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El Colegio de Abogados concluyó que el actual diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), cobró $10.000 a una pareja de esposos para que interpusiera acciones judiciales contra la obligatoriedad de vacunar niños contra el coronavirus SARS-CoV-2, pero nunca presentó las gestiones.
Esa es una de las tres causas por las que el colegio profesional decidió inhabilitar por ocho años y medio a Villalobos del ejercicio de la abogacía. Este expediente, el 143-25, condujo a una sanción de tres años.
El abogado Arcelio Hernández, defensor del matrimonio afectado, relató que el caso se remonta a julio del 2021, en la época de pandemia por la Covid-19.
Explicó que Villalobos le cobró los $10.000 a la pareja de esposos, de apellidos Carrillo Piedra, a cambio de interponer acciones tanto en la Sala Constitucional como en la sede Contencioso Administrativa, con el fin de frenar las órdenes del Ministerio de Salud.
El 7 de julio del 2021, la pareja le depositó ¢6.140.000 (equivalentes a $10.000 de ese momento) en la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica indicada por José Miguel Villalobos, la cual estaba a nombre de una persona identificada con los apellidos Cordero Solano, quien se presume, era su asistente.
Sin embargo, las acciones judiciales no fueron presentadas. El abogado Arcelio Hernández aportó certificaciones de ambos despachos al respecto.
En la denuncia, presentada ante el Colegio de Abogados en febrero del 2025, se indica que la pareja pidió avances del proceso en reiteradas ocasiones durante tres años, sin que Villalobos pudiera acreditar trámite alguno.
El actual diputado no acudió a la audiencia oral y privada convocada en abril del 2026 para discutir el caso en el Colegio de Abogados y tampoco se refirió a la certificación que acreditaba la transferencia bancaria.
“Del análisis de los hechos denunciados por los señores Carrillo Badilla y Piedra Chacón, se arriba a la conclusión de que en la especie existen elementos suficientes que conducen a establecer con certeza que el actuar del profesional denunciado se contrapone a los principios éticos y profesionales que debe respetar todo abogado incorporado a esta Corporación”, dice la resolución del fiscal Dewin Brenes Fernández, conocida por la Junta Directiva del Colegio en la sesión 36-2026, del pasado 8 de setiembre.
Además, se le pidió a Villalobos devolver los ¢6.140.000 al matrimonio Carrillo Piedra en un plazo no mayor a dos meses contados a partir de que la sanción salga publicada en el diario oficial La Gaceta.
“Me parece que la Fiscalía entendió bien la manera grosera en que mis clientes fueron tratados por parte del licenciado José Miguel Villalobos, quien les pidió $10.000 para presentar procesos que luego de casi dos años nunca presentó. Más bien, los mantuvo esperanzados de que iba a cumplir con su trabajo, pero no lo hizo.
“Precisamente por eso son importantes los colegios profesionales, para garantizar la ética en el ejercicio profesional y ahora el licenciado Villalobos tendrá que cumplir con la sanción impuesta y además devolver más de seis millones de colones a mis clientes”, manifestó Arcelio Hernández Mussio, ante consulta de este medio.
Los otros cinco años y seis meses de suspensión están contemplados en otros dos expedientes, cuyo contenido completo no ha trascendido.
No obstante, el 17 de setiembre, José Miguel Villalobos argumentó que el Colegio de Abogados no posee la competencia para sancionarlo, porque él renunció al gremio en agosto pasado.
“Hace varias semanas renuncié al Colegio de Abogados. Le dije a los costarricenses que no iba a ejercer más la profesión y me retiré voluntariamente. Sin embargo, me entero de que ese órgano sigue queriendo sancionarme. No tienen competencia alguna. Ya no soy miembro de ese colegio. No me interesa seguir siendo miembro”, dijo Villalobos en un video publicado en redes sociales.
