El Gobierno decidió mantener a Antonio Lehmann Gutiérrez como embajador de Costa Rica en Alemania, después de que la Fiscalía lo acusó de fraude en perjuicio de una proveedora de biblias y otros artículos religiosos.
Lehmann confirmó que la Presidencia de la República y la Cancillería tienen conocimiento del proceso judicial. Argumentó que el caso no tiene relación alguna con el cargo que ejerce. “Por ello, lo que deba decir al respecto, será ante los jueces de la República”, recalcó en un correo electrónico enviado a este diario.
El pasado 7 de febrero, la Fiscalía Adjunta de San José emitió una acusación y solicitud de apertura de juicio contra Lehmann por supuestamente estafar en dos ocasiones, por un total de $275.000, a una proveedora del negocio familiar Librería Lehmann, en abril del 2021. La ofendida es una mujer de apellidos Guerra Mojica.
El fiscal Álvaro Antonio Montoya Martínez precisó que Lehmann habría ideado un plan para engañar a Guerra haciéndole creer que le pagaría una venta de artículos con las ganancias de una contratación millonaria que obtuvo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el marco de la emergencia por la covid-19, algo que al final pasó parcialmente.
Lehmann, quien es embajador desde mayo del 2023, habría tenido una relación comercial con Guerra desde el 2018, cuando ella comenzó a entregarle biblias y artículos religiosos en consignación para la venta y le daba un plazo de 30 días para pagar las facturas. Sin embargo, él se atrasó con los pagos hasta acumular una deuda de $152.500, de acuerdo con la acusación.
El Ministerio Público sostiene que, en varias ocasiones, sin éxito, las partes intentaron llegar a un acuerdo y no fue sino hasta el 28 de abril del 2021 que se planteó una solución. Ese día, el empresario le habría hablado de una contratación que había ganado en la CCSS y que le generaría ingresos por $5.250.000. Le habría asegurado que de ese dinero le pagaría los $152.500.
No obstante, según la acusación, Lehmann a la vez le pidió prestados otros $200.000 a la proveedora, por lo que la deuda ascendió a $352.500.
La ofendida sostiene que ese mismo día le prestó otros $272.500, para que él cumpliera con el depósito de garantía que debía entregar a la CCSS, a fin de poder ejecutar la contratación directa. Es decir, que la deuda ascendió a $625.000.
Además, como garantía de pago, firmaron un contrato privado en el que Lehmann le cedía ese monto de la contratación con la CCSS.
Posteriormente, Lehmann le canceló $150.000 el 9 de setiembre del 2021, y $200.000 el 9 de febrero del 2022. Con ello, quedó debiendo $275.000. Ese es el monto que actualmente reclama Guerra.
Sin embargo, cuando el abogado de la proveedora fue a cobrar a la CCSS con el documento de garantía, se dio cuenta de que Lehmann había cedido el 100% de los derechos de esa contratación a otra compañía, Radiotrónica S. A. y, por ende, el documento que él llevaba no tenía ninguna validez, según la Fiscalía.
La causa se tramita bajo el expediente N.° 23-000223-0619-PE. La estafa, según el artículo 216 del Código Penal, es penado con penas de hasta diez años de cárcel.