El fallo de la Sala Constitucional sobre los recortes al Poder Judicial y las universidades públicas provocó reacciones entre las fracciones legislativas este viernes 20 de noviembre. Diputados de oposición celebraron la resolución y exigieron corregir el Presupuesto Nacional 2027, mientras que el oficialismo anunció que esperará conocer las sentencias completas antes de tomar una decisión.
Los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) respaldaron la decisión que frenó las restricciones sobre ¢29.843 millones del Poder Judicial y el recorte de ¢8.048 millones a las universidades públicas.
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, señaló que su bancada esperará la redacción completa de los dos votos antes de definir los siguientes pasos en la tramitación del presupuesto.
La Sala Constitucional determinó la existencia de vicios sustanciales de procedimiento legislativo en el expediente 25.754, correspondiente al presupuesto.
El tribunal resolvió dos consultas de constitucionalidad. Una fue presentada por la Corte Suprema de Justicia y otra por diputados del PLN y el FA.
Frente Amplio exige corregir el presupuesto antes del segundo debate
La fracción del Frente Amplio exigió al Directorio de la Asamblea Legislativa acatar de inmediato las resoluciones de la Sala Constitucional e incorporar las correcciones al proyecto presupuestario antes de su votación en segundo debate.
Mediante un comunicado, la bancada responsabilizó al Partido Pueblo Soberano por las irregularidades detectadas durante la tramitación legislativa. Según los frenteamplistas, el oficialismo ignoró las advertencias sobre los posibles vicios de constitucionalidad y utilizó su mayoría para aprobar las disposiciones cuestionadas.
La agrupación recordó que la Sala declaró inconstitucional la moción 16, impulsada por el oficialismo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, mediante la cual se pretendía eliminar ¢8.048 millones de fondos postergados del FEES.
El Frente Amplio también cuestionó las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12, que condicionaban el acceso del Poder Judicial a recursos de su presupuesto ordinario.
La bancada reconoció la necesidad de fortalecer los programas sociales, pero rechazó que los recursos se obtengan mediante recortes a la educación superior. En su lugar, propuso revisar partidas como la de comunicación de Casa Presidencial para destinar más dinero a comedores escolares y transporte estudiantil.
PLN celebra resolución y destaca protección de recursos para educación y justicia
El jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, expresó satisfacción por el fallo y aseguró que la resolución coincide con la posición defendida por su partido desde el inicio de la discusión presupuestaria.
Ramírez destacó que la decisión protege los recursos destinados a la administración de justicia y a la educación superior, especialmente para jóvenes de zonas rurales.
El diputado liberacionista Eder Hernández, consideró que la resolución confirma las advertencias sobre las irregularidades constitucionales del presupuesto.
Hernández sostuvo que las restricciones al Poder Judicial resultaban especialmente preocupantes ante la crisis de seguridad que enfrenta Costa Rica. También defendió la autonomía universitaria y la independencia judicial.
Por su parte, el legislador de la misma bancada Salvador Padilla recordó que su agrupación advirtió desde la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre los problemas constitucionales del proyecto.
Padilla afirmó que el fallo evita posibles afectaciones a las sedes del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón y de la Universidad de Costa Rica en Paraíso, que, según el diputado, enfrentaban el riesgo de cierre por las reducciones presupuestarias.
El legislador también señaló que las normas de ejecución presupuestaria cuestionadas podían limitar la capacidad del Poder Judicial y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para enfrentar el crimen organizado.
Claudia Dobles anuncia vigilancia sobre recursos del Poder Judicial y universidades
La diputada de Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, afirmó que la resolución confirma los cuestionamientos planteados al Poder Ejecutivo desde el inicio del debate del Presupuesto Nacional 2027.
Dobles consideró que las normas de ejecución presupuestaria pretendían limitar la autonomía del Poder Judicial y afectaban el principio de separación de poderes.
La diputada también cuestionó la reducción de recursos universitarios previamente acordados, sin consultar a las instituciones de educación superior.
La legisladora anunció que su bancada vigilará el cumplimiento de las resoluciones y el giro de los recursos correspondientes al Poder Judicial y a las universidades públicas durante el 2027.

La Asamblea Legislativa deberá atender las resoluciones del tribunal durante el trámite restante del presupuesto que vence el 29 de noviembre. Las fracciones opositoras exigen incorporar los cambios antes del segundo debate, mientras el oficialismo mantiene pendiente su decisión hasta conocer el contenido completo de las sentencias.
