El gobierno de Laura Fernández defendió su decisión de apartar a Costa Rica de un pronunciamiento de la XXX Cumbre Iberoamericana que rechaza la aplicación de medidas coercitivas contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
Casa Presidencial alegó que el planteamiento costarricense es congruente “con las posiciones que ha sostenido en otros foros multilaterales en atención a las circunstancias particulares de un caso concreto”.
De igual forma, cuestionó la redacción, al afirmar “que su formulación en ese contexto se alejaba del espíritu constructivo, de diálogo y de consenso que debe caracterizar la Declaración de Madrid”.
Casa Presidencial también aseguró que la decisión “no supone, en modo alguno, un distanciamiento de los principios del Derecho Internacional ni de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo respeto y observancia reafirmamos plenamente”.
Párrafo cuestionado reafirma principios del derecho internacional
La posición costarricense quedó consignada en una nota al pie de la Declaración de Madrid, suscrita durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en la capital española los días 4 y 5 de noviembre.
En ella se indica que la República de Costa Rica “se disocia del párrafo 4 de la Declaración de Madrid”.
Ese apartado establece: “Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo”.
Además de Costa Rica, Argentina, Colombia y Paraguay dejaron constancia de su desacuerdo con ese punto.
Durante la cumbre, Argentina estuvo representada por su presidente, Javier Milei; Colombia, por el vicepresidente de la República, José Andrés Restrepo; y Paraguay, por su canciller, Rubén Ramírez.
El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, restó importancia a las discrepancias, al asegurar que los países pueden expresar posiciones particulares sin que eso impida alcanzar un consenso sobre el resto del documento.
“Es absolutamente normal, no genera ningún inconveniente, no genera ninguna complicación que, existiendo consenso respecto del núcleo fundamental de la declaración, algunos países quieran expresar un punto de vista particular respecto de algunos de los temas que, en definitiva, se acogen en la declaración”, manifestó Allamand.
La Declaración de Madrid está integrada por 20 puntos. La observación de Costa Rica quedó limitada al cuarto apartado, mientras que el resto del documento recoge compromisos en áreas como educación, cultura, innovación, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento de la democracia y cooperación regional.