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El Consejo de Gobierno rechazó juramentar a la exdiputada Rocío Alfaro Molina como representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) porque, hasta la fecha, es una persona que ha tenido una participación activa en el partido Frente Amplio (FA), aunque no haya un impedimento legal explícito para ello.
Así consta en el artículo 3 del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno CG-009-2026, del 24 de junio, tal como fue notificada el viernes a Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), y a Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación General de Personas Trabajadoras Rerum Novarum.
En el acta del Consejo de Gobierno consta que fue la actual presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, quien dio los argumentos en contra del nombramiento de Alfaro Molina, que fueron aceptados por el consejo de ministros de Laura Fernández.
Aunque el artículo 6 de la ley 17, Ley constitutiva de la CCSS, dice literalmente que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de impugnar a las personas electas por el sector laboral, Taylor alegó que es obligación del Consejo de Gobierno verificar si las personas elegidas por los sindicatos cumplen con los requisitos legales para integrar la Junta Directiva de la Caja.
Según Taylor, esta potestad se deriva del artículo 6 del Reglamento para la elección y nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, decreto ejecutivo 44639-MP, del 2024.
En el Consejo de Gobierno, la presidenta de la Caja alegó que ese “deber de verificación” no implica impugnar la voluntad de los movimientos sectoriales.
‘Argumentos’ contra Rocío Alfaro
El primer argumento que Taylor utilizó para rechazar el nombramiento de Alfaro fue el requisito de que las personas directoras de la Caja “deben ser versadas en materias económico-sociales”.
Taylor adujo que la exdiputada tiene formación en Filosofía y Ciencias Sociales, incluyendo una maestría centroamericana en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), un bachillerato universitario en Filosofía, licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación, y experiencia docente, legislativa y sindical.
En segundo término, Mónica Taylor cuestionó que Rocío Alfaro registra participación activa en asuntos de política electoral, “en tanto figura como agente electoral, militante y contribuyente del partido Frente Amplio, así como delegada territorial de dicha agrupación”, dijo.
Según la presidenta de la CCSS, eso choca con el artículo 11 de la Ley de la Caja, donde dice que está prohibido a los miembros de la Junta Directiva tomar parte activa en asuntos de política electoral.
Sin embargo, esa es una prohibición que aplica a partir de su nombramiento en dicho cuerpo colegiado y no es un impedimento antes de entrar a dicho órgano.
Como tercer argumento, Taylor adujo que Rocío Alfaro tiene una “incompatibilidad operativa” derivada de vínculos familiares con funcionarios activos de la CCSS, porque un hermano es médico y la esposa de la exdiputada es enfermera en un centro hospitalario.
“Configura un potencial conflicto de interés”, adujo la presidenta de la CCSS.
No obstante, hace tres años, un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) refutó ese argumento, cuando el gobierno suspendió a cinco integrantes de la Junta Directiva de la Caja.
La suspensión se hizo basada en supuestas irregularidades al aprobar un aumento salarial retroactivo para los funcionarios de la CCSS, por tener hijos, hermanos y otros familiares entre los 63.000 trabajadores de esa institución.
En aquel momento, la Procuraduría señaló que los directivos pueden participar en discusiones y votaciones de temas macro, aunque incidan en familiares, sin que estén obligados a abstenerse.
En el acta del Consejo de Gobierno consta que Taylor reconoce la posibilidad de que los directivos se abstengan en los asuntos.
Finalmente, la jerarca de la CCSS también acusó a Rocío Alfaro de haber emitido posiciones públicas sobre el Caso Barrenador, investigación judicial sobre presuntos sobreprecios en la adjudicación de contratos de operación de Ebáis a varias cooperativas.
Según la presidenta ejecutiva, Alfaro habría hecho señalamientos, cuando era diputada, contra la política institucional de adjudicar Ebáis a cooperativas de salud.
Para Taylor, lo anterior representa un prejuzgamiento, “con el riesgo de que sus decisiones futuras sean afectadas por sus posiciones previas sobre presuntos actos de corrupción y negligencia que aún no han sido resueltos por la autoridad competente”.
Los sindicatos anunciaron este martes varias acciones legales ante lo que consideran un irrespeto a la libertad sindical.
Entre las acciones, valoran empezar con un recurso de reposición y, eventualmente, un amparo ante la Sala Constitucional, así como con reclamos ante organismos internacionales.
