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La prueba del polígrafo ha sido descrita por la presidenta de la República, Laura Fernández, como una herramienta efectiva para combatir la corrupción y encontrar posibles vínculos con el narcotráfico dentro del Gobierno.
El tema volvió a generar conversación, el pasado lunes 22 de junio, cuando la mandataria anunció la destitución de siete directores policiales de sus puestos de confianza por no pasar la prueba, en la que fueron evaluados con preguntas relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y posibles beneficios ilícitos.
Agregó que, “para tranquilidad de todos los costarricenses”, tanto el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) como el director de la Unidad Especial de Intervención (UEI) sí la superaron. Ambas oficinas están adscritas al Ministerio de la Presidencia.
Dos días después, el 24 de junio, el tema fue retomado tanto en Cuesta de Moras como en Zapote.
El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró durante una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso que no tendría problema en someterse a la prueba como lo propuso la presidenta.
Sin embargo, sugirió que la prueba se realice mediante un organismo de alto nivel, como la Administración para el Control de Drogas o el Buró Federal de Investigaciones (DEA y FBI, por sus siglas en inglés), y no mediante una empresa privada.
Horas después, la mandataria replicó en conferencia de prensa que las pruebas realizadas en el gobierno las aplicó la DIS “con apoyo de una empresa internacional certificada incluso en los Estados Unidos”.
Fernández no ha detallado el nombre de la empresa que proveyó las pruebas. Gustavo Mata, exministro de Seguridad, comentó a La Nación que esta falta de información podría generar desconfianza ante la enorme cantidad de opciones disponibles, con diferentes estándares de calidad.
Mata apoyó el uso del polígrafo en funcionarios públicos, pero con la salvedad de se debe considerar solo como “una pequeñísima parte” de las acciones que se deben tomar para comprobar la honestidad de un funcionario.
Este método mide reacciones fisiológicas involuntarias, como cambios en el ritmo cardíaco, respiración y sudoración, por lo que no se puede tomar como una prueba contudente.
“Si con un solo de esa prueba vas a decir que una persona no es idónea para ocupar un cargo, me parece que eso es una atrocidad”, manifestó Mata.
“Cuando un funcionario no pasa un polígrafo, no lo digo yo, lo dicen las técnicas a nivel mundial, el funcionario puede ser sometido a que pase varias veces por un polígrafo porque en ese momento pues estaba con alguna preocupación, estaba con ciertas cosas y entonces puede marcar falsos positivos”, agregó.
Al respecto, Rodrigo Campos, criminólogo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), señaló que la prueba puede ser burlada por personas que sepan mentir con facilidad o que hayan consumido tranquilizantes.
Añadió que la idea del polígrafo como “detector de mentiras” ha sido forjada en el imaginario por medio de películas en las que se utiliza como un mecanismo infalible contra el crimen.
“A un policía que de pequeño lo haya mordido un perro, usted de grande no le puede preguntar si ha recibido alguna mordida, porque si tiene ese trauma, su organismo va a reaccionar y no necesariamente significa lo que el técnico puede estar pensando”, indicó Campos.
Para determinar si un cambio fisiológico significa realmente una mentira, se debe acceder a un amplio contexto de la vida de la persona cuestionada, explicó.
“Ante tantas interrogantes e imposibilidad de demostrar algo a ciencia cierta, el polígrafo es muchas cosas menos un detector de mentiras. ¿Para qué puede servir? Para generar algunas hipótesis de investigación", agregó el criminólogo.
Por ejemplo, se puede utilizar como parte de otras pruebas, como una auditoría informática forense, una auditoría contable forense, un estudio de vida y costumbres o un análisis a profundidad de la escala valórica de una persona.
“El uso que puedan darle ahora tiene más fines propagandísticos que ser ciencia cierta y comprobada”, aseveró.
Regulada por ley
Esta prueba ya está comprendida en la legislación costarricense, por medio de la Ley 9958, para regular el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los cuerpos de policía y seguridad nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa el 26 de marzo del 2021.
Dicha norma autoriza a los cuerpos policiales aplicar el examen de forma voluntaria para comprobar la confiabilidad de los oficiales. Asimismo, señala que la misma “no será considerada como parámetro único de selección para la permanencia en los cuerpos policiales, sino como una herramienta complementaria de las pruebas técnicas a las que son sometidas”.
De igual forma, el artículo 9 prohíbe cualquier pregunta sensible sobre orientación sexual, preferencia de religión o culto, e ideología política. Se restringe también que los resultados se utilicen como medio de coacción o como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en una fuerza policial.
“Tampoco podrán ser utilizados los resultados de polígrafo en procesos judiciales”, detalla la ley.
Abogados consultados por La Nación consideraron que con base en esta ley, la destitución de los oficiales por parte de Laura Fernández podría ser ilegal.
“El artículo 9 tiene una función de límite constitucional, ya que busca evitar que el polígrafo genere tres abusos: que se dé una invasión del fuero íntimo, que se den discriminaciones ideológicas, religiosas o sexuales y sanciones de naturaleza laboral”, explicó Erick Gatgens.
Por su parte, el jurista Rodrigo Araya mencionó que aunque la presidenta anunció que el polígrafo fue la razón de la destitución de los policías, podría evadir la ilegalidad si en la carta formal se gira como un despido con responsabilidad por pérdida de confianza.
En la conferencia de prensa del pasado miércoles, Fernández desafió cualquier medida legal que se pueda tomar en su contra. “Que me demanden. No me importa, que me demanden. Vénganse con todo, porque aquí los espero”, expresó en medio de los aplausos de sus ministros.
