La diferencia se produjo después de que comenzaran a circular publicaciones en redes sociales que atribuían al Departamento de Estado de Estados Unidos la cancelación de visas a por lo menos cinco funcionarios del gobierno de Laura Fernández. Entre los nombres mencionados en esos rumores estuvo el del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Estas versiones provocaron que la misión norteamericana emitiera un pronunciamiento para desmentir que tales acciones hubieran sido tomadas. La respuesta fue de carácter general: no mencionó a Chaves ni a ninguno de los otros funcionarios señalados en las publicaciones.
“La Embajada de Estados Unidos tiene conocimiento de publicaciones falsas que circulan en línea, las cuales señalan que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría revocado las visas a funcionarios costarricenses en ejercicio”, señaló la misión diplomática mediante una publicación en su cuenta oficial de X.
“Estos son rumores falsos”, agregó.
La Embajada también pidió a la población tomar como referencia únicamente los canales oficiales de comunicación.
“Solo las cuentas oficiales del Gobierno estadounidense hablan en nombre del Gobierno de Estados Unidos. Las declaraciones provenientes de fuentes no oficiales o no verificadas deben considerarse simples rumores”, enfatizó.
Ante diputados y magistrados, la respuesta fue otra
La decisión de pronunciarse sobre los rumores contrasta con la posición que la Embajada ha mantenido cuando medios de comunicación han consultado por la cancelación de visas a funcionarios específicos.
En esos casos, la misión diplomática ha alegado que es política del Gobierno de Estados Unidos no comentar sobre situaciones individuales relacionadas con visas.
“La sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) protege la confidencialidad de los registros de visas; por lo tanto, no podemos referirnos públicamente a asuntos específicos de visas”, ha respondido la Embajada en reiteradas ocasiones.
Esa ha sido la explicación ofrecida ante consultas de La Nación sobre la cancelación de visas estadounidenses a figuras públicas costarricenses.
La representación diplomática tampoco ha confirmado públicamente los motivos detrás de esas decisiones. Cuando los medios han solicitado información sobre casos particulares, su respuesta ha sido remitirse a la confidencialidad establecida por la legislación estadounidense.
La vez que la Embajada reconoció el retiro de visas
La única referencia pública de un representante de la Embajada sobre las cancelaciones de visas a ciudadanos costarricenses había ocurrido el 31 de julio del 2025.
Ese día, el entonces encargado de negocios de Estados Unidos en Costa Rica, Michael Flores, afirmó que se habían revocado visas a costarricenses que “representaban una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública de Estados Unidos”.
Flores hizo la afirmación en un video de despedida como funcionario estadounidense en Costa Rica. No identificó a las personas a quienes se les habían revocado las visas ni detalló casos particulares.
Una lista que ha ido creciendo
Las primeras figuras públicas a las que se les revocó la visa fueron las entonces diputadas del Partido Liberal Progresista (PLP) Johana Obando y Cynthia Córdoba, a quienes se les comunicó la revocatoria en febrero del 2025. En marzo de ese año, la medida alcanzó al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás.
También en el 2025, Estados Unidos retiró la visa a Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quien había sido denunciada penalmente por el entonces presidente Rodrigo Chaves por asuntos relacionados con contratos de la institución.
En abril de ese año, la medida alcanzó al expresidente Óscar Arias Sánchez, premio nobel de la paz. Posteriormente, en julio, Estados Unidos canceló las visas del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y del magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda.
La lista se amplió en octubre del 2025 con Leonel Baruch, presidente del medio digital CRHoy y socio del banco BCT.
En marzo del 2026, el magistrado constitucional Fernando Cruz confirmó que Estados Unidos también le había retirado la visa. Días después aseguró que la misma decisión había sido comunicada a su esposa, Virginia Chacón.
A ellos se sumaron, en mayo del 2026, varios integrantes de la Junta Directiva de La Nación; entre ellos, Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva, y la directora Carmen Montero Luthmer confirmaron la revocatoria de sus visas de turista. Los afectados señalaron que no habían recibido una explicación oficial sobre los motivos de la decisión.
