Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Sala de Casación Penal, conocida como Sala III, aspira a presidir la Corte Suprema de Justicia en un periodo de enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, marcado por los ataques del expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, contra la institución judicial y su promesa de tomar el control de ese poder de la República.
En entrevista con La Nación, Alfaro defiende la independencia de los jueces y sostiene que el Poder Judicial debe demostrar, mediante sus actuaciones, su importancia para la democracia. El magistrado también plantea la necesidad de atender el rezago en los tribunales, defender el presupuesto institucional y fortalecer el diálogo con los diputados para impulsar reformas al sistema de justicia penal.
¿Cuáles deberían ser las prioridades de la presidencia de la Corte?
-Una preocupación a nivel nacional tiene que ver con lo que se denomina la mora.
“Si tenemos planificación, si tenemos personal capacitado en cada una de las sedes judiciales, tenemos que trabajar con cada uno de los despachos donde están los expedientes más viejos, ¿para qué? Para hacer planes remediales y para que esa gente que tiene tantos años esperando pueda tener resuelto su asunto, y para que podamos articular para que el asunto que entró hoy pueda resolverse prontamente.
“Ahora, si alguien piensa que nosotros estamos nadando en dinero, eso no es cierto y cualquiera que quiera pellizcarnos plata, pues yo le digo con mucho respeto que no lleva razón”.
¿Está en riesgo la independencia del Poder Judicial?
-Podríamos pensar que estamos en unos tiempos de crispación.
“Tenemos necesariamente que hacer entender que este Poder Judicial necesita los recursos suficientes para poder funcionar y que lo que se presupuestó para el 2027 no fue una ocurrencia, no es el gusto nuestro, es que cada colón que nosotros gastamos tiene un resorte de comprobación.
“Cada día tenemos más gente yendo al Poder Judicial. Entonces, si la gente va al Poder Judicial es porque confía en que nosotros le resolvamos sus asuntos. Yo sí creo que este tema presupuestario tiene que defenderse, tiene que negociarse, tiene que articularse y yo creo que eso nos va a llevar a una necesidad de poder valorar ese elemento que significa convencer con lo que hacemos”.
¿Cómo enfrentaría las restricciones presupuestarias de 2027?
-Cuando se comienza a formular el presupuesto (...) en estas reuniones que hacen los equipos técnicos, nunca se nos habló de esas normas de ejecución presupuestaria (...) nos damos cuenta cuando se entrega el proyecto de presupuesto para su aprobación en la Asamblea Legislativa.
“La Asamblea Legislativa tiene que hacer un ejercicio responsable de valoración de esto para efectos de determinar que no es que nosotros no queremos o no podemos explicar por qué esas plazas vacantes son necesarias, porque eso lo podemos explicar hoy.
“Nosotros podemos explicar por qué esos ¢29.000 millones que no se nos restan, pero que sí se nos limitan a una serie de requisitos, nos inciden directamente en la operativa nuestra”.
¿Considera factible un cambio en la relación con el Ejecutivo?
-Aquí el tema es poder hacer conciencia de que cada uno tiene que cumplir una facultad y un deber constitucional. Yo tengo mucha esperanza, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de confrontación, aún en tiempos de crispación; yo sigo teniendo esperanza.
“Nosotros no podemos permitirnos que el crimen organizado tome este país. No podemos permitir que la delincuencia vaya más allá de donde ha ido hoy (...) Tenemos que gestionar para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público (...) sigan trabajando en coordinación con las policías nacionales.
“El país tiene que seguir funcionando y tiene que funcionar cada día mejor”.
¿Debe ser más confrontativo el Poder Judicial ante los ataques del Ejecutivo?
-La comunicación tiene que ser más asertiva. Debe ser más profusa y debe llegar a todos los sectores.
“Tenemos que comunicar todo aquello que hacemos bien, tenemos que decirle a nuestra gente que este Poder Judicial está junto a la gente, está para la gente, que nosotros les escuchamos (...) porque el valor nuestro es la gente”.
Usted fue uno de los siete magistrados que rechazaron enviar al Congreso el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, quien los calificó de “valientes”. ¿Qué responde a quienes ven en su candidatura un posible alineamiento con el Gobierno?
-Ese voto es la manifestación más clara de lo que es la independencia judicial. Hubo un grupo que optó por considerar que los elementos que contenía esa investigación, en ese momento, eran insuficientes para trasladar el asunto a la Asamblea Legislativa.
“No es acomodarme al poder porque yo soy juez y cuando yo resuelvo un asunto y me ponen en conocimiento un asunto, a mí no me importa que sea fulano, sutano, mengano, perencejo, no me importa, porque eso es lo que menos me tiene que importar.
“A mí lo que me tiene que importar es el caso concreto y el derecho que yo tengo que aplicar a ese caso concreto.
“Mi posición ha sido históricamente la misma: hay que hacer un examen, un juicio de probabilidad, hay que verificar que esa acusación tenga todos los elementos. Yo tengo que decir que en ese caso concreto he recibido descalificaciones y he recibido epítetos fuertes que me parecen deleznables, es la única palabra que se me ocurre.
“Decir que este magistrado se acomoda al poder, eso es sucio, eso es barato. Yo no me voy a prestar a este juego”.
¿Usted considera que la corrupción está “hasta el tuétano” en el Poder Judicial?
-Cada uno de los espacios de corrupción han sido investigados y perseguidos por órganos del Poder Judicial.
“El Poder Judicial tiene la capacidad de poder investigar, perseguir y sancionar la corrupción en el Poder Judicial en el marco de un Estado de derecho en el cual las personas tienen derecho a defenderse.
“Pero además, la Asamblea Legislativa recientemente aprobó una ley de régimen disciplinario sancionador, que es un arma muy importante que va enfocada a corrupción.
“El gobierno judicial, y aquí hablo de las 22 personas magistradas, estamos en sintonía en el sentido de que una consigna es ninguna tolerancia a la corrupción”.
¿Cómo afectan las amenazas de “tomar” el Poder Judicial o las acusaciones de “golpe de Estado” por sentencias de los magistrados?
-Un Poder Judicial fortalecido es una garantía para usted.
“El Poder Judicial ha tomado las acciones necesarias para poder llevar adelante la encomienda constitucional que tenemos. Yo creo que aquí no hay un habitante de la República, por más polarizado que podamos pensar que está el asunto, no hay uno solo que no piense que el Poder Judicial es pilar de la democracia.
“El Poder Judicial costarricense ha sido un faro en América Latina. Tenemos que defenderlo a partir de lo que hacemos, de nuestras acciones, y tenemos que convencer a los habitantes de la República y a todas las otras autoridades del país de que es necesario que, si un poder tiene que estar fortalecido para garantía del resto de los poderes y del resto del país, es el Poder Judicial”.
¿Cómo valora actualmente la relación entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa? ¿Cómo describiría el intercambio y el diálogo con los diputados?
-Me parece que la Presidencia del Poder Judicial tiene que asumir un rol importante de conversación con cada una de las jefaturas de fracción, sabiendo que hay reformas que son fundamentales para el funcionamiento del sistema de justicia penal (...) y para defender la institucionalidad del Poder Judicial como pilar de la democracia.