía, así como para el Poder Judicial.
El Ministerio de Seguridad Pública pasaría de ¢356.606 millones en 2026 a ¢350.451,4 millones en 2027, representando una disminución de ¢6.154 millones.
El Ministerio de Justicia y Paz tendría una rebaja de ¢5.654 millones, al pasar de ¢225.383 millones en 2026 a ¢219.729 millones en 2027.
Por su parte, el Ministerio de Gobernación y Policía, que incluye dependencias como la Dirección General de Migración y Extranjería, recibiría ¢2.279 millones menos, al pasar de ¢60.829 millones en 2026 a ¢58.550 millones en 2027.
El Poder Judicial también enfrentaría restricciones presupuestarias por aproximadamente ¢40.000 millones. De ese monto, ¢10.552,5 millones corresponden a una reducción respecto al presupuesto de 2026 y ¢29.844 millones a recursos cuyo uso quedaría condicionado.
Además, según la clasificación funcional presentada por el Ministerio de Hacienda, los recursos destinados a Orden Público y Seguridad disminuirían ¢205.416 millones al pasar de ¢1.129.964 millones en 2026 a ¢924.548 millones en 2027.
La clasificación funcional agrupa los recursos públicos según las finalidades y funciones que atiende el estado, y permite examinar las prioridades incorporadas en el presupuesto.
Más rebajas en el presupuesto extraordinario de 2026
A las reducciones previstas para 2027 se suman las propuestas incluidas en el segundo presupuesto extraordinario de 2026, tramitado bajo el expediente legislativo 25.803.
La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea rebajas a 23 instituciones y órganos públicos.
Entre las entidades con mayores disminuciones figuran el Poder Judicial, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Seguridad Pública.
En el caso del Poder Judicial, la Corte avaló una rebaja de ¢13.105,6 millones, la mayor reducción individual incluida en la propuesta.
Por su parte, el MEP enfrentaría una reducción de ¢8.602 millones, mientras que al Ministerio de Seguridad Pública se le restarían ¢7.546 millones.
Las propuestas se encuentran en trámite legislativo y sus montos podrían variar durante la discusión en la Asamblea Legislativa.