Una funcionaria de la Asamblea Legislativa que presentó una denuncia por presunto acoso laboral contra el diputado Fernando Obaldía Álvarez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), solicitó ser trasladada a otra oficina y recibir protección contra eventuales represalias mientras se investiga el caso, según información publicada primeramente en CR Hoy.
La denunciante planteó 11 medidas cautelares y de protección. Entre ellas figuran restricciones de contacto con las personas denunciadas, protección de testigos, límites a actos de vigilancia y resguardo de información personal y médica.
“Con fundamento en la gravedad extrema de los hechos expuestos y la existencia de pruebas documentales físicas como el Oficio DFOA-074-2026 de rastreo de cámaras, solicito con carácter de URGENCIA que se adopten e impongan, de forma inmediata y mientras se sustancia la investigación, las siguientes medidas cautelares de protección para resguardar mi integridad física, emocional y dignidad profesional”, señala el documento.
La denuncia también involucra a Fernández, otra funcionaria del despacho de Obaldía. Los señalamientos corresponden principalmente a hechos que, según el documento, ocurrieron entre el 5 de agosto y el 5 de setiembre del 2026.
Denunciante pide traslado a otra oficina de la Asamblea Legislativa
Una de las principales solicitudes corresponde a una reubicación laboral inmediata y preventiva. La funcionaria pidió ser trasladada a otra comisión, departamento o unidad de la Asamblea Legislativa mientras se desarrolla el procedimiento.
La petición establece que ese traslado debería efectuarse sin reducción salarial, pérdida de categoría o deterioro de sus condiciones laborales.
La petición establece que el traslado debe realizarse sin reducción salarial, pérdida de categoría ni desmejora de sus condiciones laborales.
Además de la reubicación, la denunciante planteó otras 10 medidas cautelares y de protección:
- Orden de alejamiento y abstención: pidió que Obaldía y Fernández se abstengan de comunicarse con ella o interferir directa o indirectamente en sus labores o entorno personal.
- Prohibición de represalias: solicitó evitar afectaciones a su nombramiento, salario, funciones, horario, permisos, vacaciones, herramientas de trabajo, accesos o referencias laborales por haber presentado la denuncia.
- Protección de testigos: pidió impedir presiones, amenazas, intimidaciones o interferencias contra las personas propuestas para declarar.
- Prevención de vigilancia injustificada: solicitó evitar seguimientos o recopilación de información sobre sus movimientos cuando no exista una finalidad institucional legítima.
- Conservación de pruebas: pidió preservar grabaciones, registros de acceso, solicitudes de cámaras, comunicaciones y otros documentos vinculados con los hechos denunciados.
- Confidencialidad: solicitó mantener bajo reserva el procedimiento, así como su información personal y médica.
- Enlace independiente: pidió designar una persona o instancia ajena al despacho de Obaldía para atender las coordinaciones administrativas o laborales necesarias durante el procedimiento.
- No revictimización: solicitó evitar repeticiones innecesarias de su declaración y confrontaciones personales que puedan omitirse, sin afectar el derecho de defensa.
- Protección respecto a terceros: pidió impedir que Fernández u otras personas involucradas presionen a testigos, realicen actos de intimidación o vigilancia, o interfieran con la investigación.
- Resguardo de información médica: solicitó restringir el acceso a documentación relacionada con incapacidades o su estado de salud y utilizarla únicamente cuando resulte pertinente para el procedimiento.
Funcionaria pide abrir investigación y determinar eventuales responsabilidades
En su petición final, la funcionaria solicitó que la denuncia por presunto acoso laboral sea admitida para trámite y que se abra un procedimiento administrativo ordinario de investigación contra el diputado Fernando Obaldía y Fernández, funcionaria de su despacho.
También requirió que se adopten de forma urgente las medidas cautelares solicitadas, principalmente su reubicación inmediata fuera del despacho de Obaldía. La denunciante planteó que el traslado sea, de ser posible, a un departamento administrativo o a una dependencia ajena a la misma fracción legislativa.
La funcionaria solicitó además incorporar la prueba testimonial, documental y técnica ofrecida en la denuncia. Como parte de esa gestión, pidió requerir informes a los departamentos de Seguridad y Recursos Humanos, convocar a los testigos identificados y llamar a declarar a la otra funcionaria demandada del despacho.
Otra de las solicitudes consiste en ordenar la preservación inmediata de prueba institucional que pueda ser eliminada. La denunciante indicó que durante el desarrollo del procedimiento aportará más elementos testimoniales y materiales.
Finalmente, pidió que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes. Una vez cumplidas las etapas correspondientes, solicitó que la denuncia sea declarada con lugar y que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias de las personas denunciadas.
Giras de fin de semana, revisión de cámaras y presión laboral destacan entre los hechos denunciados
Entre los hechos expuestos, la funcionaria señaló giras de trabajo durante fines de semana que, según su versión, eran de asistencia obligatoria. También relató una jornada vinculada con una visita a San Carlos que comenzó a las 7 a. m. y terminó con su llegada a casa después de las 10 p. m. La denuncia cuestiona además la falta de descanso compensatorio y de información sobre el reconocimiento de horas extra.
La denuncia también menciona presiones relacionadas con el manejo de redes sociales y cuestionamientos al trabajo mediante un grupo de WhatsApp. A esto se suma la solicitud de grabaciones de cámaras de seguridad de la Asamblea Legislativa, que, según la funcionaria, permitió revisar sus desplazamientos por distintas áreas del edificio.
PPSO y Asamblea Legislativa se refieren al caso
El Partido Pueblo Soberano manifestó que no minimizará situaciones de esta naturaleza y aseguró que actuará con firmeza ante conductas que, una vez comprobadas mediante los procedimientos correspondientes, atenten contra el respeto, la dignidad o la integridad de las personas.
Por su parte, la Presidencia de la Asamblea Legislativa confirmó que recibió las denuncias. Indicó que estas serán analizadas y tramitadas en el momento correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido.