La presidenta de la República, Laura Fernández, descartó llevar a la reunión del próximo viernes con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, una propuesta para eliminar las restricciones que condicionan el uso de casi ¢30.000 millones del presupuesto judicial de 2027 y afectan 2.463 plazas.
La mandataria respondió así a una pregunta de un medio sobre si conversaría de ese tema en la reunión que sostendrá con Vargas, y en la que también participarán las presidentas de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora.
Al respecto, Fernández defendió los condicionamientos y afirmó que, antes de avanzar con el tema, prefiere esperar a que la Sala Constitucional resuelva la medida cautelar urgentísima presentada por Vargas que ordenó, el 9 de noviembre, frenar la votación en segundo debate del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2027.
La Corte también había presentado, el 22 de octubre, una consulta de constitucionalidad en la que cuestionó cuatro normas de ejecución del presupuesto nacional que condicionan parte del presupuesto judicial a la presentación de estudios técnicos, certificaciones y aprobaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Según la Corte, esas disposiciones podrían provocar una paralización parcial del Poder Judicial a partir del 1.º de enero de 2027. Además, advirtió de que las normas modifican implícitamente regímenes estatutarios y de empleo público.
El Poder Judicial argumentó que los condicionamientos lo someterían a la voluntad de un órgano político de la Asamblea Legislativa y provocarían una paralización significativa de los servicios que brinda a la población.
Fernández defiende normas cuestionadas por Contraloría
Fernández justificó este miércoles, 18 de noviembre, las normas presupuestarias al señalar que la Contraloría General de la República improbó las liquidaciones del presupuesto del Poder Judicial correspondientes a 2024 y 2025, tras detectar errores en esos informes.
Según la mandataria, el órgano contralor instó al Ministerio de Hacienda a mejorar los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución de los recursos judiciales.
Fernández señaló que la propuesta del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, donde el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene mayoría absoluta, consiste en establecer cuatro normas de ejecución presupuestaria para esos fondos. Estas disposiciones exigirían al Poder Judicial presentar estados financieros auditados para demostrar el uso adecuado de los recursos y rendir cuentas sobre su ejecución.
No obstante, el 12 de octubre, la Contraloría ya había advertido de que no tiene las atribuciones que le asignan dos de esas normas. Además, solicitó eliminarlas por considerarlas inconstitucionales, al señalar que le imponían competencias impropias y obstaculizaban la gestión eficaz y eficiente de los recursos del Poder Judicial.
Pese a ese criterio, Fernández defendió las condiciones impuestas al presupuesto y sostuvo que el Poder Judicial debe presentar información financiera y rendir cuentas sobre la ejecución de los recursos públicos.
“El gobierno no le está prohibiendo acceder a los fondos. El gobierno no le está cercenando los fondos al Poder Judicial. Y lo que queremos es acatar lo que la misma Contraloría nos ha pedido al Ministerio de Hacienda, que es exigir eficiencia en el uso de la plata”, afirmó.
Fernández propone esperar fallo de Sala IV
La presidenta también recordó que durante el almuerzo que sostuvo con Patricia Vargas el pasado 9 de noviembre, le ofreció colaboración para mejorar el uso de los fondos públicos del Poder Judicial.
Según relató, incluso le propuso organizar una reunión con los equipos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Presidencia para abordar la aplicación de las normas presupuestarias.
No obstante, Fernández aseguró que posteriormente le sugirió no realizar ese encuentro, “para no perder el tiempo”, y esperar a que la Sala Constitucional resuelva el recurso presentado por Vargas.
La mandataria reiteró que el gobierno mantiene su disposición de colaborar con el Poder Judicial en la aplicación de las normas presupuestarias.