Juan Carlos Hidalgo, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), llamó al Tribunal de Ética y Disciplina (TED) de su agrupación a tomar medidas contra los partidarios investigados en el Caso Richter.
Se trata del diputado Leslye Bojorges y de la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, a quienes la Fiscalía les decomisó los teléfonos el 21 de enero.
En un pronunciamiento compartido este 27 de enero, Hidalgo solicitó a los órganos internos del PUSC aplicar las medidas establecidas en el estatuto interno socialcristiano.
Bojorges, quien también es aspirante presidencial de la Unidad, es investigado por aparentemente solicitar a un sospechoso de lavado una “ayudita” económica en beneficio de la alcaldesa Jiménez, quien entonces era candidata. El congresista resaltó que ella es parte de la tendencia de Juan Carlos Hidalgo.
Por su parte, la alcaldesa aseguró que quien gestionó la ayuda económica fue Bojorges.
Al respecto, el precandidato Hidalgo dijo: “Exhorto al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal de Ética y Disciplina del partido a que tomen las medidas que correspondan de acuerdo con nuestro estatuto partidario y el reglamento ético. La política debe regirse por principios claros y compromisos firmes con la honestidad”.
Hidalgo también pidió a las personas que aspiran a participar como candidatos ser transparentes y actuar con un “comportamiento ético intachable”.
De acuerdo con la Fiscalía, Leslye Bojorges también habría intercedido ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por el autobusero Jonathan Herrera González, para que no perdiera su ruta de autobús. Actualmente, el autobusero se encuentra en prisión preventiva como sospechoso de legitimación de capitales dentro de la investigación del Caso Madre Patria.
El 21 de enero, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también decomisaron el celular a Carlos Ávila, viceministro de Transportes y Marlen Luna, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
