Así lo confirmó Luis Diego Calderón, director de Cobros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), este martes, pasado el mediodía, luego de que CRHoy dio a conocer que ya se había ejecutado el embargo de las dietas.
El funcionario explicó que ese embargo de las dietas se dio a raíz de uno de los procesos de cobro judicial accionados por la Caja, dentro del expediente 15-025555-1012-CJ.
El decreto de embargo establece rebajos en la remuneración de Villalobos, como legislador, de ¢611.393 mensuales.
En diciembre pasado, durante la campaña electoral, se dio a conocer que Villalobos Umaña le debe ¢312 millones a la Caja, según lo determinó un informe de la Auditoría Interna de la institución.
De esa deuda, la CCSS le registra ¢149,5 millones por cuotas no pagadas como patrono, mientras que los restantes ¢162,7 millones son deudas por cuotas no pagadas como trabajador independiente.
Además de diputado del partido de gobierno y abogado penalista, José Miguel Villalobos es el defensor del expresidente Rodrigo Chaves, tanto en las acusaciones penales que ha venido afrontando, como en el proceso por presunta beligerancia política que afrontó el exmandatario en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Consultado por La Nación, la semana anterior, Villalobos se negó a referirse, en particular a este periódico, sobre dicha deuda y sobre el procedimiento de cobro en sede judicial que lleva adelante la CCSS en su contra.
Algunos de los cobros de la institución datan desde el 2017 y, según el informe de la Auditoría, las gestiones de cobro a Villalobos fueron inefectivas, incluyendo mensajes a números telefónicos y la imposibilidad de localizarlo físicamente.
el 26 de mayo del 2025, se envió a Villalobos un mensaje de cobro mediante la plataforma tecnológica INCONCERT, pero este no sirvió porque el abogado figura como patrono inactivo desde septiembre del 2024.
“Asimismo, se evidenció la imposibilidad de localizarlo físicamente mediante el servicio de Correos de Costa Rica, lo que ha restringido las acciones de cobro a medios electrónicos. A la fecha, no se cuenta con evidencia de informes de inspección relacionados con la aplicación de responsabilidad solidaria, lo que limita la adopción de medidas adicionales para garantizar la recuperación de la deuda”, expuso el documento.
En cuanto a procesos de cierre de negocios, se identificaron cuatro casos tramitados entre 2017 y 2024, de los cuales dos permanecen sin acciones concretas desde hace más de cinco años, mientras que los dos más recientes, pese a contar con resolución final, no han dado resultados debido a la condición de patrono inactivo de Villalobos y a la dificultad para notificarle.
La Auditoría concluyó que las gestiones cobratorias administrativas se han limitado a la emisión de avisos mediante Correos de Costa Rica, registrándose 11 avisos entre el 2020 y el 2024. “Esta circunstancia evidencia deficiencias en la efectividad de las gestiones”, dice el informe.
