La Corte Suprema de Justicia se encamina a elegir a quien ocupará la Presidencia durante los próximos cuatro años. Sin embargo, no será una elección cualquiera, sino que estará marcada por la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
“No recuerdo, al menos en los últimos 40 o 50 años, una relación tan conflictiva entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo (en su mayoría controlado por el partido de gobierno) y el Poder Judicial”, explicó José Andrés Díaz, del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA).
Además, será la primera elección de un presidente de la Corte donde los magistrados tendrán que hacer público su voto. A la cita de este lunes acuden como candidatos: Patricia Vargas, Patricia Solano y Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala Tercera, así como a Damaris Vargas, actual vicepresidenta de la institución y magistrada de Sala Primera.
Ganará quien alcance, al menos, 12 votos, equivalentes a la mayoría absoluta.
Las politólogas Carolina Ovares y Kattia Benavides coinciden en que el elemento fundamental de la elección será la tensión entre el gobierno y la Corte, un elemento nuevo con respecto al 2022, cuando Rodrigo Chaves apenas iniciaba su gestión.
Según Díaz, más allá de los perfiles de los candidatos, descartó que el Ejecutivo disminuya sus ataques. Aunque, a su criterio, el gobierno preferiría ataques unidireccionales sin respuesta.
Investigador del Idespo agrega que “el gobierno tal vez espera un Poder Judicial menos contestatario que les facilite mantener una estrategia de confrontación unilateral (...) La comunicación bidireccional con otros actores políticos no parece ser de su agrado (del Ejecutivo); su idea de gobernar parece ser unidireccional o impositiva.
“Mientras no sientan que tienen control absoluto de una institución, su estrategia será mantener un tono confrontativo (...). En el mejor de los casos, esperarían una Presidencia de la Corte Suprema que les facilite seguir manteniendo los ataques para eventualmente presionar por una configuración más favorable a sus intereses políticos”, agregó Díaz.
Benavides apuntó que la tensión ha ido en aumento semana a semana, advirtiendo que lo más grave sería normalizar la polarización y el enfrentamiento directo entre los poderes de la República.
“Creo que ya llegamos como a un valle (las tensiones). Aunque no sé si es que lo estamos normalizando, más bien (...) sería muy grave”, dijo la politóloga.
El historiador político Vladimir de la Cruz señaló que la elección representa una discusión sobre la independencia judicial y el equilibrio entre los poderes de la República.
“(El contexto es de) guerra abierta del Poder Ejecutivo contra el Judicial. Lo que resulte el lunes es un acto de afirmación de la democracia nacional y de la independencia de los poderes públicos”, afirmó de la Cruz.
Sostiene que la división de poderes ha sido una característica de la tradición democrática costarricense, pero considera que se ha visto vulnerada durante los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández. A su criterio, el Ejecutivo ha buscado influir sobre la Corte Suprema de Justicia.
¿Terminará todo este lunes?
La primera votación está prevista para este lunes 26 de octubre, pero la decisión podría prolongarse durante varias semanas, pues los magistrados solo se reúnen los lunes para estas sesiones.
La sesión será dirigida por Orlando Aguirre, dado que la encargada era la vicepresidenta Vargas. Sin embargo, la norma no permite que la dirija si es candidata; en ese caso deberá ser la persona con más años como titular en la Corte: es magistrado desde 1989.
Benavides señala el hecho de que tres de las cuatro candidaturas sean mujeres y esto refleja los avances en la participación femenina en puestos de liderazgo, aunque estos cambios toman tiempo.
Como ejemplo, mencionó que, pese a que la reforma al Código Electoral sobre paridad se aprobó en 2009, fue necesario esperar hasta 2022 para tener una Asamblea Legislativa paritaria.
Voto público
Los analistas observan diferencias marcadas con respecto a la elección de hace cuatro años. La principal, según expresaron, será el uso, por primera vez, del voto público.
Coinciden en que esto evitará, probablemente, que se requirieran 19 rondas de votación, como en 2022, cuando Orlando Aguirre fue designado presidente de la Corte Plena.
“Es difícil que se repita un escenario como la elección de don Orlando porque el voto es público. Desde la primera votación ya todos (los magistrados) se van a colocar hacia donde quieren estar”, explicó Carolina Ovares, aunque no descartó sorpresas.
En este sentido, la politóloga Kattia Benavides señaló que “ya nadie puede prometer que va a votar por alguien y no lo hace”.
“La negociación más en el momento de la votación se tiene que haber estado dando durante la semana previa a la elección”, dijo la experta.
Benavides señaló que, en esta ocasión, no pareciera que la elección esté marcada por “disputas internas de poder”, sino que existe una conciencia generalizada en la Corte Plena sobre el momento político tenso con el Poder Ejecutivo.
Principales retos
Según los analistas entrevistados, además de maniobrar las relaciones entre el Poder Judicial con los otros dos poderes del Estado, quien presida ese poder deberá gestionar los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno y aprobados por los diputados oficialistas.
Coinciden en que un reto fundamental será la comunicación con la ciudadanía. “El Poder Judicial necesita mejorar su comunicación con la ciudadanía para volver a reconectar, mostrar su valor y salir de esa percepción de ser algo hermético o desconectado de la población”, explicó el investigador del Idespo.
En este sentido, Ovares señaló que esto marca un cambio en el perfil del próximo presidente de la Corte.
“(El presidente de la Corte) se ha visto obligado a responder públicamente por las mismas acciones del Poder Judicial y a reaccionar; o sea, tiende a tener una posición reactiva, pero ya toca también ser un poco proactivo, que no era usual para este poder de la República”, explicó Ovares.
Los expertos también señalan como retos la reducción de la mora judicial y el fortalecimiento de la coordinación institucional. Según explicaron, la complejidad del gobierno judicial exige articular el trabajo de distintos órganos, como el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
¿Cómo votará cada magistrado?
Salvo a los cuatro magistrados que aspiran al cargo, La Nación consultó a los restantes integrantes de la Corte Suprema de Justicia a quién apoyarán para la elección de la Presidencia del Poder Judicial.
De los 18 magistrados consultados, ocho respondieron. No contestaron: Luis Guillermo Rivas, Iris Rojas y Carlos Zamora, de la Sala Primera; Orlando Aguirre y Julia Varela, de la Sala Segunda; Rafael Segura y Aisen Herrera (suplente), de la Sala Tercera; y Fernando Cruz, Paul Rueda y Jorge Araya, de la Sala Constitucional.